La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales pide al PP que permita la convalidación del decreto de prórroga de alquileres pero los populares se niegan porque «no comparten políticas intervencionistas»
- La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales ha pedido al PP que permita la convalidación del decreto de prórroga de alquileres mañana en una reunión que ha mantenido en el Congreso de los Diputados con una delegación del Grupo Parlamentario Popular encabezada por la presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso, Isabel Borrego y el portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, Sergio Sayas, que han adelantado su oposición a la convalidación.
- Junto a la necesaria prórroga de los alquileres en el actual contexto de crisis habitacional y subida de precios derivada de la Guerra de Irán, los representantes de la CEAV han trasladado a los diputados populares la necesidad de un gran acuerdo estatal que incluya, entre otras medidas, la regulación del alquiler de temporada, el desarrollo del régimen sancionador de la Ventanilla Única de viviendas turísticas, medidas fiscales para fomentar la rehabilitación y un plan de choque de inversión en vivienda pública. Sobre estas cuestiones, los diputados del Grupo Popular se han comprometido a analizarlas y profundizar en ellas a través de un diálogo con la Confederación, que se abre tras la reunión celebrada en el día de hoy.
- El Congreso de los Diputados rechazó el 26 de febrero con los votos de PP, Junts y Vox prorrogar la moratoria de desahucios que mantenía paralizados unos 70.000 desalojos de personas en situación de vulnerabilidad.
- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas facilita modelos de burofax para solicitar la prórroga a los 2,6 millones de afectados y anuncian asambleas en 29 ciudades y advierte que solo quedan 13 días para pedir la prórroga de alquilar antes de que el Decreto decaiga por la suma previsible de los votos de PP, Vox y Junts.
Esta mañana, una delegación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que agrupa a más de un centenar de federaciones y confederaciones y a más de 3.000 colectivos vecinales, ha mantenido un encuentro en el Congreso de los Diputados con representantes del Grupo Parlamentario Popular en el que les ha pedido que su formación no impida la convalidación del decreto de la prórroga de alquileres, algo que se votará en la Cámara Baja el 28 de abril.
El presidente de la CEAV, Julio Molina, ha encabezado la delegación vecinal. Ha estado acompañado por la vicepresidenta de la entidad, Margarita García, su secretaria, María José Villamarín, y su responsable de Relaciones Institucionales y presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular han asistido a la reunión la presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso, Isabel Borrego, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Sergio Sayas, la portavoz de la Comisión de Vivienda, Cristina Agüera, la portavoz adjunta de esta misma comisión, Sol Cruz, y el secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Miguel Ángel Sastre.
Para la CEAV, la prórroga de los alquileres es una medida esencial en el actual contexto de emergencia habitacional, un contexto que empeora día tras día debido a la actual subida de precios provocada por la Guerra de Irán. Beneficiaría de manera directa a un millón de familias.
Pero, lamentablemente, los diputados del PP no se han mostrado dispuestos a votar a favor de la convalidación de esta prórroga el próximo 28 de abril ya que, ha señalado, no comparten «políticas intervencionistas».
Los responsables vecinales también han defendido durante la reunión la necesidad de alcanzar un gran acuerdo estatal que incluya, entre otras medidas, la regulación del alquiler de temporada, el desarrollo del régimen sancionador de la ventanilla única de viviendas de uso turístico, incentivos fiscales de fomento de la rehabilitación y un plan de choque de inversión en vivienda pública. En este punto, los representantes del PP se han mostrado más interesados, comprometiéndose a mantener un diálogo sobre esas medidas para avanzar hacia ese acuerdo que facilite el acceso a la vivienda de la población a partir de políticas públicas impulsadas desde el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
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