Antonio Maíllo acusa a Moreno Bonilla de «hacerle el agosto a Vox» con los derechos y el dinero de los andaluces

Por Andalucía denuncia que el Gobierno PP-Vox recorte plazas de empleados públicos para pagar casi 3 millones en altos cargos puestos a dedo y destine millones a asistencia religiosa mientras faltan profesionales en la sanidad pública.

El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, ha lanzado una dura ofensiva contra el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras la configuración del nuevo Gobierno de coalición con Vox. «Moreno Bonilla le está haciendo el agosto a Vox con los derechos y el dinero de los andaluces», ha afirmado Maíllo, que ha tildado el pacto de «infame» y ha asegurado que la imagen de moderación del presidente «se ha desvanecido por completo».

Las críticas del dirigente de izquierdas se han centrado en dos ejes fundamentales: el incremento del gasto en altos cargos y puestos de confianza, y la cuantiosa inversión en asistencia religiosa mientras la sanidad pública andaluza atraviesa su peor momento en años.

Un Ejecutivo más caro y con menos personal

Según los datos del nuevo organigrama autonómico, el Ejecutivo andaluz ha ampliado su estructura directiva, lo que ha supuesto un sobrecoste de más de tres millones de euros en comparación con la legislatura anterior. Fuentes sindicales han denunciado que este desembolso extra se ha conseguido mediante el recorte de plazas de empleados públicos que permanecían vacantes, una maniobra que, en la práctica, deja sin cobertura puestos considerados esenciales para la prestación de los servicios básicos.

El Gobierno pasará de 301 a 314 altos cargos, con un incremento especialmente significativo en las consejerías gestionadas por Vox, que contarán con una estructura provincial más extensa que el resto de departamentos. Este aumento, según los sindicatos, evidencia una apuesta por engrosar la cúpula directiva a costa de debilitar la base operativa de la administración.

De hecho, organizaciones sindicales han advertido de que en provincias como Málaga más de la mitad de las plazas recogidas en la relación de puestos de trabajo siguen sin cubrirse, un dato que contrasta con la proliferación de nuevos cargos políticos de libre designación.

7,4 millones para capellanes en hospitales

Paralelamente, la Junta de Andalucía ha renovado su convenio con los obispos de la comunidad, por el que el Servicio Andaluz de Salud destinará 1,8 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años al mantenimiento de la asistencia religiosa en los hospitales públicos. Esto eleva el total del acuerdo a más de 7,4 millones de euros.

Colectivos vinculados a la defensa de la sanidad pública y al movimiento laicista han cuestionado duramente esta partida en un contexto en el que las listas de espera quirúrgicas no dejan de crecer, las urgencias hospitalarias se saturan con frecuencia y miles de profesionales sanitarios reclaman más recursos humanos y materiales. Según diversas encuestas, apenas uno de cada cinco andaluces se declara católico practicante, lo que ha llevado a estos colectivos a calificar el gasto como «prioritario para la Iglesia, pero prescindible para los pacientes».

Maíllo ha enlazado esta decisión con el deterioro general de los servicios públicos: «Hablamos de una Andalucía con una sanidad desbordada, una educación que se encamina hacia la privatización y un sistema de dependencia que sigue ignorando a miles de familias».

Cesión en violencia machista y reacción del Gobierno central

Otro de los puntos que han encendido la polémica es la transferencia a Vox de las competencias en materia de violencia de género, incluyendo la gestión de las unidades de valoración integral. Maíllo ha calificado esta cesión como «una moneda de cambio que pone en riesgo la vida de las mujeres» y ha exigido al presidente de la Junta que rectifique de forma inmediata.

La decisión ha provocado el rechazo frontal de toda la oposición parlamentaria y ha llevado al Ministerio de Igualdad a solicitar una reunión urgente con Moreno Bonilla para abordar la situación. Desde el Ejecutivo central se ha instado al Gobierno andaluz a dar marcha atrás en una medida que, según fuentes del ministerio, supone un retroceso «inaceptable» en la lucha contra la violencia machista.

Por el momento, la Junta no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones de Maíllo, aunque fuentes cercanas al presidente aseguran que el pacto con Vox se limita a los «ámbitos competenciales acordados» y que la gestión sanitaria o la creación de empleo público seguirán siendo «prioritarias» para el Ejecutivo autonómico.