Bolivia. Se firmó en La Paz un «acuerdo de pacificación» entre el gobierno de facto y la COB y algunos movimientos sociales

El Ministerio de Gobierno de la dictadura fue el escenario de la firma de «un acuerdo de pacificación» trabajado con sectores sociales desde el sábado y que de inmediato «da paso al trabajo para la liberación de los detenidos en los hechos de violencia del último tiempo y a la aprobación de una ley en el Legislativo para consolidar la paz en Bolivia».

El ministro de Gobierno de facto, el racista Arturo Murillo, y los dirigentes del Pacto de Unidad, a la cabeza del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, rubricaron la tarde de este lunes el documento que recoge las demandas de los sectores que estuvieron movilizados y bloqueando tras la dimisión de Evo Morales.

«Tenemos que mirarnos como iguales. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que jamás vuelva a ocurrir que bolivianos se enfrenten a bolivianos», sostuvo Murillo, quien formó parte de las negociaciones que fueron mediadas por la Conferencia Episcopal Boliviana y la Unión Europea.

Para Guarachi debe trabajarse desde este martes en la liberación de los detenidos en La Paz, Cochabamba y otros lugares después del 10 de noviembre, día en el que dimitió Morales presionado por las amenazas de los golpistas a la que se sumó un motín policial y la exigencia del entonces mando militar de dimitir.

«Cuatro sectores importantes estarán conformando esta comisión encabezada por el Ministerio de Gobierno, la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, Derechos Humanos y asimismo representantes de organismos internacionales (para la liberación)», sostuvo.

No se tiene una certeza sobre el número de detenidos en este tiempo de conflictos.

A partir del acuerdo, «se da trabajo a la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a la reunión del sábado. Son los trabajos inmediatos y nosotros haremos el seguimiento respectivo», informó Huarachi.

Justamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está pendiente de tratamiento el proyecto de ley para la pacificación del país que tiene 13 puntos y cuyo consenso, entre las organizaciones y el Gobierno, comenzó el pasado sábado en Palacio de Gobierno, con participación de la propia «presidenta» autoproclamada Jeanine Áñez.

Entre los puntos expuestos por las organizaciones sociales estaban el repliegue de las Fuerzas Armadas, la convocatoria inmediata a elecciones generales con la designación de vocales probos y sin filiación política, y la continuidad de los proyectos a favor de las regiones que dejó el anterior Gobierno.

«Tenemos el agrado de mostrarle al pueblo de Bolivia que en continuidad a la reunión que tuvimos el sábado hasta la madrugada del domingo, hemos estado teniendo reuniones con los señores del Pacto de Unidad a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, hemos logrado concluir nuestro acuerdo de pacificación del país», aseguraba Murillo al iniciar la conferencia de prensa.

En la firma estuvieron dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB);la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa;la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB); la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB); y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)

El domingo, la Cámara de Senadores había suspendido el análisis del proyecto de ley para la pacificación del país hasta que el Gobierno y las organizaciones alcancen, precisamente, alcancen un acuerdo definitivo.

Por otra parte, las organizaciones sociales de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico se replegaron a un ampliado de emergencia que se llevará este martes en Lauca Ñ para analizar el cumplimiento de los acuerdos firmados el domingo con autoridades de Gobierno.