Redacción •  Vivienda • 30/07/2020

Las organizaciones del ‘Plan de Choque Social’ en defensa del derecho a la vivienda piden una moratoria de desahucios

Este Gobierno sólo ha cubierto una parte de los desahucios de alquiler: aquellos donde el inquilino “acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional”, suspendiendo su desahucio hasta máximo el 1 de octubre de este año.

Las organizaciones del ‘Plan de Choque Social’ en defensa del derecho a la vivienda piden una moratoria de desahucios

Ante la reactivación de los desahucios pre-covid19, las medidas aún insuficientes del Gobierno post-covid19 y la cronificada falta de vivienda social en España, las organizaciones del ‘Plan de Choque Social’ en defensa del derecho a la vivienda registramos hoy 29 de julio la petición conjunta de un real Decreto-Ley que:

a). Promulgue una moratoria de desahucios para TODAS los hogares vulnerables sin alternativa habitacional, homologando la protección de todas las situaciones de vulnerabilidad, con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado.

b). Establezca la utilización como Parque Público Temporal de Vivienda de todas las viviendas desocupadas propiedad de la SAREB y Bankia, señalando su utilización para alquiler asequible y para vivienda social.

c). Revalorice el IPREM en cuantía proporcional a las subidas del salario mínimo.

Ante la magnitud de la crisis, estas medidas deben garantizarse al menos hasta 2022, sin óbice de establecer posibles compensaciones a pequeños propietarios. Además, antes del fin de la moratoria de desahucios debe aprobarse la ley estatal de Vivienda que tanto bloqueó el PP, y a la que Pedro Sánchez se comprometió antes de autonombrarse «Gobierno progresista».

Sin embargo este Gobierno sólo ha cubierto una parte de los desahucios de alquiler: aquellos donde el inquilino “acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional”, suspendiendo su desahucio hasta máximo el 1 de octubre de este año. Pero esto deja fuera a:

1. Personas cuya vulnerabilidad es anterior a la pandemia, porque por ejemplo sufrieran un ERE antes del estado de alarma. Un hogar vulnerable que cobre una renta o pensión mínima no habrá dejado de percibirla a causa del COVID-19 pero sigue imposibilitándole encontrar una vivienda de mercado. Sin embargo, será desahuciada sin alternativa.

2. Además, hay unos requisitos que por su redactado dejan fuera a quienes viven de alquiler en una habitación o quienes compartiendo piso el afectado por el ERTE no es titular del contrato, y otras circunstancias como personas en precario. Texto que no ha sido enmendado pese a las enmiendas facilitadas por la PAH hace meses para mejorarlo y que nadie se quede atrás.

En cuanto a los desahucios por hipoteca, sí se prorrogó la moratoria anterior del Partido Popular incrementando el tope de ingresos para acogerse, pero por ejemplo siguen quedándose fuera hogares sin hijos, pues sólo recoge los casos de vulnerabilidad más grave. Esto significa que podrían verse desahuciadas personas incluso perteneciendo a un grupo de riesgo ante el COVID-19.

Y ante todos estos desahucios el único parche de la Administración están siendo unos días en albergues para personas sin hogar que ni están adaptados para familias con niños ni son un hogar estable y seguro en estos momentos de rebrote vírico.

Es urgente un #DecretoStopDesahucios. Y que sepa el Gobierno que nos tendrá en frente mientras no tome las medidas suficientes para que las de abajo no volvamos a pagar la crisis. #ViviendaPorDerecho.


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