Lleida, Reus, Tortosa, Granollers i 18 municipios más perderán la regulación de precios: «Es absurdo»

En marzo de 2027 finaliza el período de tres años de la primera declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) de 140 municipios, donde se aplica el tope del precio del alquiler. Tras este período inicial, las condiciones deben revisarse anualmente para determinar si la declaración se mantiene vigente (una subida sostenida del precio de la vivienda y/o un nivel de esfuerzo familiar determinado para pagar la vivienda).

En la revisión publicada hoy en el DOGC, 22 de estos 140 municipios perderían la declaración y, por tanto, la regulación de precios. Entre ellos hay ciudades como Lleida, Reus, Granollers, Mollet del Vallès o Figueres, que suman 634.171 habitantes.

El Sindicat de Llogateres considera del todo absurdo que estos municipios pierdan la regulación de precios del alquiler. «¿El mensaje para las inquilinas de Reus o Lleida es que ya no necesitan regulación de precios? ¿Que el dueño del piso les puede poner el precio que quiera? ¿Que ya no tienen un problema de vivienda?», ha declarado Enric Aragonès, portavoz del Sindicat.

En algunos de estos municipios los precios han empezado a bajar, precisamente como fruto del tope de precios. «Si la regulación empieza a dar frutos, esto no puede ser motivo para levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario», ha insistido Aragonès. Los precios, de hecho, siguen siendo de burbuja pese a la contención: en Granollers, de hecho, el precio medio según los últimos datos disponibles es de 826 euros.

Hay que revisar los criterios con los que se declaran las zonas tensionadas

Esta renovación de las ZMRT pone de manifiesto que los criterios tienen defectos de diseño y dan lugar a situaciones absurdas. El Ministerio, junto con los grupos del Congreso, deberían revisar estos criterios para evitar situaciones en que los municipios entren y salgan anualmente de las declaraciones.

Es previsible que el levantamiento de la regulación de precios en estos municipios tenga como efecto una nueva subida del precio del alquiler. Basta recordar que en los últimos dos años el alquiler ha subido un 9,5% en los municipios sin regulación, mientras se mantenía congelado (-1,3%) en los municipios con regulación.

Además, teniendo en cuenta que el problema afecta a todo el país, tendría sentido pensar en declaraciones por veguerías o ámbitos supramunicipales que no hagan caer tan fácilmente municipios donde es evidente que el problema persiste.

Necesitamos una regulación que baje los precios… y hacerla cumplir

El Sindicat de Llogateres considera que hay margen para mejorar esta regulación de precios, haciéndola más estricta para evitar efectos indeseados. Es necesaria una regulación de alquileres que baje los precios, no solo una regulación que estabilice unos precios ya previamente desorbitados. Para conseguirlo, hay que ser más ambiciosos tanto en el diseño como en la implementación de la regulación. Hay que tener en cuenta que el diseño actual de la regulación está pensado para contener precios y no para bajarlos. Es decir, la regulación está cumpliendo el objetivo para el que fue diseñada, pero ese objetivo no es suficiente.

En primer lugar, una mejora relevante de la actual regulación sería acabar con las actualizaciones anuales del precio del alquiler. Gran parte del aumento de precios en los nuevos contratos viene dado por las actualizaciones anuales que se han añadido durante el contrato anterior, ya sea basándose en el IPC o el IRAV. Para bajar el precio de los alquileres, es necesario limitar de manera clara estas subidas encubiertas de precio que se dan anualmente dentro de los contratos.

En segundo lugar, es necesaria una revisión del diseño del índice de referencia para que provoque bajadas de precio acentuadas. El índice de referencia es la única herramienta que podría hacer efectiva una bajada de precio en los alquileres. Sin embargo, el hecho de que el índice tome como referencia los precios de alquiler vigentes, que son unos precios de burbuja, lo imposibilita. La revisión del índice debe tener el objetivo de corregir los excesos de precio que se permiten con los cálculos actuales. No hay ninguna complicación técnica: solo hay que rehacerlo para poner límites más bajos a los precios.

En tercer lugar, haría falta más exhaustividad en garantizar una correcta implementación de la regulación de alquileres. De poco sirve cualquier regulación si no se asegura que nadie se la salta. En este sentido, sería eficiente establecer nuevos mecanismos de control de oficio de los nuevos contratos de alquiler habitual que se firman, garantizando que aplican los topes adecuadamente. No debería ser complicado para un ente como el INCASÒL poder hacer una revisión sistemática de las fianzas depositadas ante cada nuevo contrato de alquiler para detectar subidas ilegales.

Por último, hay que perseguir activamente y sancionar sistemáticamente los incumplimientos de la regulación de precios: a punto de cumplirse los tres años de la regulación de precios, las primeras multas han llegado hace pocos meses y con cuentagotas. No tiene ningún sentido sacar ciudades de la regulación cuando prácticamente todavía no ha habido sanciones para hacerla cumplir como es debido.

Con regulación o sin ella, no aceptaremos subidas de precio

Pese a la caída de esta regulación de precios en estos 22 municipios, el Sindicat de Llogateres de Catalunya hace un llamamiento a todas las personas que viven allí a no aceptar ninguna subida de precio.

La principal herramienta para conseguir bloquear las subidas, y llegar hasta esta regulación de precios, ha sido la lucha sindical, mucho antes de disponer de esta regulación que ahora cae. La nueva situación en Lleida, Figueres o Granollers aumenta la desprotección legal, así que es la lucha sindical lo que puede sostener las condiciones de vida de las inquilinas en estas poblaciones.