Ninguna solución al problema de la vivienda por parte del Gobierno y más ayudas a los especuladores

La propuesta presentada por el PSOE para limitar el precio de los alquileres se basa exclusivamente en bonificar a los propietarios de viviendas en alquiler, es decir, aumentar los beneficios de bancos, promotoras y fondos de inversión a costa de reducir su aporte a las arcas del Estado. Se incide en la lógica de reducir ingresos, de subvencionar los negocios de la burguesía, al tiempo que se aplican toda una serie de políticas también dirigidas a salvar beneficios empresariales, a costa de un intenso endeudamiento público, auspiciando una crisis de deuda en el futuro y nuevos recortes y privatizaciones.

La bonificación fiscal parte de la reducción general del 50% en el IRPF por el arrendamiento de una vivienda y puede llegar hasta el 90% en caso de reducir un 10% el precio del alquiler del último contrato, si la vivienda se encuentra en una zona tensionada. Se reduce en gran medida el número de grandes tenedores al pasar de serlo los dueños de 10 viviendas o 1.500 m² de superficie construida establecidos en el RD 11/2020 sobre vivienda en el Estado de Alarma de marzo pasado, a los dueños de, al menos, el 1% de las viviendas residenciales en alquiler de la zona. Por último, solo se considerará vivienda vacía aquella que lo esté por un mínimo de 2 años y no pueda justificarse esta situación, limitando esta consideración a los propietarios de más de cuatro inmuebles vacíos.

Aparentes tensiones en la coalición de Gobierno y elecciones en la Comunidad de Madrid.

Las aparentes desavenencias entre los socios de Gobierno sobre la futura legislación de alquileres se dan mientras existen millones de viviendas vacías, hasta 3,4 millones según el INE en 2011(último año del que hay registro) aunque diferentes estudios cifran en la actualidad las viviendas vacías en el 10% del total. Siguen produciéndose desahucios, por más que la política comunicativa común asegure que estos están prohibidos hasta el 9 de mayo. Solo en los nueve primeros meses de 2020 se produjeron 18.138 desahucios a los que el eslogan Nadie va a quedar atrás no les fue suficiente. La nueva riña política ocurre cuando los jóvenes deben destinar el 105% de su sueldo para pagar el alquiler en Madrid o el 90% en Baleares según datos del Consejo de la Juventud de España, mientras que las familias destinan un 31,2% de los gastos al pago de la vivienda.

Para el PCTE ninguna de las propuestas de los socios de gobierno puede resolver el problema de la vivienda para amplios sectores de la clase obrera y del pueblo. Tampoco la apuesta renovada por la especulación inmobiliaria que ya ha conllevado modificaciones legislativas en varias comunidades autónomas para reducir trámites administrativos y responsabilidades legales para favorecer las operaciones urbanísticas.

Mientras los bajos salarios, la precariedad y la temporalidad sean la norma, situación acentuada por la tendencia a la uberización de las relaciones laborales, la demanda interna no va a poder hacer frente a la oferta inmobiliaria, es decir, las familias obreras van a ver empeoradas sus posibilidades de acceso a la vivienda, aunque se subvencione a los capitalistas o, aunque se llegase a fijar un límite a los precios del alquiler.

El derecho a la vivienda no puede ser una mercancía y por eso, el principio del fin del problema no pasa por el debate entre socios de gobierno, ni por la opción preferente entre los liberales de promover más ladrillo, sino por la expropiación inmediata y sin indemnización alguna de toda vivienda vacía en manos de especuladores, inmobiliarias, bancos, fondos de inversión… para ponerla a disposición de la clase obrera y los sectores populares en un régimen de alquiler social. Esta solución debe venir acompañada de una prohibición inmediata y real de los desahucios y cortes de suministros.

El PCTE considera que no será el juego parlamentario de fuerzas que representan los intereses de diferentes capas y sectores de la burguesía la vía por la cual se alcanzará esta solución, por lo que apela a la movilización en los barrios y en los centros de trabajo para combatir las políticas antiobreras que a día de hoy aplican todos los partidos del Parlamento.