140 organizaciones de todo el mundo reclaman una “nueva economía” que respete el trabajo de cuidados de las mujeres
Alianza por la Solidaridad-Action Aid se suma a la red que demanda la suspensión de la deuda externa, en crisis de salud como la del COVID-19.
06 de mayo.- La crisis económica global que ha provocado la pandemia por el COVID-19 ha supuesto cientos de millones de despidos en todo el mundo y cientos de millones de personas sin contrato se han quedado sin ingresos tras cierre de empresas y mercados, caídas de las bolsas internacionales o pérdidas por drástica bajada de exportaciones. La situación en los países en desarrollo es dramática y los aplazamientos en el pago de deuda externa o recortes de un 25%, como los anunciados por el FMI o el Banco Mundial, no son suficientes.
Así lo denunciamos dentro de la campaña global “Cuando las mujeres paramos, el mundo se para” un total de 140 organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos, redes y plataformas de todos los continentes, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad-Action Aid. En el documento se destaca la necesidad de una condonación total de la deuda de estos países, el necesario cambio económico para favorecer inversiones en servicios públicos y la prioridad de tener en cuenta la situación de miles de millones de mujeres que se dedican a los cuidados sin recibir ninguna remuneración por ello.
Una investigación de Action Aid destaca que de promedio, las mujeres pasan cuatro horas y 25 minutos diarios en atención no remunerada y trabajo doméstico, en comparación con una hora y 23 minutos de los hombres. Es una cifra que mejora en menos de un minuto por año. Si ese trabajo se valorara de forma adecuada, constituiría al menos el 9% del PIB mundial o 11.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).
Para las organizaciones y firmantes individuales de esta campaña, proveer de servicios públicos sensibles al género es fundamental para cumplir con los derechos humanos y para transformar la vida de las mujeres, entre otros, los servicios de calidad de cuidado infantil temprano, educación pública, salud y agua, así como inversiones en energías renovables, agricultura y protección social.
Desafortunadamente, en casi todo el mundo y particularmente en los países en desarrollo, los servicios públicos durante décadas no han dispuesto de los fondos suficientes, por lo que estos países ahora no tienen capacidad de cumplir con los derechos más básicos de las personas y están muy lejos de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Es algo manifiesto en el marco de la actual crisis, donde se encuentran sin una respuesta efectiva a la pandemia del COVID-19. La razón hay que buscarla en que se han seguido fórmulas económicas que han obligado a no dedicar fondos suficientes a ni salud pública ni, en general, a los servicios públicos. Al contrario, se han promovido la privatización de necesidades tan básicas como el agua o servicios sanitarios.
La investigación de Action Aid revela como hay países que gastan más del 12% de sus presupuestos en el pago de la deuda externa mientras son invariablemente obligados a recortar sus gastos en servicios públicos. Muchos gastan más en esa deuda que en educación y salud combinadas. Por ello, los gobiernos de los países en desarrollo deben suspender todos los pagos de la deuda en el contexto de COVID-19 y renegociar las condiciones de forma que en el futuro ésta nunca supere el 12% de sus presupuestos nacionales. En estos momentos, tienen que gastar todo lo que recaudan en impuestos en una respuesta integral a la pandemia, sin abonar viejas deudas.
En concreto, el informe señala que en todos los países en desarrollo, el FMI mantiene el gasto público bajo: en el 80% de ellos les impone objetivos de inflación innecesariamente reducidos, en el 96% mantiene objetivos de déficit y en el 78% llega a congelar salarios públicos, lo que impide ‘de facto’ que puedan emplear más docentes, personal sanitario o trabajadoras/es para los cuidados. Son las áreas donde debiera invertirse más.
Además, y dado que estos países hay poca carga fiscal para los que más recursos tienen, habría que expandir los impuestos de forma justa, un 1% más al año hasta 2030, recaudación con la que podrían mejorar sus servicios públicos.
