Culpables de enfermar: el derecho a la salud bajo sospecha

Tanto los datos como la realidad clínica demuestran que el aumento de las bajas laborales responde a un empeoramiento real de la salud física y mental de las personas. Es sorprendente, además de indignante, que esta situación se aborde desde el punto de vista meramente del gasto, penalizando a las personas enfermas, y que no se ataje desde la perspectiva del análisis y mejora de las causas que las provocan. Los objetivos buscados son los recortes de derechos de trabajadores y trabajadoras, así como poner en manos de las mutuas también todas las contingencias comunes. A nadie se le escapa que, aunque gestionan recursos públicos, son asociaciones privadas de empresarios. Por tanto, las mismas entidades encargadas de evaluar la salud de las personas trabajadoras y de proponer las altas médicas, serían también las que tendrían interés en recortar tanto los costes y la duración de las bajas en sus empresas asociadas con el consiguiente riesgo para la salud de trabajadoras y trabajadores.

Se manifiesta públicamente que una persona enferma debería cobrar menos que una persona que trabaja, pero esto ya es así, puesto que sólo si el convenio incorpora esta mejora, se percibirá el 100% del salario. Los tres primeros días no se percibe salario, a partir del cuarto día y hasta el vigésimo el 60% y a partir del día 21 el 75%. En definitiva, percibir menos salario estando de baja es ya una realidad, para muchas personas es bastante disuasorio y aun así aumentan las bajas.

El porcentaje de población que trabaja por cuenta ajena y que percibe el SMI es de entre un 9% a un 13%. Esta población, ante una baja laboral, se encuentra actualmente ante una situación de extrema precariedad, por lo que es razonable afirmar que hacen uso de la baja cuando efectivamente lo necesitan. Pero, por otro lado, hay una parte que trabaja aun estando enferma porque sencillamente no se lo pueden permitir. De eso no se habla. Acudir al puesto de trabajo sin estar en condiciones físicas o mentales no sólo reduce la productividad (eso que preocupa tanto a las empresas) sino que cronifica las dolencias, multiplica el riesgo de sufrir accidentes laborales graves y, en caso de enfermedades infecciosas, propaga el contagio al resto.

Además, la proporción de mujeres asalariadas que cobra el SMI es del 17,6%, frente al 8,5% de los hombres. Por tanto, se penaliza aun más a la mujer, que es también la que estadísticamente registra más bajas laborales que los hombres y agranda la brecha salario y salud. Esto se produce no por debilidad física, sino porque las mujeres están más presentes en sectores de mayor desgaste como son la sanidad, la educación o la limpieza y, sobre todo, porque aún hoy, se sigue soportando la doble presencia del cuidado de las tareas del hogar y de personas dependientes. La doble presencia también pasa factura.

El envejecimiento de la población activa es también un hecho, puesto que existe un porcentaje muy elevado de población trabajadora por encima de los 50 años. Y, aunque es verdad que la esperanza de vida es mayor, también es cierto que hay patologías que antes eran mortales, pero que ahora tienen tratamiento, como algunos tipos de cáncer. También aumentan los trastornos crónicos. Todo ello se acompaña de un sistema sanitario público que no está en su mejor momento, y acumula retrasos en la atención ya no sólo de medicina de familia sino de las especialidades médicas. Ello obliga a alargar innecesariamente los procesos de baja debido a las listas de espera para las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones o cirugías en una sanidad pública que sufre una insuficiencia de recursos humanos y técnicos ya crónica. El envejecimiento en sí puede conllevar procesos de recuperación más lentos que para la población más joven. Esta última, sobre todo el grupo entre 25 y 35 años, lidera el número de bajas de corta duración sobre todo por patologías relacionadas con la salud mental. Son un colectivo castigado por la precariedad, la presión y la inestabilidad económica. El cóctel perfecto para deteriorar la salud.

En general, el 60% del aumento de los días de baja se concentran en solo dos grupos de patologías: los trastornos musculoesqueléticos (36%) y los problemas de salud mental (25%), estos últimos muy vinculados a deficientes condiciones de trabajo y riesgos laborales.

