Corte Suprema de Brasil retoma juicio sobre fake news

El 10 de junio, el STF comenzó la vista que definirá si la indagación de las noticias falsas es legal y puede continuar en curso, o si debe ser anulada.

Para el juez Edson Fachin, del STF, el procedimiento es constitucional, siempre que respete normas. De esta manera, limita el alcance del realizado por el ministro Alexandre de Moraes desde comienzos de 2019.

Los otros 10 magistrados de la corte superior analizarán este miércoles la acción del partido Red de Sostenibilidad (REDE), presentada el año pasado para impugnar la forma de abrir la pesquisa.

Por órdenes de Moraes, el 27 de mayo la Policía Federal cumplió con 29 registros y aprehensión de documentos de políticos, empresarios y otros adeptos de Bolsonaro relacionados con el tema.

Las órdenes judiciales se ejecutaron en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Mato Grosso, Paraná y Santa Catarina. También en el Distrito Federal.

Uno de los blancos resultó el presidente del Partido Trabalhista Brasileño, el exdiputado Roberto Jefferson, quien tenía una dirección registrada por los agentes federales en un sitio en Río.

Además de Jefferson, otros objetivos fueron el dueño de la empresa Havan, el empresario Luciano Hang, el diputado por Sao Paulo Douglas Garcia, la activista Sara Winter, el blogger Allan dos Santos y el humorista Rey Biannchi.

Tras la operación, el fiscal general Augusto Aras solicitó la suspensión de la investigación a Fachin, relator de la acción, quien envió el caso a juicio en el pleno.

Al pedir la interrupción, Aras argumentó que correspondía al Ministerio Público dirigir la investigación penal y definir qué pruebas son relevantes.

Además, señaló que estaba en contra de las medidas de registro y confiscación realizadas.

La pesquisa se abrió en marzo del pasado año. En la época, el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, defendió la medida como una forma de combatir la propagación de noticias que alcanzan la honorabilidad y seguridad del Supremo, sus miembros y familiares.

De acuerdo con Toffoli, la decisión de abrir el caso está respaldada por el reglamento interno del tribunal.

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