FACUA celebra la actuación del Ministerio de Consumo ante los anuncios ilegales de Airbnb y espera una sanción contundente

FACUA-Consumidores en Acción celebra la actuación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de ordenar a Airbnb el bloqueo de cerca de 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas y espera que dicha medida derive además en una sanción contundente contra la plataforma.
La asociación entiende que estas prácticas de Airbnb atentan contra la legislación vigente y contribuyen a potenciar los alquileres ilegales tanto por parte de profesionales como de particulares.

Este tipo de anuncios suponen un perjuicio para los consumidores, al tratarse de inmuebles cuyos propietarios no están dados de alta en los registros turísticos de las comunidades autónomas y, por lo tanto, no están sometidos a ningún control para garantizar que cumplen las condiciones mínimas de garantía que exige la legislación.

A esto se suma la publicidad de inmuebles en los que no se aclara si el arrendador es un particular o una empresa, por lo que el usuario ni siquiera tiene claro a quién debe dirigirse en caso de tener una mala experiencia o quiera interponer una queja o reclamación ante las autoridades competentes de su comunidad autónoma.

Además, con este tipo de anuncios ilícitos se sustrae una información relevante para que el consumidor tenga conocimiento de qué derechos tiene y cómo ejercerlos.

Consumo ya ha abierto expediente sancionador

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya anunció en diciembre de 2024 la apertura de un expediente sancionador contra Airbnb por negarse a retirar anuncios ilegales de alojamientos turísticos de su plataforma.

Por todo ello, FACUA espera que dicho expediente derive en la imposición de una sanción contundente que además sea proporcional al beneficio económico obtenido con los anuncios ilegales de estos alojamientos turísticos que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy impuso en diciembre a Airbnb el bloqueo de casi 66 mil anuncios ilegales de pisos turísticos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso a Airbnb el bloqueo de miles de anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma. A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy instó a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos. En concreto, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales.

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad. Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJ insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.

Números de licencia no expedidos por las autoridades

Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas: Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro. Esto es algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada; los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no; y los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esta práctica puede inducir a error o a engaño a los consumidores.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

En base a esta cuestión, el ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores. Por esta razón, desde Consumo se está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades. De esta manera, este ministerio redobla su compromiso con esta causa aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados.

En este contexto, cabe recordar que la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a Airbnb por negarse a retirar anuncios ilegales de alojamientos turísticos, y que en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador. Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas. Además, a raíz de las denuncias de FACUA, en marzo se abrió también un expediente sancionador a Alquiler Seguros por prácticas abusivas contra inquilinos.