CGT exige a la Consejería que actúe ante la brecha digital

CGT exige que se dote de recursos y de wifi.

La Educación Pública debe garantizar la igualdad de derechos a todo el alumnado andaluz.

La declaración del estado de alarma ha cogido a todo el mundo por sorpresa y es innegable que nadie estaba preparado para una situación así. En el caso de la Educación Pública, la falta de coordinación e improvisación por parte de la Consejería es más que evidente, tal y como han podido comprobar a lo largo de estas semanas de confinamiento docentes, familias y alumnado.

El día 14 de marzo, la Consejería anunció, a través de su página web, que las clases debían continuar la docencia a través de medios telemáticos.

La angustia de buena parte del profesorado fue inmediata y comprensible, pues no pocos se vieron obligados a aprender a marchas forzadas el funcionamiento de aplicaciones varias que les permitieran emular las clases presenciales.

Y lo consiguieron. Nuestro trabajo conlleva un alto grado de autoaprendizaje y renovación continua, así como resolución de situaciones nuevas e inesperadas que debemos resolver con buen criterio en el mínimo tiempo posible. Cuántas veces repetimos aquello de “trabajamos con personas, no con máquinas”. Además, la empatía que genera estar en contacto continuado con un grupo de personas durante tantas horas al día nos hace crear unos vínculos que van más allá del mero proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos sentimos (somos) responsables de nuestro alumnado dentro y fuera del horario lectivo.

Es precisamente este compromiso e implicación con el alumnado lo que ha supuesto que el profesorado, con un esfuerzo hercúleo, esté haciendo lo imposible para que nadie, ni un alumno, ni una alumna, se quede atrás.

Pero la pregunta es: ¿está la Administración igual de implicada que sus docentes? La respuesta es fácil para cualquier miembro de la comunidad educativa: NO.

No lo está porque la Educación es un derecho, y la Consejería no está garantizando este derecho constitucional a todo el alumnado andaluz.

Es cierto que hay alumnado que está continuando las clases con relativa normalidad a través de un teléfono o de un ordenador con internet. Sobre todo, el alumnado de etapas postobligatorias y aquel en cuyas casas hay ordenadores o teléfonos que puedan usar, una buena conexión a internet, un espacio propio para estudiar y pocos problemas más allá de los que puede acarrear tantos días de encierro. Ese alumnado que, como solemos decir, “funciona solo”.

No obstante, la Educación Pública no solo debe tener en cuenta a este alumnado “privilegiado”, sino también (y sobre todo) a ese otro que lleva “telemáticamente ausente” desde que comenzó el confinamiento porque no tiene acceso a teléfono, a ordenador ni a internet.

Más allá de las cuestiones sobre si debemos o no adelantar materia, sobre el tipo de plataformas que debemos utilizar o sobre si podremos o no volver a las aulas antes de junio, es fundamental y urgente que la Administración dote de recursos al alumnado que no dispone de ellos para evitar que la brecha digital se convierta en una zanja educativa que nos aboque a una sociedad aún más polarizada socioeconómicamente.

A la Consejería debería darle vergüenza que hayan tenido que ser las propias familias y compañeras de centros educativos con alumnado sin acceso a medios electrónicos las que hayan puesto en marcha iniciativas solidarias como las del IES Sierra Bermeja de Málaga, el IES Fuente Juncal de Aljaraque (Huelva), el IES García Lorca de la Puebla de Cazalla (Sevilla), el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de Cádiz o el País Valencià.

Estas medidas deberían partir de la propia Consejería así tengan que organizar batidas por zonas con alumnado desfavorecido para repartir equipos electrónicos, tarjetas con datos ilimitados o instalar conexión a internet.

La Educación Pública es la herramienta más valiosa para construir una sociedad más igualitaria y es responsabilidad de la Consejería garantizar su acceso a todas las personas.