Persiste la usurpación de una superficie de suelo público equivalente a cinco veces la Plaza Mayor de la ciudad de Madrid

Ecologistas en Acción lamenta que un año después de presentar la denuncia, rebaños, pastores y ciudadanía, en general, no puedan hacer uso de esta vía pecuaria en las condiciones que la ley establece. La desidia y pasividad de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, es cómplice a la hora de mantener esta inaceptable situación.

Tras la denuncia y la nota de prensa ulterior, la Comunidad de Madrid, a través de fuentes no determinadas, manifestó en distintos medios de comunicación su conocimiento de los hechos y que la Comunidad de Madrid ya denunció la situación en los tribunales y el juez determinó, tanto por vía administrativa como por vía judicial, que el vallado no era legal. Con el objeto de conocer el alcance preciso de estas y de otras actuaciones, Ecologistas en Acción solicitó a la Comunidad de Madrid, vía registro, que le proporcionase todas las informaciones relacionadas con este asunto. A fecha de hoy ninguna de las cuestiones que fueron planteadas han obtenido respuesta.

Constatando que ha transcurrido un año y no se ha resuelto nada y con el objeto de recuperar plenamente la funcionalidad del Descansadero Sur, Ecologistas en Acción ha presentado un escrito para reiterar tanto la denuncia como la solicitud de información que fueron presentadas en octubre del 2020.

La organización ecologista lamenta el estado general de las vías pecuarias de Brunete, usurpadas durante decenios, intrusadas por los colindantes, invadidas e inhabilitadas por carreteras. Resulta, especialmente preocupante, teniendo en cuenta que están aprobados los procedimientos administrativos de Clasificación, Deslinde y Amojonamiento que deberían garantizar su integridad y conservación.

A esta, grave situación hay que añadir, los procedimientos ad hoc de los intereses de los infractores, como en caso de las vías pecuarias que atravesaban la finca privada La Pellejera. La administración modificó su trazado haciéndolo discurrir fuera de la propiedad privada.

Ecologistas en Acción señala que en esa zona del suroeste madrileño no se trata de un caso aislado, sino que resulta un patrón que se reitera en otros municipios como Quijorna, Navalagamella o Chapinería. Los infractores habitualmente vinculados a la actividad cinegética se apropian de estos terrenos del dominio público, para así incrementar la superficie de suelo de la que disponen, sin los inconvenientes que les pudiera suponer el tránsito normal de ganados y personas.