Esta combinación de acciones (suspensión de la deuda externa y fiscalidad más justa) permitiría ahorrar a las mujeres 9.000 millones de horas diarias en trabajo no remunerado y trabajo doméstico y aumentar sus oportunidades de acceder a trabajo decente incluso en el sector público. Si algo está demostrando la pandemia es que, después de décadas en las que se ha insistido en que la alta tecnología es el futuro, cuando llega una gran crisis, lo fundamental son los trabajos que tienen como eje a las personas: personal médico y de enfermería, docentes, personal de limpieza, transportistas, sector de cuidados o líderes en pequeñas comunidades. En casi todos esos sectores, las mujeres son mayoría y muchas veces dentro del llamado trabajo informal y no reconocido.
Todas las organizaciones firmantes compartimos que a la situación de crisis actual no se ha llegado sólo por culpa del coronavirus sino a causa de un sistema económico global y una arquitectura financiera que permite la existencia de paraísos fiscales, mientras se deja de lado el desarrollo sostenible, la salud pública, los daños ambientales, el cambio climático, la ayuda de cooperación (muy alejada del 0,7% del PIB) o el mencionado reconocimiento del trabajo de cuidados de las mujeres. Las advertencias para cambiar esta tendencia se han sucedido en crisis sanitarias anteriores, como el SARS, MERS, ébola o zika, que demostraron que el vaciamiento de los Estados acaba por dejar la supervivencia de las personas en manos de las comunidades, en muchos casos en manos de las mujeres.
Para los firmantes del documento, la mencionada combinación de acciones sobre la deuda externa, aumento de impuestos a los más ricos y una austeridad controlada puede permitir un cambio radical y favorecer a los servicios públicos sensibles a aumento de empleo femenino. “Necesitamos una nueva economía, una que no solo mida el progreso por el crecimiento del PIB, ignorando los límites planetarios y haciendo invisible el trabajo no remunerado de las mujeres. En el mundo post-Covid-19 necesitamos construir sociedades y economías que se preocupen tanto de las personas como del planeta”, se señala.
Desde este punto de vista, defendemos que la atención a los cuidados debería estar en el centro de las preocupaciones globales, en lugar de estarlo en el capital o los mercados que ignoran los límites ambientales y el valor intrínseco de esos cuidados, provocando que las mujeres y su contribución sea invisible en la economía. Su importancia, sin embargo, se agudizará en los próximos años dada la crisis climática y la creciente dependencia humana de este trabajo feminizado y hoy no reconocido.
Así lo denunciamos dentro de la campaña global “Cuando las mujeres paramos, el mundo se para” un total de 140 organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos, redes y plataformas de todos los continentes, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad-Action Aid. En el documento se destaca la necesidad de una condonación total de la deuda de estos países, el necesario cambio económico para favorecer inversiones en servicios públicos y la prioridad de tener en cuenta la situación de miles de millones de mujeres que se dedican a los cuidados sin recibir ninguna remuneración por ello.
Una investigación de Action Aid destaca que de promedio, las mujeres pasan cuatro horas y 25 minutos diarios en atención no remunerada y trabajo doméstico, en comparación con una hora y 23 minutos de los hombres. Es una cifra que mejora en menos de un minuto por año. Si ese trabajo se valorara de forma adecuada, constituiría al menos el 9% del PIB mundial o 11.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).
Para las organizaciones y firmantes individuales de esta campaña, proveer de servicios públicos sensibles al género es fundamental para cumplir con los derechos humanos y para transformar la vida de las mujeres, entre otros, los servicios de calidad de cuidado infantil temprano, educación pública, salud y agua, así como inversiones en energías renovables, agricultura y protección social.
Desafortunadamente, en casi todo el mundo y particularmente en los países en desarrollo, los servicios públicos durante décadas no han dispuesto de los fondos suficientes, por lo que estos países ahora no tienen capacidad de cumplir con los derechos más básicos de las personas y están muy lejos de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Es algo manifiesto en el marco de la actual crisis, donde se encuentran sin una respuesta efectiva a la pandemia del COVID-19. La razón hay que buscarla en que se han seguido fórmulas económicas que han obligado a no dedicar fondos suficientes a ni salud pública ni, en general, a los servicios públicos. Al contrario, se han promovido la privatización de necesidades tan básicas como el agua o servicios sanitarios.
