El incumplimiento de vivienda protegida en el 22@ aboca a Iván a un desahucio

 El próximo 5 de junio está previsto el desahucio de Ivan Giesen en el número 153 de la calle Ramon Turró, en Poblenou, en una finca donde la propiedad estaba obligada a construir al menos seis Viviendas de Protección Oficial (VPO) y existen numerosos indicios de que esta obligación se está incumpliendo. En concreto, varios testimonios de vecinos recientemente llegados y la localización de anuncios en plataformas digitales indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose por 1.700 euros mensuales, unos precios que no encajan en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler.

Ivan vive en el mismo piso desde el 15 de mayo de 1999 y ha pagado el alquiler durante más de veinticinco años: en total, más de 140.000 euros abonados en concepto de alquiler. En 2020 se agotaron las prórrogas de su contrato y, desde entonces, ha intentado negociar reiteradamente con la propiedad, Maramca SL, tanto individualmente como a través del Sindicato de Inquilinas, sin obtener ninguna propuesta de renovación. A pesar de su situación de vulnerabilidad y de seguir pagando el alquiler, la propiedad mantiene el procedimiento de desahucio tras varios aplazamientos y suspensiones.

Hoy, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge de Poblenou y el Observatori dels Barris de Poblenou han celebrado una rueda de prensa para denunciar la situación. Han intervenido Ivan Giesen, vecino afectado; Isi Sáez, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña; Oriol Abelanet, portavoz del Sindicat d’Habitatge de Poblenou; y Albert València, miembro del Observatori dels Barris de Poblenou. Las entidades han anunciado que convocarán un acto el 4 de junio por la tarde y una movilización el mismo 5 de junio para detener el desahucio. También han denunciado que las administraciones competentes no están garantizando el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas vinculadas a la vivienda protegida y a la regulación de los precios del alquiler.

Un caso claro de especulación urbanística en el 22@

La finca de Ramon Turró 153 es un ejemplo de cómo una operación urbanística vinculada al 22@ podría haber acabado derivando en una operación especulativa con expulsión de vecinos y comercialización de viviendas a precios de lujo. Cuando Maramca SL heredó la finca, en 2012, había 10 viviendas y 9 estaban habitadas. Poco después, la propiedad comenzó a no renovar contratos y a expulsar progresivamente a los inquilinos. Paralelamente, impulsó un Plan de Mejora Urbana (PMU), aprobado en 2015, que permitía pasar de 10 a 16 viviendas gracias a un incremento de edificabilidad concedido por el planeamiento público. Según la normativa específica del 22@, las nuevas viviendas generadas a partir de este incremento residencial, en esta parte concreta del 22@, deberían estar vinculadas a algún régimen de protección pública. De hecho, el propio PMU, redactado por la propiedad, reconocía explícitamente esta obligación y establecía que, en un plazo máximo de cuatro años, estas viviendas de protección oficial ya deberían haberse creado.

Once años después de la aprobación del PMU, existen indicios de que ninguna de estas nuevas viviendas está cumpliendo con la función de ser vivienda protegida. En concreto, se han recogido testimonios vecinales en una campaña puerta a puerta en la que se ha averiguado que las tres viviendas del entresuelo están alquiladas y a precios muy por encima de la regulación de alquileres y de los precios oficiales de la vivienda protegida. En uno de los pisos, según el testimonio de la vecina recién llegada, el alquiler es de 1.700 euros mensuales por una vivienda de menos de 50 metros cuadrados. Para estas viviendas, el índice de referencia fija importes de entre 689 y 961 euros mensuales.

Además, durante los últimos meses se han localizado anuncios de viviendas de la finca comercializadas a través de AProperties, una inmobiliaria especializada en inmuebles de lujo, que actualmente ya han desaparecido.

Actualmente, de la finca original prácticamente ya no queda casi nadie del vecindario histórico: solo continúan viviendo dos vecinas con renta antigua e Ivan, mientras que el resto de las viviendas están vacías, reformadas o alquiladas a nuevos inquilinos a precios desorbitados.

La falta de actuación del Ayuntamiento y la Generalitat aboca a Ivan al desahucio

Ante esta situación, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que inspeccione la ejecución del PMU de Ramon Turró 153 para comprobar de forma definitiva si se están incumpliendo las obligaciones urbanísticas vinculadas a la vivienda protegida derivadas de la normativa del 22@. Exigimos también que garantice que Ivan pueda quedarse en su casa y vivir en una de las viviendas destinadas a VPO para evitar el desahucio del próximo 5 de junio. A la Generalitat de Cataluña y a la Agencia de la Vivienda les exigimos que inspeccionen las viviendas de la finca y actúen ante los probables incumplimientos de la regulación de precios del alquiler y de las obligaciones vinculadas a las viviendas protegidas.

El 4 y 5 de junio, detendremos el desahucio de Ivan

El caso de Ramon Turró 153 apunta a un doble incumplimiento: viviendas que deberían estar vinculadas a protección pública y pisos que se estarían alquilando por encima de los límites legales. Es una gran paradoja: un plan urbanístico impulsado con la justificación de crear vivienda protegida acaba expulsando a vecinos sin dejar rastro alguno de esa protección.

Las entidades en defensa de la vivienda han anunciado que convertirán el caso de Ramon Turró 153 en un conflicto público contra la expulsión vecinal y los incumplimientos urbanísticos en el 22@. El 4 de junio por la tarde se convocará un acto abierto en el barrio y el 5 de junio una movilización frente a la finca para impedir el desahucio de Ivan y exigir que las viviendas que se han creado gracias al planeamiento público cumplan finalmente la función social que establece la normativa.