CCOO reclama soluciones ante el colapso generalizado de los juzgados de lo Social

Una trabajadora despedida cuando está embarazada demanda a la empresa ante la justicia en marzo de este año, pero el juicio no será hasta febrero de 2027. Un trabajador que sufre epilepsia y pide una adaptación de puesto de trabajo, pero su empresa se la niega; demanda, pero su juicio no se verá hasta enero de 2027. Historias así se están dando en muchas provincias españolas donde existe un colapso estructural de la jurisdicción Social, donde las personas trabajadoras reclaman derechos esenciales relacionados con salarios, despidos, prestaciones, o conciliación. Sin una justicia que llegue a tiempo, los derechos de las personas trabajadoras se ven gravemente afectados, y es lo que hoy ha denunciado en rueda de prensa Comisiones Obreras.

El sindicato ha anunciado la presentación de distintas actuaciones ante el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. El sindicato también presentará una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de la Carta Social Europea revisada. 

La demora acumulada y generalizada muestra que el problema no es puntual ni se limita a algunos juzgados. Se trata de una demora estructural que erosiona el derecho fundamental de las personas trabajadoras a la tutela judicial efectiva, al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y, en última instancia, a la efectividad real de los derechos laborales y sociales. La jurisdicción social es una pieza esencial del Estado social y democrático de derecho; es dónde acuden las personas trabajadoras cuando se vulneran sus derechos laborales. 

En la rueda de prensa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que “estamos ante un problema estructural de Estado de derecho en el ámbito laboral”. “La jurisdicción social es el espacio donde las personas trabajadoras hacen valer derechos esenciales relacionados con salarios, despidos, prestaciones, conciliación o derechos fundamentales. Cuando los juicios se señalan a muchos meses o incluso años vista, el derecho no solo se retrasa: pierde eficacia y deja de cumplir su función protectora”, ha añadido.

Sordo ha advertido de que “la demora en la jurisdicción social ha alcanzado una dimensión estructural y en numerosos territorios y materias compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”. Por ello, considera que no es un problema “meramente organizativo o administrativo, sino a una cuestión que afecta directamente a la tutela judicial efectiva de los derechos laborales y sociales”.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial, analizados por CCOO, son concluyentes: la duración media de los procedimientos es elevada y se observa una tendencia de deterioro en materias especialmente sensibles. La duración media estimada de los procedimientos en los juzgados de lo social alcanzó 11,4 meses. En la fase de recurso, la duración estimada ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia fue de 7,2 meses, mientras que ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo alcanzó 13,2 meses.

El sindicato advierte de que, aunque el problema es generalizado en el conjunto de nuestro país, existen importantes diferencias territoriales. La efectividad real de un derecho no puede depender del territorio o el juzgado en el que se ejercita la acción judicial. El código postal no puede determinar la efectividad real de los derechos laborales y protección social. Como ejemplo, en los Juzgados de lo Social en Andalucía, la duración media de los procesos supera los 16 meses. 

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha resaltado que “los datos analizados muestran un incremento muy importante de la presión sobre la jurisdicción social en los últimos años”. “Mientras los asuntos ingresados en el sistema judicial han aumentado de forma sostenida, los recursos materiales y humanos no han crecido al mismo ritmo, lo que explica buena parte del colapso funcional que sufren numerosos juzgados de lo social en nuestro país”.

“Esta situación está lesionando el derecho de tutela judicial efectiva de las personas trabajadoras. Cuando un juicio por salarios, despido o prestaciones tarda un año o más en señalarse, se agrava el desequilibrio entre empresa y trabajador y se debilita la capacidad real de defender derechos laborales básicos”.

Esta demora estructural en la jurisdicción social también distorsiona los procesos de conciliación entre las personas trabajadoras y las empresas. La conciliación debería ser un espacio de solución equilibrada de los conflictos, pero cuando la alternativa es esperar meses o años a un juicio, la persona trabajadora negocia en una posición debilitada. En estas condiciones, se favorecen soluciones negociadas a la baja en materias tan sensibles como salarios o indemnizaciones por despido.

Desde la organización sindical se reconoce el esfuerzo de jueces y juezas, letrados y letradas de la Administración de Justicia, personal funcionario y operadores jurídicos, sin embargo, se advierte de que el sistema está dimensionado por debajo de las necesidades reales de la conflictividad laboral y social del país.

También ha intervenido en la rueda de prensa la directora del Gabinete Jurídico de CCOO, Eva Urbano, quien ha alertado sobre el problema de congestión y colapso afecta al conjunto de la Administración de Justicia, pero ha asegurado que “en la jurisdicción social adquiere una especial gravedad por la naturaleza de los derechos que están en juego. Hablamos de salarios, prestaciones, incapacidades, despidos o derechos fundamentales vinculados directamente a las condiciones materiales de vida de las personas trabajadoras”.

 “No podemos normalizar que reclamar un salario, una prestación, una incapacidad o denunciar la vulneración de un derecho fundamental implique esperar durante meses o años para obtener una respuesta judicial. Una justicia tardía deja de ser una justicia efectiva, especialmente en el ámbito social”, ha advertido.

CCOO exige que se adopten medidas urgentes en el ámbito de esta jurisdicción ante un problema que pone en cuestión la calidad del Estado de Derecho. La jurisdicción social debe tratarse como una prioridad democrática, social y presupuestaria. No se puede normalizar que reclamar un salario, una prestación, una incapacidad, un despido o un derecho fundamental suponga esperar durante meses o años. La jurisdicción social debe ser rápida porque los derechos laborales son derechos vinculados a las condiciones materiales de vida.