El fútbol/corporación como espectáculo/negocio privado y las urgencias de regulación del Estado

La gravitación de los procesos de globalización, especialmente en su vertiente económica conducida por el mantra del fundamentalismo de mercado, hacen suponer a los puristas que la iniciativa privada funciona con eficiencia sin la interferencia del Estado en el proceso económico. Ello es una argucia ideológica y una falsa disyuntiva que se convierte en un lastre en el debate público y que opaca la capacidad de discernimiento entre los académicos, creadores de opinión pública y los tomadores de decisiones. Lo que en realidad se suscita es una coordinación de los mecanismos interventores del Estado con la dinámica del patrón de acumulación del capital, y una selectiva y retraída incidencia estatal en la procuración de mecanismos de equidad social. Esto es, el sector público crea las condiciones –institucionales, simbólicas e infraestructurales– para la reproducción del capital, incluso canalizando inversiones para apuntalar los proyectos de la empresa privada. Siendo así, cabe preguntarse lo siguiente: dados los excesos y abusos de la empresa privada, ¿está obligado a intervenir el Estado en aras de contrarrestar los atropellos que recaen sobre las clases sociales populares en nombre del mercado? Específicamente: de cara a los abusos en eventos privados como una Copa Mundial de Fútbol o cualquier otro torneo y ante el poder monopolístico que adopta la FIFA y sus aliados comerciales, ¿es necesaria una acción coordinada de los Estados en aras de reivindicar el derecho al ocio y al esparcimiento y evitar así el proceso de exclusión experimentado por los aficionados?

En varios ensayos (https://shre.ink/3jj4, https://shre.ink/3jj6, https://shre.ink/3jjV y https://shre.ink/3jjN) venimos documentando desde meses atrás el carácter gentrificador y elitista que adquiere el fútbol como espectáculo/negocio global. Más que la promoción de un deporte, la FIFA, las confederaciones regionales, las federaciones nacionales y sus patrocinadores instauraron una dinámica de fútbol/corporación regida por la híper-mercantilización, en un ejercicio amplio de privatización del esparcimiento y de intensificación de la exclusión de las clases sociales populares. La Copa Mundial de la FIFA 2026 es una clara muestra de ello; aunque esos procesos no se detienen ni son propios de este macro-evento futbolístico, sino que se extienden cuando menos a las últimas dos décadas. Esta elitización del fútbol se relaciona con los precios exorbitantes de las entradas a los estadios, pero también se extienden más allá de ello: estadios que reducen su capacidad en cuanto al número de aficionados; privatización extrema de las transmisiones de los torneos de fútbol y la fragmentación en múltiples plataformas de paga; la publicidad cada vez más invasiva en las transmisiones de encuentros, pese a los pagos que erogan los aficionados; los altos precios de souvenirs y ropa deportiva; el encarecimiento de los servicios urbanos alrededor de estos macro-eventos deportivos; la presencia masiva de turistas, ejecutivos e influencers en los estadios, entre otras aristas.

No todo se detiene en la híper-mercantilización del fútbol. Los alcances del fútbol son geopolíticos y la FIFA, en tanto hub o articulador empresarial, extiende su influencia al ámbito de las relaciones internacionales y se entiende de tú a tú con Jefes de Estado y de Gobierno. En tanto organismo internacional cuya membrecía alcanza a 211 países, la FIFA se define a sí misma como una entidad privada sin ánimo de lucro. Nada más distante de la realidad para un hub empresarial que alcanzó 7568 millones durante el ciclo mundialista 2019-2002 y que concluyó con la final entre las selecciones de Argentina y Francia el 18 de diciembre de 2022 (https://shre.ink/3jjy). El poder de la FIFA es empresarial, pero también es geopolítico al extender su influencia a la llamada diplomacia deportiva (https://shre.ink/3jjw) y al proyectar a través del fútbol la imagen internacional de gobiernos y líderes políticos. Más todavía: en esa doble faceta de la FIFA, es capaz de imponer a los gobiernos condiciones y exigencias para realizar eventos como los Mundiales de Fútbol en sus respectivos territorios. El caso de las exenciones fiscales y del financiamiento de obra pública y de estadios mundialistas, son solo algunos de esos condicionamientos que la FIFA pretende imponer a las élites políticas de las sedes donde se realizarán sus torneos. 

No menos importante es el afán de la FIFA de hacer valer los acuerdos firmados con esos gobiernos. Cuando sus intereses comerciales se miran afectados, como es el caso de la masiva copia o “piratería” de ropa o accesorios deportivos en México, o la proliferación entre la población de figuras como el llamado “Ajologol” que despertó simpatía entre la población de la Ciudad de México, a diferencia de las mascotas oficiales de la FIFA, este organismo internacional exige la intervención del sector público en aras de hacer cumplir los acuerdos pactados. Del mismo modo, los acuerdos incluyen movilizar fuerza y seguridad pública para resguardar los eventos de la FIFA que, en esencia, son privados. Tan solo en la Ciudad de México la mercancía apócrifa que circula con motivo del Mundial de fútbol se estima que alcanza una cifra de 400 millones de pesos mexicanos –algo así como 23 millones de dólares– (https://shre.ink/3jji). La apuesta de la FIFA consiste en movilizar a un gobierno como el mexicano para que incaute esa mercancía apócrifa y retire las señales en línea desde donde se realiza la transmisión ilegal de partidos. Tan solo en una redada policial, fueron decomisados 15,3 millones de pesos –casi 885 mil dólares–. Hasta allí la urgencia de la FIFA para que el Estado intervenga en aquellos menesteres que son de su total interés comercial.

