La Junta de Extremadura continúa vulnerando la libertad sindical del SIP

Como ya dejamos claro hace unos días, existe una flagrante persecución sindical contra el Sindicato Independiente Progresista  que se agudizó tras nuestros buenos resultados en las elecciones de 2022. 

En el día de hoy, hemos realizado una amplia solicitud a la Dirección General de Función Pública que incluye la ejecución completa de la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) condenó a la Junta en octubre de 2025 por vulneración de derechos fundamentales, y el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en lo que concierne a las garantías y derechos del SIP que se están vulnerando. 

La Junta de Extremadura viene de décadas de enorme comodidad, con sindicatos mayoritarios y nacionales adpatados a sus privilegios, que no plantean conflicto alguno, y no les gusta la sensación de que eso se ha terminado para no volver. 

Del mismo modo que afirma el TSJEX en una Providencia donde impele a la Junta a cumplir la sentencia, los funcionarios que están incurriendo en estas ilegalidades quizá tengan que empezar también a pagar consecuencias penales para que cese de una vez por todas la vulneración de derechos fundamentales y la torticera aplicación del Derecho Administrativo. 

Lo único positivo de todo esto es que queda meridianamente claro cuál es el único sindicato de la Junta de Extremadura que preocupa a sus dirigentes. 

Vienen por delante varios meses interesantes al respecto, en que los altos funcionarios de la Administración Regional van a tener que dar muchas explicaciones al respecto en diferentes foros. Nosotros no vamos a cejar en la exigencia del cumplimiento de la ley.