Ocho países condenan medidas israelíes en Cisjordania
Naciones árabes e islámicas calificaron de ilegal la apropiación de tierras palestinas y una escalada peligrosa destinada a acelerar la actividad de asentamientos.
Ocho países árabes e islámicos condenaron enérgicamente la decisión de «Israel» de clasificar zonas de la Cisjordania ocupada como supuestas «tierras del Estado», así como de iniciar por primera vez desde 1967 un amplio proceso de registro y regularización de la propiedad.
En una declaración conjunta, los cancilleres de Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía, consideraron la medida como una escalada grave y una violación flagrante del derecho internacional.
La decisión ilegal israelí constituye una escalada peligrosa destinada a acelerar la actividad de asentamientos, la confiscación de tierras y la consolidación del control y la soberanía israelíes sobre los territorios palestinos ocupados.
Estas acciones vulneran de forma manifiesta el derecho internacional humanitario, en particular la Cuarta Convención de Ginebra, y contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a Cisjordania.
Según aseguraron, la decisión contradice la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia sobre las políticas israelíes en los territorios palestinos y constituye un intento de imponer una nueva realidad jurídica y administrativa que consolide el control sobre el territorio ocupado.
Los países reiteraron su rechazo categórico a todas las medidas unilaterales encaminadas a alterar el estatus jurídico e histórico de los territorios palestinos ocupados.
Instaron a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas firmes para poner fin a las violaciones en Cisjordania.
Ilegales planes de expansión
El domingo último, el Gobierno israelí aprobó un amplio plan para la regularización de tierras en Cisjordania ocupada, en una iniciativa sin precedentes desde la guerra de 1967, orientada a convertir extensas áreas de propiedad palestina en bienes del “Estado de Israel”, como paso previo a un eventual plan de anexión y a la imposición de soberanía israelí.
La decisión contraviene las normas y convenios internacionales que prohíben la transferencia de propiedad en territorios ocupados.
De acuerdo con los informes, la Autoridad de Registro y Regularización de Derechos sobre la Tierra, dependiente del Ministerio de Justicia israelí, será la encargada de ejecutar el proceso sobre el terreno, con la asignación de un presupuesto específico y criterios definidos para garantizar su aplicación efectiva.
Relacionado
