Adelante Andalucía lleva al Parlamento la venta de las 102 VPO de Jiménez-Becerril tras reunirse con las familias afectadas

El portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla y diputado en el Parlamento de Andalucía, Javier Montes, ha mantenido una reunión con las familias residentes en las 102 viviendas protegidas situadas en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril número 27 para conocer de primera mano su situación tras la venta del edificio a la empresa Lagoom Living, vinculada a capital sueco y se ha comprometido a llevar el caso al Parlamento de Andalucía.

Durante el encuentro, los vecinos trasladaron a Adelante Andalucía su preocupación por el futuro de sus hogares y por las consecuencias que podría tener esta operación sobre las condiciones de alquiler. Según denuncian las familias afectadas, algunas de las previsiones comunicadas apuntan a incrementos de renta que podrían alcanzar hasta el 46%, una situación que pondría en riesgo la permanencia de numerosos hogares en unas viviendas a las que accedieron precisamente por su condición de protección oficial y alquiler asequible.

Tras la reunión, Javier Montes ha anunciado el registro de iniciativas parlamentarias y solicitudes de información dirigidas a la Junta de Andalucía para esclarecer todos los detalles de una operación que afecta a más de un centenar de familias sevillanas y que plantea importantes interrogantes sobre el futuro de estas viviendas.

“Hace apenas unos días veíamos a las administraciones presentar como un éxito la entrega de nuevas promociones de vivienda protegida. Sin embargo, cuando surge la oportunidad de incorporar 102 viviendas ya construidas y en uso al parque público, esa oportunidad se deja pasar. Es una contradicción que merece una explicación”, ha señalado Montes.

“Resulta especialmente llamativo que la empresa que adquiere estas 102 viviendas protegidas sea también una de las adjudicatarias de importantes desarrollos residenciales previstos junto a FIBES. Mientras se anuncian nuevas promociones como solución al problema de la vivienda, las administraciones renuncian a incorporar al parque público 102 viviendas ya construidas, habitadas y con una función social plenamente consolidada. Los sevillanos merecen saber qué criterios han guiado esta decisión”, ha añadido.

“Lo más difícil de explicar es que las administraciones hayan dejado pasar una oportunidad excepcional para ampliar el parque público de vivienda. Según las cifras publicadas, la operación se cerró por alrededor de 4,2 millones de euros para un edificio compuesto por 102 viviendas protegidas, plazas de garaje y locales comerciales. Estamos hablando de poco más de 40.000 euros por vivienda. Mientras se anuncian nuevas promociones que tardarán años en construirse, aquí existía la posibilidad de incorporar de forma inmediata un centenar de viviendas ya edificadas, habitadas y cumpliendo una función social”, ha afirmado.

La formación andalucista solicitará acceso a toda la documentación relacionada con la operación, incluyendo las autorizaciones administrativas emitidas, los informes elaborados por la Junta de Andalucía, las condiciones de protección vigentes sobre el edificio y las garantías existentes para las familias residentes.

Las viviendas de Jiménez-Becerril 27 mantienen actualmente su régimen de protección hasta el año 2036. Para Adelante Andalucía, este hecho refuerza la necesidad de que las administraciones actúen con la máxima transparencia y velen por el cumplimiento de la función social que motivó la construcción de esta promoción.

Para Adelante Andalucía, este caso demuestra una de las principales debilidades de la actual política de vivienda de la Junta de Andalucía. Mientras se priorizan nuevos desarrollos urbanísticos y la colaboración con grandes operadores privados, siguen existiendo importantes carencias a la hora de proteger y ampliar el parque de vivienda asequible ya existente.

Adelante Andalucía se ha comprometido a mantener el contacto con las familias afectadas y trasladará sus reivindicaciones al Parlamento de Andalucía para exigir transparencia sobre esta operación, protección para los inquilinos y medidas que impidan que promociones de vivienda protegida terminen alejándose de la función social para la que fueron creadas.