Franceses levantan su voz contra fallos de la justicia en caso de niña asesinada
Manifestantes denunciaron un desamparo institucional sistemático hacia las víctimas más vulnerables en todo el territorio nacional.
Miles de ciudadanos marcharon este lunes en Francia contra las fallas de la justicia francesa que tuvieron una incidencia negativa en el secuestro y asesinato de Lyhanna, menor de 11 años hallada sin vida en la localidad de Fleurance (región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, al sur).
La indignación popular se trasladó a las calles con 200 protestas convocadas para denunciar la inacción estatal ante las denuncias previas de abuso sexual contra el principal sospechoso del crimen de la menor de 11 años.
La principal movilización congregó a decenas de manifestantes frente al Ministerio de Justicia en París, bajo consignas que exigen proteger de forma prioritaria los derechos de la infancia frente a la violencia contra menores. Los colectivos sociales portaron pancartas con lemas de repudio a la inacción judicial, acompañados por activistas como Flavie Flament y celebridades francesas que denunciaron un desamparo institucional sistemático hacia las víctimas más vulnerables en todo el territorio nacional.
El sospechoso del crimen, de 41 años de edad y actualmente bajo prisión preventiva, acumulaba tres advertencias judiciales por agresiones sexuales previas que las autoridades locales ignoraron por completo.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció este lunes ante la opinión pública que el sistema judicial demoró nueve meses en interrogar al implicado, a pesar de existir un informe psicológico favorable al relato de otra víctima y lesiones físicas compatibles con violación.
Durante una reunión de emergencia celebrada en París con los fiscales generales, Darmanin descartó presentar su renuncia al cargo pero se comprometió a revelar toda la verdad sobre el fallo masivo.
Para determinar si este retraso es un problema estructural, el Ministerio de Justicia ordenó realizar una auditoría urgente de las 70.000 denuncias en trámite por agresiones contra la infancia antes del 14 de julio.
El plan gubernamental contempla sesiones de evaluación de forma individual con cada jurisdicción judicial antes del 31 de julio para agilizar los procesos mediante la asignación de psicólogos y médicos forenses especializados.
La víctima desapareció el pasado 29 de mayo y su cuerpo fue localizado el viernes 5 de junio en un silo de grano en desuso.
El presidente Emmanuel Macron admitió fallas del Estado, mientras el canciller Jean-Noël Barrot manifestó públicamente su indignación y admitió el fracaso del Estado ante la muerte de la menor.
En una entrevista concedida este domingo a medios de comunicación galos, el Canciller calificó el desenlace de este caso como un fiasco y un naufragio de las instituciones públicas, expresó sentir vergüenza, cólera y una profunda tristeza por la tragedia de la localidad de Fleurance, y reconoció de manera explícita que existió negligencia estatal inexcusable en la tutela de los derechos de la infancia.
Según el ministro, este doloroso episodio de violencia contra la menor pudo y debió evitarse si los mecanismos de la administración hubiesen escuchado de manera oportuna las alertas y denuncias previas contra el agresor.
Barrot enfatizó que el sistema demostró incapacidad para procesar las advertencias de abuso, lo que generó un vacío de seguridad en el resguardo de las víctimas.
Finalmente, el diplomático exigió que la indagación administrativa en curso determine con exactitud las fallas del sistema judicial para que se apliquen las consecuencias correspondientes contra los responsables de esta cadena de omisiones. Aunque evitó solicitar dimisiones inmediatas dentro del gabinete antes de conocerse los resultados oficiales del proceso.
El domingo 7 de junio, unas 5.000 personas realizaron una marcha blanca de homenaje en Fleurance junto a los padres de la menor, mientras la Unión de Magistrados defendió la labor de los jueces ante las amenazas, aunque su presidente, Ludovic Friat, insistió en que la responsabilidad política del Gobierno permanece intacta.
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