Redacción / Vilaweb •  Actualidad •  04/01/2018

La juez que investiga los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, denuncia la falta de independencia judicial en España

Los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Este organismo, compuesto por 20 vocales, es nombrado a su vez por el Congreso de los Diputado y el Senado (diez magistrados cada cámara). El nombramiento de los actuales se decidió, por tanto, por dos partidos políticos, PP y PSOE.

Los 12 miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el rey mediante Real Decreto, a propuesta de: 4 el Congreso de los Diputados, 4 el Senado, 2 directamente por el Gobierno y otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial, nombrado a su vez por Congreso y Senado. La actual composición responde, de la misma manera, al bipartidismo de hace años.

Ambos nombramientos necesitan 3/5 de las cámaras, pero la representatividad del Senado es muy desproporcionada. El Partido Popular consiguió en las pasadas elecciones generales al Senado de España 130 de los 208 senadores electos, es decir, una abrumadora mayoría que representó el 60% del total con poco más del 30% de los votos.

La juez que investiga los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, denuncia la falta de independencia judicial en España
 El Consejo de Europa cuestiona en un informe publicado el pasdo 1 de enero la independencia del poder judicial español. Concretamente critica la intervención política en el proceso de nombramiento y designación de los cargos judiciales. Justamente hoy se ha hecho viral en la red el fragmento de una conferencia de la juez Mercedes Alaya del mes de junio del año pasado en el Ateneo de Madrid, en el que criticaba con dureza el control político del poder judicial, y cuestionaba justamente eso que también pone en duda el Consejo de Europa: la independencia del poder judicial español. La independencia del poder judicial se tambalea, de manera extremadamente grave, y en una proporción aritmética a los casos de corrupción política. Pero no todos nos damos cuenta que el juego procesal es algo muy sutil, que pasa desapercibida en la mayoría de los ciudadanos para que el derecho es algo poco inteligible. Esto lo aprovechan los poderes públicos […]. El poder judicial es en crisis, y el estado de derecho es en crisis ‘, decía Alaya.

Aquí puede ver la conferencia íntegra:

Las críticas del Consejo de Europa

El Consejo de Europa lamenta que no se ha aplicado íntegramente la recomendación de evaluar el marco legislativo que gobierna el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los efectos sobre la realidad y la independencia percibida de este cuerpo. En el texto se reitera que las autoridades políticas ‘no deben estar involucradas, en ningún caso, en el proceso de selección de un cambio judicial’.

Esto mismo concluye respecto de la recomendación de establecer criterios objetivos y requisitos de evaluación en la ley para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura. El Consejo de Europa critica la falta de desarrollo legislativo para establecer los criterios a la hora de nombrar a los presidentes de los tribunales provinciales, tribunales superiores de justicia, la Audiencia española y el Tribunal Supremo español para garantizar que no despiertan ‘hacia duda sobre la independencia, la imparcialidad y transparencia del proceso ‘.

El Consejo de Europa es una organización internacional formada por cuarenta y siete estados y con sede en Estrasburgo. Tiene por objetivo principal defender y proteger la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, particularmente los civiles y políticos.

 


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