15 puntos para la recuperación económica y social

Propuestas de la Plataforma 7N-Madrid a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso

1.- Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre del año 2017, pero su impulso efectivo no llegó hasta el verano de 2018. En él se recogen 290 medidas que han de implementarse hasta 2022. De las 290 medidas que contiene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -unificadas las del Congreso y el Senado- solo se han cumplido 75, lo que supone el 25,8% del total de medidas. 164 están en proceso de implementación (56,5%) y 51 siguen pendientes de implementación, lo que supone el 17,5%.

Entre ellas, exigimos que se cumpla con la medida de la modificación del art. 1 de la Ley Integral, ampliando el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul.

Respecto a sus fondos, reclamamos que se puedan utilizar en proyectos plurianuales y que sirvan para financiar gastos estructurales, de lo contrario, cuando haya pasado su vigencia volveremos a las mismas deficiencias de siempre.

Además, creemos relevante que se incorpore dentro de la lucha por la erradicación de esta violencia, la institucional, que se mueve en un campo de impunidad donde no hay mecanismos de verificación ni sanciones, y la obstétrica.Cabe recordar que España ha sido denunciada por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al considerar que “una mujer fue sometida a intervenciones médicas durante el parto de su hija, incluida la inducción al parto, sin aparente justificación”. Calificando estos hechos de violencia de género.

2.- Prevención de la violencia de género en el sistema educativo.

Los procesos de aprendizaje se dan a lo largo de la vida de las personas y de forma diferente en todos los ámbitos sociales: el laboral, el social, el familiar, el educativo, por lo tanto hemos de pensar que la escuela es una institución que de forma inconsciente, la mayoría de las veces, perpetua, produce y reproduce modelos sexistas que son discriminatorios para las mujeres y de forma diferente para los hombres

La escuela como espacio social y socializador que es, tiene la capacidad y la responsabilidad de procurar que todo el alumnado y el profesorado se equipen de estrategias para la resolución de conflictos en los que las agresiones no sean nunca la respuesta adecuada.

Por ello, creemos que la prevención debe ser política prioritaria, por ello exigimos la recuperación de programas de coeducación en los centros escolares, que garanticen la impartición de asignaturas que incorporen la formación en igualdad de mujeres y hombres, entre ellas la educación sexual y afectiva para prevenir la violencia sexual.

3.- Detección precoz en el sistema sanitario.

Es impostergable la detección precoz sistemática de la violencia de género en Atención Primaria y Hospitalaria mediante cribado de test “West” a todas las mujeres a partir de los 14 años. Incluir en la Cartera de Servicio a fin de asegurar el registro y contar con datos de incidencia.

Asegurar coordinación de los recursos y actuaciones de ayuda y trasmisión de la violencia de género procedente de los centros sanitarios, para su eficaz incorporación a los sistemas institucionales. Incluir en los protocolos de seguimiento de las pacientes del Covid 19 el cribado para detección de alto riesgo de feminicidio debido a el confinamiento

4.- Formación de profesionales.

Ya la Ley Integral (LO 1/2004) incorporaba la necesidad de formación de jueces y otros operadores jurídicos (secretarios judiciales, equipos psicosociales, fiscales, etc.) en perspectiva de género, esta formación para todos los profesionales que intervienen en procesos de violencia machista, es fundamental para que la víctima pueda acudir a la justicia en condiciones de igualdad, esperando justicia y reparación.

Exigimos que, de forma inmediata se dé cumplimiento a este punto y se forme a todos los poderes jurídicos para librar al sistema judicial de los prejuicios y estereotipos sexistas de nuestra sociedad.

5.- Empleo para una vida autónoma y en igualdad.

Por su parte, el Banco Mundial afirma en su informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2016” que cuando a una mujer se le priva de autonomía económica, se hace más dependiente de quien sí obtiene ingresos -normalmente un hombre-, reduce sus posibilidades de romper con una relación tóxica y aumenta las probabilidades de sufrir violencia género. Por tanto, la autonomía y el empoderamiento económico protegen a las mujeres de la violencia de género (BM, 2016).

Es por ello por lo que, las propuestas emanadas de la comisión para la reconstrucción económica y social de este país deben tender a alcanzar y/o consolidar la autonomía económica de las mujeres, clave para la prevención de la violencia de género, eliminando la brecha salarial entre mujeres y hombres, la “obligatoriedad” de la jornada parcial no deseada o diseñando planes de recuperación que no dejen a las mujeres en la cuneta.

Los últimos datos dados a conocer en el mes de mayo de 2020 (que señalan aumenta el desempleo en mujeres en 39.878, un 1,85 % personas respecto al mes anterior y deja el registro de desempleo femenino en 2.191.678 trabajadoras, mientras que el paro masculino se ha reducido en mayo en 13.305 trabajadores hasta 1.666.098 personas.) no indican que vayamos en la buena dirección.

6.- Familias monomarentales, colectivo de especial atención.

La asociación de familias monomarentales ha denunciado en sendos informes “La situación de vulnerabilidad de las familias monoparentales viene asociada a la falta de reconocimiento y de regulación explícita de medidas dirigidas a ellas”. Por ello, entre otras medidas, reclaman y hacemos nuestras estas demandas: reconocimiento como colectivo vulnerable, servicios de apoyo familiar, ingreso mínimo vital, información accesible y comprensible, políticas de conciliación…

7.- Contra el SAP y la filosofía que la sustenta. Coordinación parental.

