Redacción •  Vivienda •  24/02/2021

CCOO, UGT, Sindicato de Inquilinos, PAH y otras organizaciones piden que la Ley garantice el derecho a una vivienda digna y asequible a la ciudadanía

PAH, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, CGT, UGT y CCOO han convocado una movilización ciudadana para conseguir que la futura ley de vivienda incluya, entre otras cosas, la regulación estatal de alquileres a precios adecuados para los salarios.

CCOO, UGT, Sindicato de Inquilinos, PAH y otras organizaciones piden que la Ley garantice el derecho a una vivienda digna y asequible a la ciudadanía

El gobierno está preparando la Ley por el Derecho a la Vivienda. En este sentido el partido mayoritario del Gobierno de coalición, el PSOE, ha anunciado, a través de su Secretario de Organización José Luis Ávalos, que no quiere regular los alquileres: “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado” que genera “actividad económica” y busca “seguridad jurídica respecto de las inversiones”, ha señalado el también Ministro de Fomento, amenazando así con romper el acuerdo que firmaron para formar Gobierno y para cerrar los presupuestos, con UP y con las fuerzas parlamentarias de la investidura. Un acuerdo que asumieron con la sociedad civil: el acuerdo presupuestario llegó poco después de que más de 9.000 organizaciones sociales pidieran al Gobierno que regulase los alquileres.

La «Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda«, con más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran, entre otras muchas, la PAH, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, COESPE, ATTAC, CGT, UGT y CCOO han lanzado un manifiesto titulado «Por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada«, para exigir al Gobierno que la Ley que se presentará en los próximos días garantice el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible a toda la ciudadanía, con garantía de suministros básicos.

El manifiesto contiene tanto una síntesis de las reivindicaciones fundamentales que debe incluir la Ley, como el desarrollo explicativo que las concreta, con el firme objetivo de conseguir que la futura Ley garantice «de una vez y de manera efectiva» el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía del estado.

En el mismo apuntan: «Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.»

Para el Sindicato de Inquilinas e Inquilino de Madrid, una vez más, «el PSOE cede ante las presiones de la patronal inmobiliaria y los fondos buitre». Si se confirma la propuesta explicada por el Ministro Ábalos, «los fondos buitres no sólo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límites, sino que además gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación o las políticas de vivienda. En resumen, más favores fiscales para los que más tienen. Este anuncio es simplemente intolerable: supone no solo pisotear los acuerdos adquiridos y dar la espalda a la sociedad civil, sino condenar a millones de personas a abusos en el mercado de la vivienda.»

Por todo esto, desde el Sindicato de Inquilinas piden al resto de fuerzas políticas que no apoyen ninguna propuesta de Ley de Vivienda «que no incluya la regulación de alquileres en los términos en que el PSOE se ha comprometido repetidas veces: en el acuerdo de Gobierno, en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado y en declaraciones del ministro Ábalos en sede parlamentaria

El secretario de Juventud de CCOO ha señalado que “detrás del drama que sufren miles de personas con los desahucios, de los problemas para poder acceder a una vivienda, del hacinamiento, de la pobreza energética y de la precariedad vital de no tener un techo, en la mayoría de los casos se encuentran motivaciones laborales, de paro, de precariedad salarial y de condiciones de trabajo que, junto al insuficiente marco de protección social, generan grandes bolsas de vulnerabilidad”.

Para UGT el problema de la vivienda en España “es complejo, viene de lejos e intervienen muchos actores”, por eso hay que “dejar de hablar y empezar a hacer, como ya pusimos de manifiesto en nuestra iniciativa sindical por una vivienda digna que presentamos en febrero del año pasado conjuntamente con CCOO, para garantizar el derecho constitucional y reconocido en la Carta Social Europea a una vivienda digna. La vivienda hoy en día se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tiene tanta importancia para su disponibilidad de renta, como negociar bien su convenio colectivo. Por eso hay que propiciar que se tomen medidas y se adopten políticas para tener una vivienda digna en unas condiciones compatibles con su salario”.

Las 8 medidas recogidas en el manifiesto que debería recoger la ley son:

Debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada.

Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada. Obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores.

– Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años.

Regulación estatal de alquileres a precios adecuados para los salarios. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos.

Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.- Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.

– Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.

– Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.


burbuja alquiler /  Ley Vivienda /