FACUA rastreará portales inmobiliarios y denunciará a las empresas que incumplan el nuevo decreto de vivienda

FACUA-Consumidores en Acción pondrá en marcha un rastreo de las principales plataformas y portales inmobiliarios para comprobar si los anuncios de viviendas en alquiler cumplen las obligaciones de información y transparencia que recoge el nuevo real decreto-ley de vivienda que entrará en vigor este 8 de octubre.

El artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible regula la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de vivienda. Según la norma, toda esa oferta o publicidad deberá incluir, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda y, en su caso, la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores. También se deberá publicar el límite de renta aplicable en las zonas tensionadas y la condición de gran tenedor del arrendador.

Dicha información será obligatoria para los anuncios de vivienda en cualquier ciudad del país, independientemente de que el inmueble se ubique en zona declarada como tensionada. De este modo, los potenciales inquilinos podrán conocer cuál es el precio de referencia para la vivienda que quieren alquilar o cuál ha sido la renta del último contrato. Esta información les permitirá comparar el precio ofertado con el precio que se considera adecuado, y si están aplicando subidas con respecto a los últimos inquilinos.

La asociación comprobará, entre otros aspectos, que los anuncios se ajustan a la nueva normativa incorporando de forma clara y accesible toda la información referente al precio del alquiler, así como los criterios utilizados para determinarlo, la renta del contrato anterior o el índice de referencia aplicable.

Denuncias ante Consumo y las CCAA

El rastreo de FACUA permitirá identificar anuncios que puedan estar incumpliendo las obligaciones legales y denunciar ante el ministerio de Consumo y las autoridades autonómicas de Consumo de las diferentes comunidades autónomas aquellas publicaciones que estuviesen vulnerando la ley para su investigación e imposición de las sanciones correspondientes.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a un gran portal inmobiliario por prácticas comerciales desleales. En mayo ya informó de la apertura de otro expediente sancionador a otra gran inmobiliaria por imponer cláusulas abusivas a los inquilinos.

El cumplimiento de las obligaciones recogidas en el nuevo real decreto-ley es especialmente importante teniendo en cuenta que los inquilinos se enfrentan a un mercado del alquiler en el que están pagando unos precios desorbitados que suponen un porcentaje muy elevado de sus salarios.

Por ello, la asociación insta al ministerio de Consumo a vigilar que los grandes portales inmobiliarios cumplan con las nuevas obligaciones en materia de publicidad de pisos en alquiler. Del mismo modo, pide a las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas que asuman sus competencias y pongan también en marcha acciones de rastreo y vigilancia para hacer cumplir la ley.

Un empresario ha cambiado ya 5 veces el nombre de su inmobiliaria tras las denuncias de FACUA: está condenado por amenazar a Rubén Sánchez

Un empresario de Sevilla ha cambiado al menos cinco veces el nombre de la inmobiliaria con la que anuncia viviendas en alquiler tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción por sus fraudes a inquilinos. Se trata de Francisco Javier Ortiz Riquelme, que fue condenado el pasado mes de marzo por amenazar al secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.

Ortiz Riquelme ya fue multado con 7.000 euros por la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía a raíz de una primera denuncia de la asociación por el cobro ilegal de honorarios a los arrendatarios. Consumo no ha aclarado si ha pagado la multa ni si ha vuelto a sancionarlo. Así, lleva casi un año sin dar respuesta a una de las últimas denuncias de FACUA, presentada en noviembre de 2025.

Actualmente el agente inmobiliario trabaja bajo la marca Nueva Era. Según la información que aparece en su publicidad en Idealista, asegura contar con una oficina abierta al público en la Avenida Casarabonela de Marbella, aunque todos los anuncios publicados corresponden a inmuebles ubicados en Sevilla. Es más, la dirección que indica de Marbella corresponde a un complejo residencial privado.

En los anuncios de Nueva Era aparece el 854 780 338 como teléfono de contacto, un número que corresponde a un prefijo geográfico de Sevilla. Este teléfono es el mismo que aparecía en los anuncios cuando operaba bajo la marca Di’Cassa Luxury Estates. También ofrece el teléfono 641017852 para contactar por WhatsApp. En la foto que aparece en esta aplicación de mensajería emplea una imagen generada por inteligencia artificial de la supuesta fachada de la inmobiliaria de Marbella. Al igual que ocurría con las otras marcas empleadas, Nueva Era no tiene ni página web ni redes sociales.

Francisco Javier Ortiz Riquelme usó durante años la marca Estudio Inmobiliario Javier Ortiz, que dejó de utilizar después de que FACUA denunciase que cobraba ilegalmente honorarios a inquilinos. Posteriormente pasó a usar el nombre Marbesa Internacional. En mayo de 2025 constituyó una sociedad denominada Elite Homes Real Estate SL, la cuál pasó a ser Di’Cassa Luxury Estates tras trascender que Rubén Sánchez le había llevado a tribunales por amenazarlo reiteradamente a través de WhatsApp. Luego pasó a denominarse FJOR (las iniciales de su nombre y apellidos) y actualmente Nueva Era. Con todas las marcas ha estado cobrando honorarios ilegales a los inquilinos.

Irregularidades de Nueva Era

Bajo la marca Nueva Era continúa cometiendo las mismas irregularidades por las que ya ha sido multado. FACUA ha localizado anuncios de inmuebles en alquiler donde indica que sus condiciones para cualquier tipo de arrendamiento son: «Contratación de los servicios de búsqueda, localización y preparación de la documentación para que sea un cliente apto para un alquiler: 1.000 euros + 21% IVA» o «Contratación de los servicios profesionales 1.210 euros IVA incluido» como condición económica para acceder al inmueble.

La asociación ha vuelto a denunciarlo ante la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ya que se trata de una práctica prohibida por la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 20.1 de esta norma determina que «los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador».

Según el el artículo 72 de la ley autonómica de defensa de los consumidores, introducir cláusulas abusivas en los contratos es sancionable con hasta 60.000 euros. Así, no son irregularidades fruto de un error sino cometidas voluntariamente, tratándose además de una práctica habitual en sus alquileres de viviendas.

FACUA señala que, mientras los organismos con potestad sancionadora no sean más contundentes en la imposición de multas, seguirá resultando más rentable para las empresas infractoras la comisión de la irregularidad y el posterior pago de la sanción que la implantación de medidas para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.

Por todo ello, la asociación ha pedido a la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que investigue los constantes cambios de nombre de la empresa con la que este agente inmobiliario sigue cobrando honorarios a inquilinos de manera irregular. Asimismo, le insta a a imponer a Francisco Javier Ortiz Riquelme una sanción económica lo suficientemente elevaba para que deje de cometer estos fraudes.