Notitia Criminis •  21/10/2014

Siete consejeros de CCM imputados por actividades delictivas

anguiano

El letrado José María Anguiano, socio de Garrigues, que llevó la acusación contra Notitia Criminis

En la causa ya está imputado el que fuera su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó al que se acusa de los delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

No obstante, las operaciones que ahora se investigan no son las más escandalosas. Sólo a los principales cabecillas de la operación Malaya, la caja controlada por Bono-Barreda-Moltó, les prestó más de 200 millones de € y existen créditos, como el concedido a una sociedad del condenado en la operación Malaya Pedro Román Zurdo, en Bargas, Toledo, que a simple vista revisten todos los indicios de una manifiesta actividad criminal; pero la investigación judicial ha comenzado y a Hernández Moltó se le habrá helado la sonrisa con la que no hace mucho tiempo iba alardeando por los salones de Madrid sobre el inminente carpetazo que la Audiencia Nacional daría al asunto.

En octubre de 2008 El Confidencial publicaba un artículo sobre los agujeros de CCM. En él, la redactora, Fátima Martín, citaba las declaraciones de un portavoz de la entidad en respuesta a sus preguntas sobre la intervención de la Caja en operaciones millonarias de los principales condenados en el caso Malaya:

“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, ha reconocido a El Confidencial un portavoz de la entidad. Ahora bien, ha dejado claro que “nadie de esta casa está imputado”. “Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

A eso añadió, fuera de registro, que las informaciones que relacionaban a la Caja con las actividades delictivas de los principales capos del caso Malaya, eran “calumnias esparcidas por un blog, pero ya le hemos denunciado”.

El blog que “esparcía” las “calumnias” era este y también era cierto que habían presentado una denuncia, si bien por políticos interpuestos. Es decir, la querella no fue presentada por CCM ni por ninguno de sus directivos, sino por el que entonces fuera presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez y por Gregorio Fernández Vaquero, a la sazón presidente del parlamento regional de Castilla la Mancha.

Para querellarse contra mi, para acabar con el blog y para eliminar toda la información que hay en él, no repararon en gastos. El despacho de abogados que contrataron fue el bufete Garrigues, uno de los incluidos entre los diez mejores de Europa.

El bufete Garrigues asignó el caso a uno de sus socios (el grado más alto en la jerarquía de los abogados de la Firma) concretamente al letrado José María Anguiano Jiménez.

No sirvió de nada. Dinero tirado, y mucho. En septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 29 de los de Plaza de Castilla emitió Auto por el que se archivaba la querella presentada por Tofiño y Vaquero. El socio del bufete Garrigues sufría una derrota bochornosa que hubiera humillado al más asustadizo de los pasantes y, entre tanto, el tiempo y los hechos van acreditando lo que en Notitia Criminis se ha ido denunciando.


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