En Comú Podem pregunta al Gobierno por la venta de armas a Arabia Saudí
Durante el primer semestre de 2016, tal y como figura en el informe sobre exportaciones de material de defensa y de doble uso elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, el gobierno español ha vendido armamento a Arabia Saudí por valor de 69,3 millones de euros. La mayor parte de estas ventas se corresponde a granadas de mortero (41,2 millones de €), a la que se añaden proyectiles iluminantes (11,5 millones) y piezas y documentación para aviones (14,7 millones).
Sin embargo, la venta de material militar ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que en junio del presente año presentaban un informe conjunto en el que se denunciaban “violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del propio país” cometidas por el gobierno saudí. La guerra de Yemen, en la que interviene el ejército saudí desde marzo de 2015, se ha cobrado ya más de 10.000 víctimas mortales, la mayoría de ellas civiles. Al mismo tiempo, la represión interior en Arabia Saudí se ha saldado también con la muerte de cientos de opositores.
Por ello, Sara Vilà, senadora ilerdense de En Comú Podem, ha registrado dos preguntas dirigidas al Gobierno de España, con el objetivo de que sean contestadas en comisión por la actual Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal:
-¿Qué opinión le merece al Gobierno la venta de armas a Arabia Saudí?
-¿Conoce el Gobierno la resolución del Parlamento Europeo 2016/2515 (RSP) de 25 de febrero en la que se denunció la intervención saudí en Yemen? Si la conoce, ¿qué opinión le merece?
Sara Vilà y En Comú Podem pretenden poner sobre la mesa y abrir el debate en torno a la venta de armas a regímenes que vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos al tiempo que suponen una amenaza incuestionable para la Paz. España no es sólo uno de los principales suministradores de armamento para Arabia Saudí, sino que también proporciona armas a otros gobiernos sobre los que pesan documentadas acusaciones de vulneración de Derechos Humanos, como por ejemplo buena parte de las monarquías autoritarias que gobiernan en el Golfo Pérsico.
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