Redacción •  Actualidad •  11/10/2026

FSC-CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación 815 nuevas plazas de personal funcionario en su ámbito de gestión

El sindicato exige que la reciente creación en el ámbito no transferido de 99 nuevas plazas judiciales y 63 nuevas plazas fiscales vaya acompañada de un incremento de las plantillas funcionariales en la misma proporción. «De no hacerlo, esta medida resultará inútil. La sobrecarga de trabajo en los tribunales y fiscalías seguirá siendo la norma habitual y el servicio público de la Administración de Justicia seguirá siendo igual de lento y de ineficaz que en la actualidad».

FSC-CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación 815 nuevas plazas de personal funcionario en su ámbito de gestión

El Real Decreto 422/2025 creó nuevas unidades judiciales de Violencia sobre la Mujer que, en el ámbito no transferido (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla), se concretaron en una unidad más en Manacor, Eivissa, Palma, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, León, Valladolid, Murcia, Cartagena, Cáceres, Badajoz y Mérida.

En el mismo Real Decreto se amplió la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal que, en el ámbito no transferido, se concretó con una plaza de Fiscal más en Palma, Manacor, Eivissa, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, León, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Mérida, Murcia y Cartagena.

Por su parte, los Reales Decretos 559/2026 y 560/2026 han creado también nuevas unidades judiciales y nuevas plazas para el Ministerio Fiscal, que en ámbito no transferido se concretan en:

Carrera Judicial:

  • Siete plazas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal de Instancia de Murcia.
  • Seis en el Tribunal de Instancia de Palma.
  • Cinco en el Tribunal de Instancia de Valladolid.
  • Cuatro en la Audiencia Nacional.
  • Tres en la Audiencia Provincial de Murcia (con la creación de una nueva Sección) y en los Tribunales de Instancia de Guadalajara, Toledo, León, Talavera de la Reina, Badajoz y Cartagena.
  • Dos en el Tribunal Central de Instancia y en los Tribunales de Instancia de Lorca, Eivissa, Inca, Illescas, Torrijos. Burgos y Cáceres.
  • Una en el TSJ de Baleares, Audiencias Provinciales de León, Badajoz y Toledo y Tribunales de Instancia de Manacor, Salamanca, Albacete, Ávila, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Puertollano, Ciudad Real, Cuenca, Ocaña, Molina de Segura y Totana.

Carrera Fiscal:

  • Once plazas en la Fiscalía General del Estado.
  • Cuatro en las Fiscalías de la Comunidad Autónoma de Baleares y de la Región de Murcia.
  • Tres en la Fiscalía Especial Antidroga.
  • Dos en las Fiscalías del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
  • Una en las Fiscalías de Área de Cartagena, Ceuta y Melilla, Secciones Territoriales de Lorca, Cieza, Inca, Plasencia, Zafra, Ocaña y Talavera de la Reina y Fiscalías Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Burgos, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cáceres y Badajoz.

El mencionado Real Decreto 559/2026 crea también, en el ámbito no transferido, dos nuevas plazas de Jueces y Juezas de Adscripción Territorial en la Región de Murcia y otras dos en Castilla-La Mancha.

En ninguno de estos casos se ha producido aumento de plantilla del personal que integra las oficinas judiciales y fiscales, tanto de los cuerpos generales (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) como de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, lo que, en las localidades afectadas, supone para el personal de estos cuerpos funcionariales un incremento de las cargas de trabajo, absolutamente inasumible con el personal actual, para el despacho de los asuntos asignados a estas nuevas unidades de las carreras judicial y fiscal.

La creación de nuevas plazas judiciales y fiscales exige, para la tramitación de sus resoluciones, el personal necesario que CCOO estima, en los ámbitos territoriales de gestión directa del Ministerio de Justicia, en 79 nuevas plazas de LAJ, 214 de Gestión Procesal, 383 de Tramitación Procesal y 139 de Auxilio Judicial.

De no incrementarse las plantillas de personal funcionario en la misma proporción que las de jueces y fiscales, esta medida resultará inútil. La sobrecarga de trabajo en los tribunales y fiscalías seguirá siendo la norma habitual y el servicio público de la Administración de Justicia seguirá siendo igual de lento y de ineficaz que en la actualidad.


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