UED:» La degradación en las políticas de viviendas sociales públicas son las responsables del derribo del bloque C de Aldea Moret»

El barrio de ALDEA MORET responde al modelo urbano social y espacialmente segregado de ciudades extremeñas y españolas, en el que la población se encuentra compartimentada y clasificada por rentas.

 En nuestra visita a este barrio comprobamos como un porcentaje importante del vecindario de este enclave de Cáceres exige que ese bloque se derribe lo antes posible, para dar paso a un parque público muy necesario, así como se adecúe el campo de futbol en donde crece la hierba sin control, y en general, que se elimine la hierba de algunas zonas, se limpie y adecente y se dote de juegos para niños. 

En términos generales, desde UED consideramos que en materia de políticas relacionadas con las viviendas el gran reto de las administraciones públicas será determinar las necesidades de la población, tanto de aquella que necesita una vivienda a un precio asequible, como de quienes habitan en espacios deficitarios e infradotado.

Entre otras medidas que aborden el cumplimiento de la función social de la vivienda, hay que ejecutar sin dilación la aplicación de mecanismos que reactiven el uso de viviendas en manos de organismos públicos para alquiler social. También, es importante un planteamiento político que considere la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas. 

La necesidad de viviendas en una localidad como Cáceres implica antes de programar una política de construcción de viviendas hacer unos planteamientos basados en la rehabilitación que respeten el tejido urbano consolidado.

En este orden de cosas, consideramos urgente por su necesidad la realización de un proyecto de rehabilitación urbana para el enclave poblacional de ALDEA MORET con parques y adecuación de los espacios públicos, abordando la rehabilitación de viviendas, y todos los inconvenientes a los que se enfrenta la población que reside en esta zona, especialmente a los que se derivan de la exclusión social.

Por otro lado, las políticas públicas deben incluir la participación de las clases populares, de las personas que habitan en esos barrios, reconociendo las demandas y necesidades de todos los sectores, sin excluir a nadie, teniendo en cuenta a los que tienen mayores dificultades como resultado de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, ocupaciones, población sin papeles, refugiados, jóvenes sin capacidad de acceso a viviendas, etc. 

Las soluciones deben permitir la integración social completa del conjunto de los ciudadanos, bloqueando procesos de segregación y estigmatización. Además, una cuestión que debemos tener claro es que estos programas no pueden dejarse en manos del sector privado, este no garantiza ni mucho menos, por sí mismo, soluciones para el acceso a la vivienda.