El Gobierno amenaza con desahuciar a cinco familias de viviendas públicas de Sareb

El pasado mes de enero el Estado tomaba el control de la SAREB, el “banco malo” creado en 2012 para acoger los activos tóxicos de la banca rescatada, después de que la Unión Europea obligase a España a asumir como propia la deuda de 35.000 millones de dicha entidad. Lejos de aprovechar la oportunidad para ampliar el parque público con las más de 60.000 viviendas de la SAREB, el Gobierno cedió en abril la gestión de las mismas a Blackstone y KKR, dos fondos de inversión norteamericanos con un amplio historial de especulación y abusos inmobiliarios.

Las familias hoy bajo amenaza de desahucio viven en el número 14 de la calle Juan Antón, en el distrito madrileño de Latina. Firmaron contratos de arrendamiento con la inmobiliaria Afania Consulting SL antes de que ésta entrara en concurso de acreedores en 2012. Sus inmuebles acabaron siendo adquiridos en subasta por la SAREB, que se negó a respetar los contratos de arrendamiento vigentes -cuya renta seguían pagando los inquilinos- o a renegociarlos de alguna forma, exigiendo el lanzamiento de las inquilinas. A principios del mes de mayo, ya con el edificio bajo la gestión de los fondos buitre, los juzgados madrileños notificaron un aviso de desahucio para el próximo 1 de junio.

Desde entonces, las vecinas y vecinos de Juan Antón 14 se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas en el PLAN SAREB, una campaña que agrupa a más de trescientos hogares como el suyo en todo el territorio estatal, para exigir una negociación colectiva con el antiguo banco malo, ahora devenido inmobiliaria pública. El pasado 5 de mayo, PLAN SAREB anunció que denunciará ante la Fiscalía Europea “las irregularidades detectadas en materia financiera” con el fin de suspender la venta de activos inmobiliarios hasta que se clarifique en auditoría pública la situación de los mismos.

Para el Sindicato de Inquilinas, este caso demuestra que los nuevos gestores de la SAREB -Blackstone y KKR- ignoran por completo los criterios sociales en su manejo de estas viviendas de propiedad pública. El colectivo considera que una renegociación de los contratos de arrendamiento es “lo mínimo que cabe exigir al Gobierno”, dado que su propio proyecto de Ley de Vivienda, actualmente en trámite, prohíbe la venta de viviendas de titularidad pública, destino que sin duda espera al inmueble de la calle Juan Antón en caso de efectuarse el desahucio.

El Sindicato de Inquilinas ha convocado a toda la ciudadanía madrileña a concentrarse en la puerta del inmueble el próximo miércoles 1 de junio, a las 8.30 de la mañana, con el fin de imposibilitar el desahucio de los cinco hogares afectados, y recuerdan al Gobierno que no puede permitirse no responsabilizarse de esta situación.