Exigimos una regulación específica que prohíba, mediante penas y sanciones, el uso y la apología del falso SAP, tal como promueve la medida 129 del Pacto de Estado contra la violencia machista.

Dicha regulación debe contener: El rechazo explícito a la figura de ADR o Coordinador parental prohibiendo su formación y su uso en los juzgados por ser un arma contra las mujeres y las niñas y niños cuando se dirimen las custodias, prohibición del SAP y de su significado en los programas de formación en perspectiva de género y del menor de forma transversal (medicina, psicología, sociología, periodismo, abogacía, fiscalía, judicatura, etc.), prohibición de «diagnosticar» a las niñas y niños de Síndrome de Alienación Parental (SAP) o cualquier otra fórmula que se refiera a la alienación de las niñas/niños y adolescentes.

Por otra parte, exigimos que los centros Puntos de Encuentro Familiar y los Centros de Apoyo a la Familia, tengan una gestión pública, sean ideológicamente independientes y cuenten con personal (pediatras, médicos forenses y psicólogos clínicos) especializado en violencia de género, infancia y diagnóstico de la personalidad, así como unos protocolos adecuados para no revictimizar y proteger de la violencia machista a niñ@s y mujeres.

8.- Contra la custodia compartida impuesta.

Estamos en contra de la la custodia compartida sin acuerdo entre progenitores por ser herramienta de maltrato contra la mujer e hij@s, por lo que pedimos la urgente eliminación del punto 8 del art 92 del Código Civil.

9.- Violencia sexual y acoso sexual en el empleo.

Exigimos la modificación del art. 1 de la Ley Integral, ampliando el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su art. 13 la inversión de la carga de la prueba en los

procedimientos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, siempre que la parte demandante (la víctima) aporte indicios suficientes, pero en la práctica la mayoría de los Juzgados de lo Social en lugar de indicios exigen pruebas contundentes de que el acoso se ha producido, lo que no solo produce una revictimización, también una gran impunidad en estos casos, existiendo muy pocas sentencias que se estime que el acoso sexual se ha producido.

Por otra parte, los protocolos de prevención de acoso sexual en las empresas no están aplicando como deberían, debiéndose exigir las responsabilidades legales pertinentes.

10.- Una sociedad libre de prostitución y trata.

Se requieren medidas contundentes de sensibilización y prevención de situaciones de trata con fines de explotación sexual y de explotación de la prostitución, para desalentar su demanda (Directiva 2011/36/UE art. 18), incluyendo la penalización al cliente.

La despenalización de ciertas formas de proxenetismo en la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) ha supuesto sancionar la explotación sexual únicamente «cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica o cuando se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas» lo que supone un retroceso en la obligación del Estado español de suprimir todas las formas de explotación sexual.

11.- Corresponsabilidad.

A pesar de que en muchas ocasiones encontramos cierta confusión de términos entre conciliación y corresponsabilidad, es necesario incidir en que no significan lo mismo. Mientras que la conciliación implica el poder compatibilizar tiempos – normalmente el de trabajo remunerado, trabajo en el hogar y desarrollo personal-; el término corresponsabilidad va más allá haciendo referencia a que los tres actores que intervienen en el Estado de Bienestar (empresas, familias y Estado) se impliquen activamente en las políticas de cuidado, de forma que hombres y mujeres se impliquen por igual en las tareas domésticas, el cuidado de hijos e hijas o personas dependientes, rompiendo así con la división sexual del trabajo que sitúa a los hombres en el espacio público y a las mujeres en el privado. Y esto es lo que reclamamos nosotras.

12.- Perspectiva de género.

Una legislación, la Ley de Igualdad, y una metodología de estudio e intervención social, que también conlleva un posicionamiento ético-político, cuestionando la organización social de género tradicional que constituye el patriarcado y la voluntad de participar en la elaboración de una alternativa de organización social acorde con las necesidades y aspiraciones de las mujeres y de los hombres.

13.- Perspectiva interseccional.

La lucha contra la violencia de género de una forma efectiva hace necesario hacerlo desde una perspectiva interseccional. Teniendo en cuenta que las mujeres no somos idénticas, que somos diversas y que, por tanto, han de tenerse en cuenta diversos factores a la hora de abordarla: contexto, edad, raza, discapacidad, orientación sexual, etc.

Implica entender que la violencia de género es compleja, que está atravesada por diversos sistemas de poder y que no existen soluciones únicas para enfrentarla y prevenirla.

14.- Fortalecimiento de los servicios públicos.

Los recortes impuestos por Europa y ejecutados por nuestros gobiernos tras la anterior crisis, afectaron especialmente a los recursos públicos, entre los que se encuentran los recursos previstos contra las violencias machistas, teniendo repercusiones drásticas sobre la vida de las mujeres.

Para poder lograr una sociedad libre de machismo y desigualdad es absolutamente necesario que las instituciones asuman la responsabilidad ética y política que les corresponde, respetando y haciendo efectiva la aplicación de las libertades públicas, los derechos humanos y los derechos fundamentales.

Instamos por tanto a los poderes públicos, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y a los organismos competentes de la Unión Europea a que actúen urgentemente con las obligaciones y responsabilidades que les corresponde.

15.- Presupuestos feministas para garantizar una salida que cuente con las mujeres.

Estas medidas solo podrán realizarse si los próximos Presupuestos Generales del Estado se hacen desde una mirada feminista, entendiendo que cada política pública afecta de manera desigual a hombres y mujeres y que, por lo tanto, se tiene que apostar por la igualdad desde todos y cada uno de sus capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Unos presupuestos que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.