El aumento del gasto en estas prestaciones se debe por tanto a causas objetivas y no al abuso generalizado. También es falso que exista falta de control de las bajas. Nuestro país somete a las personas trabajadoras a un férreo control no sólo de medicina de familia, que revisa periódicamente la evolución, sino de la Inspección del INSS, del Servicio Público de Salud, de las mutuas y, por último, de la propia medicina de empresa. Si te citan estando de baja, hay que acudir, ya que se corre el riesgo de perder la prestación. Y recordemos que citan cuando no te encuentras bien, en el momento de mayor vulnerabilidad.

Existe también lo que se llaman “tiempos óptimos de incapacidad”, que son referencia del Servicio Público de Salud y que establece tiempos estandarizados de duración de la baja en función de los diagnósticos. Por ello, ante el alargamiento de las bajas por encima de estos tiempos, se pueden acrecentar los mecanismos de control y revisión.

Incluso bulos tan extendidos como el de las bajas «estratégicas» de los lunes quedan desmontados por la estadística oficial: si se tienen en cuenta los procesos que se inician en sábado y domingo, el promedio de los lunes es, de hecho, inferior a la media diaria del resto de la semana, puesto que se acumulan los procesos de sábado y domingo, en que el sistema de salud no facilita bajas. Se insinúa que lo que se busca es un fin de semana largo ignorando que los tres primeros días de incapacidad temporal no están remunerados.

Poco se habla de todas las patologías que trata el Sistema Público de Salud como contingencia común (y por tanto contribuye a su colapso) y que en realidad son contingencias profesionales. Tampoco del importante subregistro de enfermedades profesionales, hecho éste ampliamente reconocido, y de la repercusión de la falta de prevención en las empresas en la salud de las personas trabajadoras. Es especialmente acusado en el caso del cáncer de origen laboral puesto que mientras las estimaciones científicas sitúan en miles los casos vinculados a exposiciones profesionales, apenas se reconoce una cifra residual, privando a las personas afectadas de sus derechos y de una reparación justa.

Cada vez que las estadísticas de absentismo laboral escalan un peldaño, se activa de forma casi automática un viejo y dañino reflejo en ciertos sectores empresariales: el de la sospecha. Hasta el hecho de ejercer derechos reconocidos como son las vacaciones, los permisos, las bajas por maternidad o incluso las bajas relacionadas con accidentes laborales y enfermedades se tratan como si fuera fruto de la picaresca de las personas trabajadoras, cuando en realidad no es más que el ejercicio de sus derechos laborales.

Sostener que el repunte de las bajas médicas se debe al fraude es insultar la profesionalidad de la clase trabajadora y, de paso, cuestionar el criterio del sistema público de salud, que es quien valida y firma cada proceso de IT. Las personas no se ausentan por capricho; se ausentan porque su salud no les permite rendir, o peor aún, porque el propio entorno laboral las está enfermando.

El incremento de las bajas por contingencias comunes refleja que los límites de resistencia de las plantillas se han desbordado debido a ritmos de trabajo insostenibles y a la falta de expectativas.

Por todo ello, la solución no es la persecución y culpabilización de las personas trabajadoras, sino la inversión en sanidad pública, la mejora de las condiciones de trabajo y de los mecanismos de diagnóstico de sospecha para que ninguna lesión laboral quede oculta. Pero es mucho más fácil culpar que actuar .

La solución al absentismo justificado no pasa por endurecer el control ya férreo sobre las personas trabajadoras, sino por mejorar las condiciones de trabajo, garantizar el derecho a la desconexión digital, rediseñar las cargas de trabajo y entender que el bienestar de la plantilla no es un coste, sino la inversión más rentable. Abordar el absentismo desde la empatía y la salud es de justicia social; abordarlo desde la sospecha es un fracaso empresarial y social.

Alicia Roiz Santos, Secretaría de Salud Laboral de FSC-CCOO.