Sin embargo, ¿por qué no pensar en mecanismos de regulación más amplios que contrarresten el alcance de corporaciones monopolísticas como la FIFA y de agentes económicos perversos como los dedicados a la reventa de boletaje para el ingreso a los estadios? Argumentar que los llamados “precios dinámicos” de las entradas son fruto de un algoritmo que se autocorrige de acuerdo a la alta demanda, es ofender el sentido común de los aficionados y analistas, por decir lo menos.

Ante esa situación, los Estados –y especialmente el mexicano– se muestran ausentes, omisos y hasta comparsas de lo que, en esencia, es un sistemático proceso de despojo no solo monetario, sino también de las identidades territoriales vinculadas al fútbol y del propio derecho al ocio y el esparcimiento. Por supuesto, se trata de una omisión interesada y de una abyección ante una entidad privada como la FIFA y patrocinadores suyos como la Coca-Cola, que ignominiosamente aparece junto a la Copa del Mundo en recintos públicos e históricos de los mexicanos.

¿Es suficiente el argumento de una supuesta e incierta “derrama económica” para alcanzar tales niveles de omisión? Se estima que tan solo México como una de las tres sedes mundialistas generaría 3000 millones de dólares -para el caso de los Estados Unidos se estiman 30 mil millones de dólares-, además de 24 mil empleos directos e indirectos; al tiempo que se espera una importante afluencia de turistas –lo cual supondría ingresos hasta por 1000 millones de dólares adicionales– (https://shre.ink/3jjZ). La reflexión tiene que girar en torno a que esa “derrama económica” no necesariamente se traduce en desarrollo económico y que, incluso, será difícil cuantificar su impacto en una variable como el crecimiento económico, donde se estima que el Mundial aportaría solo una décima. Lo cierto es que los principales beneficiarios de ese proceso económico en torno al Mundial de Fútbol son las empresas -regularmente globales- vinculadas a las ramas más dinámicas del sector servicios (hostelería, aviación comercial, ropa deportiva, etc.). 

En cuanto a inversión pública, tan solo el Gobierno de la Ciudad de México impulsó 2241 obras públicas relacionadas con el Mundial 2026. El monto destinado asciende a 23 mil millones de pesos –algo así como 1316 millones de dólares– (https://shre.ink/3jjX). Por su parte, el gobierno del estado de Jalisco destinó 12 mil millones de pesos –un equivalente a 686,78 millones de dólares– en infraestructura dirigida al Mundial (https://shre.ink/3jjC).

Si la FIFA precisa de estas inversiones públicas para organizar y realizar un evento deportivo privado, ¿estará dispuesta a ser regulada por los Estados? Y si no está dispuesta a ello, ¿cuál es la correlación de fuerzas que se requiere para que la acción colectiva interestatal regule a un ente privado como la FIFA? Sin duda, el asunto atraviesa por la capacidad de presión que el aficionado organizado pueda desplegar. Hasta el momento, solo la Football Supporters Europe y la Euroconsumers denunciaron a la FIFA ante la Comisión Europea, acusándola de abuso de su condición dominante en el mercado o de ejercicio del monopolio y de una «traición monumental» por imponer «precios exorbitantes» e implementar prácticas de ventas opacas y dinámicas para el Mundial 2026 (https://shre.ink/3jjv y https://shre.ink/3jjK).

Varios hechos constatan recientemente un cierto viso de contrapesos respecto a la posición preponderante de la FIFA en el mercado: fiscales generales de New York y de New Jersey comenzaron a citar a la FIFA por las irregularidades en los precios de las entradas para el Mundial 2026, señalando que se indujo una escasez artificial y un sistema de comercialización confuso que privilegia tarifas dinámicas y que no respetó los asientos elegidos por aficionados que asistirán a alguno de los partidos en el Metlife Stadium. Las evidencias de este caso se extienden desde octubre de 2025 hasta abril del 2026, y enfatizan en más de 90 partidos que experimentaron un aumento desmedido del 34%. Otro viso fue marcado en marzo pasado por 68 Congresistas de los Estados Unidos que enviaron una carta a la FIFA para solicitar la reducción de los precios de las entradas a los estadios. Se auguró incluso que aquellos boletos que alcanzan los 13 mil dólares son el equivalente a lo que se paga semestralmente por concepto de colegiatura en alguna universidad promedio de los Estados Unidos.

Más que “satanizar” las regulaciones estatales e interestatales en torno a un fenómeno global y privado como el fútbol, es urgente llevar la problemática al debate público en aras de crear contrapesos a los excesos y abusos de entes privados como la FIFA y sus socios comerciales. Es una disputa que no solo es por el esparcimiento, sino por la construcción de sentido entre las colectividades humanas y por el control en torno a la construcción de las significaciones en torno al deporte, su historia y sus contribuciones a las colectividades humanas. 

Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor, 

y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación 

semántica y escenarios prospectivos.

Twitter: @isaacepunam