La investigación de Action Aid revela como hay países que gastan más del 12% de sus presupuestos en el pago de la deuda externa mientras son invariablemente obligados a recortar sus gastos en servicios públicos. Muchos gastan más en esa deuda que en educación y salud combinadas. Por ello, los gobiernos de los países en desarrollo deben suspender todos los pagos de la deuda en el contexto de COVID-19 y renegociar las condiciones de forma que en el futuro ésta nunca supere el 12% de sus presupuestos nacionales. En estos momentos, tienen que gastar todo lo que recaudan en impuestos en una respuesta integral a la pandemia, sin abonar viejas deudas.
En concreto, el informe señala que en todos los países en desarrollo, el FMI mantiene el gasto público bajo: en el 80% de ellos les impone objetivos de inflación innecesariamente reducidos, en el 96% mantiene objetivos de déficit y en el 78% llega a congelar salarios públicos, lo que impide ‘de facto’ que puedan emplear más docentes, personal sanitario o trabajadoras/es para los cuidados. Son las áreas donde debiera invertirse más.
Además, y dado que estos países hay poca carga fiscal para los que más recursos tienen, habría que expandir los impuestos de forma justa, un 1% más al año hasta 2030, recaudación con la que podrían mejorar sus servicios públicos.
Esta combinación de acciones (suspensión de la deuda externa y fiscalidad más justa) permitiría ahorrar a las mujeres 9.000 millones de horas diarias en trabajo no remunerado y trabajo doméstico y aumentar sus oportunidades de acceder a trabajo decente incluso en el sector público. Si algo está demostrando la pandemia es que, después de décadas en las que se ha insistido en que la alta tecnología es el futuro, cuando llega una gran crisis, lo fundamental son los trabajos que tienen como eje a las personas: personal médico y de enfermería, docentes, personal de limpieza, transportistas, sector de cuidados o líderes en pequeñas comunidades. En casi todos esos sectores, las mujeres son mayoría y muchas veces dentro del llamado trabajo informal y no reconocido.
Todas las organizaciones firmantes compartimos que a la situación de crisis actual no se ha llegado sólo por culpa del coronavirus sino a causa de un sistema económico global y una arquitectura financiera que permite la existencia de paraísos fiscales, mientras se deja de lado el desarrollo sostenible, la salud pública, los daños ambientales, el cambio climático, la ayuda de cooperación (muy alejada del 0,7% del PIB) o el mencionado reconocimiento del trabajo de cuidados de las mujeres. Las advertencias para cambiar esta tendencia se han sucedido en crisis sanitarias anteriores, como el SARS, MERS, ébola o zika, que demostraron que el vaciamiento de los Estados acaba por dejar la supervivencia de las personas en manos de las comunidades, en muchos casos en manos de las mujeres.
Para los firmantes del documento, la mencionada combinación de acciones sobre la deuda externa, aumento de impuestos a los más ricos y una austeridad controlada puede permitir un cambio radical y favorecer a los servicios públicos sensibles a aumento de empleo femenino. “Necesitamos una nueva economía, una que no solo mida el progreso por el crecimiento del PIB, ignorando los límites planetarios y haciendo invisible el trabajo no remunerado de las mujeres. En el mundo post-Covid-19 necesitamos construir sociedades y economías que se preocupen tanto de las personas como del planeta”, se señala.
Desde este punto de vista, defendemos que la atención a los cuidados debería estar en el centro de las preocupaciones globales, en lugar de estarlo en el capital o los mercados que ignoran los límites ambientales y el valor intrínseco de esos cuidados, provocando que las mujeres y su contribución sea invisible en la economía. Su importancia, sin embargo, se agudizará en los próximos años dada la crisis climática y la creciente dependencia humana de este trabajo feminizado y hoy no reconocido.
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