Opinión • 18/04/2020

Carta al al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico una serie de medidas para la protección de aves electrocutadas en el Estado Español

Carta al al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico una serie de medidas para la protección de aves  electrocutadas en el Estado Español

Estimada Ministra:

Según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de 2017 elaborado por María Ángeles Soria (DG de Medio Natural) y Francisco Guil Celada (Tragsatec), los tendidos eléctricos causan la muerte de al menos 33.000 aves rapaces al año; lo que genera un coste económico de alrededor de 141 millones de euros.

Se estima que la mortalidad detectada por electrocución en tendidos eléctricos corresponde al 15 por ciento de la real, ya que muchas muertes no son contabilizadas por ausencia de muestreos y en otras ocasiones la acción de carnívoros o el factor humano hace desaparecer los cadáveres.

La electrocución es la principal causa de muerte no natural a la que se enfrentan algunas de nuestras especies de aves más amenazadas como el águila imperial ibérica, el milano real o el águila perdicera, entre otras muchas especies de aves rapaces y no rapaces que también se ven afectadas.

El informe del Ministerio aporta cifras muy inferiores a lo que puede ser una aproximación más realista de la magnitud del problema ya que solo analiza la mortalidad de las rapaces sin tener en cuenta otros grupo de aves y no cuenta con datos de todas las comunidades autónomas, pues el estudio de Soria y Guil no contaba con datos de muchas CCAA como los de País Vasco, Navarra, Extremadura, Baleares, Canarias y Madrid y sólo toma en cuenta datos hasta octubre de 2014.
https://elpais.com/elpais/2018/01/08/ciencia/1515427373_789617.html

El propio Guill incluso eleva las posibles muertes a una cifra incluso mucho mayor: Es necesario adivinar las que faltan. “Hay expertos que calculan tasas cuatro veces superiores a las nuestras”, admite Guil. Su trabajo emplea una tasa de desaparición mensual del 9,4% de los cadáveres. “Con otra tasa de desaparición más o menos extendida, de un 15%, la estimación subiría a 77.906 rapaces” electrocutadas cada año, advierte el ingeniero de montes. Guil pone el foco además en un problema oculto: el de los tendidos eléctricos privados en grandes fincas de terratenientes, en regiones como Castilla-La Mancha y Andalucía. «Como estos tendidos de particulares son desconocidos hasta para las administraciones responsables —las consejerías de Industria de las comunidades autónomas—, la información no llega a las administraciones ambientales y no aparecen en los listados de líneas peligrosas», señala. Su estudio apenas maneja datos de estos postes privados, que constituyen aproximadamente el 5% del sistema eléctrico, según sus cálculos.

El biólogo Miguel Ferrer cree que la cifra de 33.000 rapaces electrocutadas calculada por los técnicos del Ministerio es «mágica». La distribución de muertes en tendidos eléctricos, explica, es extremadamente sesgada: «La inmensa mayoría de los postes no causan electrocuciones y la inmensa mayoría de las electrocuciones se producen en los mismos postes». Por lo tanto, advierte, el error acumulado al extrapolar los datos reales podría desvirtuar cualquier estimación.

Los autores del informe, los ingenieros de montes María Ángeles Soria y Francisco Guil, sostienen que su trabajo solo «tiene por objeto obtener las primeras cifras aproximativas de la mortalidad de las aves rapaces por electrocución en tendidos eléctricos en el conjunto de España basadas en datos objetivos». Su estudio no incluye datos de País Vasco, Navarra, Extremadura, Baleares, Canarias y Madrid, ya que estas regiones no aportaron información a tiempo. La comunidad madrileña, además de por su falta de colaboración, destaca por ser una de las regiones con incidencia “muy alta” de electrocuciones, como Toledo y Jaén, según estudios previos a partir de rapaces anilladas.

Sin embargo, la Fundación de Amigos del Águila Imperial en su estudio reciente en colaboración con la Fundación Banco Santander “Manual de desarrollo sostenible: amenazas en tendidos eléctricos para el águila imperial ibérica” (ISBN: 978-84-17264-06-2) refiere entre 192.000 y 337.000 aves muertas en España cada año como consecuencia de la electrocución; cifras éstas mucho más abultadas que las que maneja el MITECO.

Por ello, consideramos que es prioritario avanzar en el estudio de las electrocuciones para fijar mucho más claramente cuál es la incidencia real después de esa primera valoración que hicieron Soria y Guil hace ya tres años para incluir datos contrastados con todas las Comunidades Autónomas y especialmente que se basen en entradas de animales en los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de cada provincia española.

Por otro lado, partiendo de las cifras que se publican en las propias páginas web de las empresas distribuidoras, y haciendo una extrapolación aproximada del número de postes existentes por kilómetro cuadrado, puede inferirse que existe un total aproximado de 8.000.000 de postes eléctricos en España, contando sólo los que pertenecen a empresas distribuidoras eléctricas, surcando todo el territorio nacional. A esas cifras, habría que añadir los más de 250.000 centros de transformación que se integran en la red de distribución de energía eléctrica, así como los centros de transformación de empresas y particulares que no son empresas distribuidoras que se sitúan a pie del lugar donde se usa la energía eléctrica por los consumidores finales con sus correspondientes líneas eléctricas que pueden abarcar desde un único poste hasta varias decenas de ellos. En este sentido, creemos que el Miteco, en colaboración con el Ministerio de Industria y con las aproximadamente 300 empresas distribuidoras registradas en España deben fijar claramente cuántos son los postes existentes y catalogarlos por nivel de peligrosidad y necesidad y urgencia de corrección. Esta labor se puede acometer en muy poco tiempo y es información ambiental que con amparo en la Ley 27/2006 le solicitamos que comience a recabar y que haga pública al menos en cuanto al número de postes eléctricos.

Por lo demás, le instamos, además de lo anterior, a también que se avance en la modificación del Real Decreto 1432/2008 para que se amplíe a todo el territorio español un cuarto nivel de protección además de las tres tipologías de zonas declaradas, así como para que se incluya expresamente la aplicabilidad del régimen sancionador de la Ley 21/1992, tal y como obliga a considerar aplicable el artículo 53.9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, así como para que se incorporen expresamente las obligaciones legales y los criterios de empleo de las Mejores Tecnologías Disponibles de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental siguiendo el criterio de prácticamente la unanimidad de las ONG´s ambientales y de la propia Fiscalía Coordinadora de Sala Medioambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo según su Oficio de 29/07/2019 que tiene origen en el Expediente Gubernativo 254/2016, y en el que se sostiene la invalidez de los argumentos de las empresas eléctricas y se remiten a la Ley 26/2007 que, con claridad, exige a los operadores económicos aplicar medidas de prevención y evitación de los daños ambientales, así como la aplicación del principio “quien contamina paga” y no el de “quien contamina cobra subvenciones”.


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