AVN •  Internacional •  18/11/2017

Acnur está preocupada por ola de asesinatos de líderes sociales en Colombia

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se mostró preocupada por la ola de asesinatos contra líderes sociales e indígenas en Colombia, donde ya se han registrado 78 activistas muertos en lo que va de año.

Acnur está preocupada por ola de asesinatos de líderes sociales en Colombia

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se mostró preocupada por la ola de asesinatos contra líderes sociales e indígenas en Colombia, donde ya se han registrado 78 activistas muertos en lo que va de año.

«En la mayoría de los casos, las víctimas pertenecen a las comunidades indígenas y afrocolombianas», indicó ACNUR en un reporte emitido desde Ginebra, Suiza y publicado este viernes en su página web.

Acnur destacó que a la fecha «se conocen las muertes de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales este año», y agregó que hay al menos trece sospechas más de asesinatos, por lo que calificó la situación de «alarmante».

De igual modo, resaltó que alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas en la región del Pacífico colombiano en lo que va de 2017, mientras que otras más viven en confinamiento, lo que significa que no pueden acceder a sus cultivos o ir a pescar para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

«Entre el 7 y el 12 de noviembre, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (departamento de Nariño). Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que las personas temen denunciar los abusos», reseña Acnur.

Ante estos hechos, Acnur hizo un llamado al Gobierno de Colombia para que brinde protección a las poblaciones más afectadas, incluidas las personas desplazadas internas, lo cual «es crucial para los esfuerzos de consolidación de la paz» en el país.

Asimismo, Acnur insta a las autoridades colombianas a implementar medidas de protección adicionales tanto para las personas en riesgo como para las comunidades afectadas, y reforzar su presencia en las regiones habitualmente abandonadas por el Estado, «a fin de responder eficazmente a los desafíos del Acuerdo de Paz».


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