El «dinero oscuro» consolida su influencia legal en el sistema electoral estadounidense
EE.UU., permitiendo que corporaciones y multimillonarios inyecten 1.900 millones de dólares sin rostro para controlar el poder político.
Académicos, investigadores sociales y organizaciones de transparencia denuncian que la corrupción política en Estados Unidos dio un giro estructural al reemplazar los sobornos ilegales por el peso del dinero privado ejercido mediante mecanismos plenamente legales.
El fenómeno queda expuesto en el documental The Dark Money Game, producido por CNN, dirigido por Alex Gibney y basado en las investigaciones periodísticas de Jane Mayer en su libro Dark Money, donde se examina cómo multimillonarios, organizaciones sin fines de lucro y grupos políticos influyen en elecciones, nombramientos judiciales y debates legislativos sin revelar el origen de los fondos.
El punto de inflexión del sistema financiero electoral ocurrió en enero de 2010 con el fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral. La sentencia determinó que las corporaciones, sindicatos y organizaciones pueden realizar gastos políticos independientes sin límite, bajo la premisa de que las erogaciones representan una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
A 15 años de la resolución, el Brennan Center for Justice (centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York) afirma que el fallo redefinió el financiamiento político.
En un análisis publicado este año, la institución sostuvo que la elección federal de 2024 consolidó este modelo con una presencia sin precedente de grandes donantes y fondos no rastreables para el electorado.
El término dark money o «dinero oscuro» describe los recursos destinados a influir en comicios por parte de entidades que, conforme a la legislación estadounidense, no están obligadas a revelar la identidad de sus financiadores. Durante el ciclo electoral de 2024, estas organizaciones canalizaron al menos 1.900 millones de dólares a las elecciones federales, casi el doble del récord registrado en 2020, monto imposible de rastrear con precisión mediante los mecanismos actuales de transparencia.
Los investigadores alertan sobre la transformación del esquema operativo. Inmediatamente después de Citizens United, el gasto se dirigía a publicidad política directa; actualmente, los recursos fluyen mediante transferencias multimillonarias hacia comités de acción política independiente y otras estructuras que ocultan el origen del financiamiento.
Muestra de esta concentración es que, en las elecciones legislativas de medio término de 2022, solo 21 familias de magnates contribuyeron con 783 millones de dólares, mientras que los donantes multimillonarios aportaron el 15 por ciento de la totalidad de los fondos en las elecciones federales.
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