La Plataforma Huelva contra el Racismo se posiciona ante el incendio del asentamiento que provocó una víctima mortal en Lucena

Comunicado

La Plataforma social de Huelva contra el Racismo, que agrupa a colectivos sociales como la Asociación de Derechos Humanos, la Asociación Huelva para Todas y Todos, Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIA, la Asociación Maliense de Lepe, la Asociación Multicultural de Mazagón, Asnuci, HOAC, Huelva Acoge, Jornaleras de Huelva en Lucha, La Carpa, Mujeres 24 H, y organizaciones políticas como el PCA y Podemos, han emitido un comunicado en el que muestran su indignación por las consecuencias del incendio del asentamiento en Lucena del Puerto el pasado 15 de septiembre. En este suceso perdió la vida el maliense Ismalia, de 38 años.

Constatamos que la sociedad onubense y andaluza no puede dar crédito a que, después de treinta años, todavía hoy, miles de personas que contribuyen al sostenimiento de la economía provincial tengan que vivir en condiciones absolutamente infrahumanas. Abandonadas en medio del campo, sin luz ni agua, entre montañas de basura que nadie recoge, y víctimas de incendios que se repiten cíclicamente, acabando con sus pertenencias y con sus vidas.

Son ya más de tres décadas en las que todos los actores institucionales parecen coincidir en la desidia o la impotencia a la hora de solventar esta situación, que ya dejó sin aliento en su día al relator especial de Naciones Unidas (Philip Alston, 2020). Ni Inspección de Trabajo (que no consigue controlar la presencia de personas sin contrato en las empresas agrícolas). Ni Freshuelva (que ni siquiera menciona en sus informes esta realidad de la que obtiene beneficio económico). Ni los ayuntamientos (que se niegan a empadronar a esa miles de personas que malviven en sus términos municipales).

Tampoco la Junta de Andalucía o el Gobierno central, con diferentes administraciones, han mostrado suficiente voluntad política para atajar esta problemática o para habilitar condiciones de vida dignas para estas trabajadoras y trabajadores (a pesar de los diferentes planes y proyectos, que enmarcan la situación sin ponerle remedio).

A esta cadena de inconsecuencias y renuncias se ha unido ahora la subdelegada del Gobierno en la provincia de Huelva, María José Rico. Sus declaraciones a los medios de comunicación ante el incendio de Lucena, en las que afirmaba que los ocupantes del asentamiento destruido habían sido realojados y atendidos, han sido desmentidas por las asociaciones que trabajan a diario en la localidad. Los temporeros afectados están pernoctando en la calle y la única ayuda que reciben es la de estas mismas asociaciones, que les entregan donaciones de alimentos y ropa. Asociaciones que manifiestan no entender la intención de la subdelegada al ofrecer una versión irreal de los acontecimientos.

Es la misma perplejidad que genera la actitud del alcalde de Lucena, Álvaro Regidor, que ha negado autorización para que los damnificados reconstruyan el asentamiento. Y la del presidente de la Diputación, David Toscano, cuya institución no manifiesta interés en aportar soluciones a esta lamentable situación.

Ambos mandatarios estuvieron presentes, junto con la subdelegada del Gobierno y la viceconsejera de Agricultura de la Junta, en la inauguración en Lucena del Centro de Interpretación de los Frutos Rojos. Un espacio expositivo vanguardista, financiado por los socios principales de Freshuelva: Caja Rural del Sur, Caixabank y la propia Diputación. Un centro que acoge incluso una sala de realidad virtual sobre el admirable ciclo de los frutos rojos.

A unos centenares de metros, sin embargo, los visitantes pueden asistir en vivo, cada día, al espectáculo de la mayor vulneración de los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras agrícolas que se produce en territorio europeo. La miseria social que sostiene, en buena parte, el “milagro” de los frutos rojos de la provincia de Huelva.

Los colectivos que suscriben el comunicado exigen soluciones de emergencia para atender a la población que se ha quedado a la intemperie y en situación de extrema necesidad en Lucena, así como un gran acuerdo institucional que ponga fin, de una vez por todas, a la lacerante situación de las personas trabajadoras desprovistas de lo más básico que demanda la dignidad humana.