Redacción •  Actualidad •  23/05/2021

Un informe de la Abogacía del Estado confirma que la Laguna de la Janda es pública y está usurpada

  • La Asociación de Amigos de la Janda, con el apoyo de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, AEMS-Ríos con Vida, Fundación Savia y la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua, solicitaron en 2018 al Gobierno de España la apertura de un expediente de investigación y recuperación de oficio del dominio público.
  • La Dirección General de Patrimonio del Estado requirió un informe a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objeto de aclarar la titularidad de los terrenos que formaban la antigua Laguna de la Janda.
  • Las conclusiones de dicho informe indican que en la Janda existe una superficie de terreno de 6.165 hectáreas que es dominio público a pesar de que en la actualidad está transformada y desnaturalizada.
Un informe de la Abogacía del Estado confirma que la Laguna de la Janda es pública y está usurpada

Un informe elaborado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), confirma que en la Laguna de la Janda (Cádiz) hay 6.165 hectáreas que son de dominio público y que en la actualidad están usurpadas. Este informe es fruto de un proceso iniciado por la Asociación Amigos de la Janda, en colaboración con Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, AEMS-Ríos con Vida, Fundación Savia y la Red Andaluza de Nueva Cultura de Agua. Estas organizaciones solicitaron en 2018, a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que se iniciara un expediente de Investigación y Recuperación de oficio del Dominio Público. Fue a raíz de esta iniciativa, que este organismo solicitó a la dirección de aguas del MITECO un informe al que estas organizaciones han tenido acceso.

En dicho informe, se expone que en la Janda hay una superficie de terreno deslindado como dominio público de 6.165 hectáreas. Esos terrenos no habrían perdido su calificación de bienes de dominio público “pues aunque se transformen, aunque se desnaturalicen (como así ha ocurrido) seguirán manteniendo esa calificación” y que aunque en 1964 se procedió mediante Decreto al rescate de la concesión en su día otorgada, posteriores actuaciones de las Administraciones han dado lugar “a que aquellos terrenos de dominio público se encuentren hoy ocupados por explotaciones agrícolas de particulares”.

Sobre estos terrenos se asientan hoy en día enormes explotaciones agrícolas intensivas de regadío que reportan beneficios a unas pocas grandes empresas a su vez receptoras de cuantiosas ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. La empresa que ocupa la mayoría de los terrenos públicos, Complejo Agrícola S.L., es, con mucha diferencia, la que mayores subvenciones recibe de pagos directos de la PAC en toda España, más de dos millones de euros en 2019.

Aprovechando esta coyuntura, y una vez acreditada la titularidad pública de los terrenos, los colectivos que han promovido esta iniciativa consideran que tanto el Estado como la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de la Janda deben implicarse a fondo en este objetivo de recuperación para todos de este espacio emblemático del patrimonio natural español y europeo. Este humedal lleva ya más de medio siglo sumido en un lamentable abandono y olvido, su restauración aportaría unos servicios ecosistémicos únicos para el continente europeo y contribuiría de forma relevante a la transición ecológica de esta comarca gaditana hacia un modelo de sociedad más justa y ambientalmente sostenible.

La Laguna de la Janda fue hasta su desecación en la década de los 60 del siglo XX el humedal interior más extenso de España y uno de los de mayor relevancia ecológica de Europa por su ubicación estratégica al borde del Estrecho de Gibraltar, lugar de paso obligado para cientos de miles de aves que anualmente realizan sus migraciones entre Europa y África.

Es, por esto, que la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda y las entidades antes citadas exigen tanto a la Dirección General de Patrimonio del Estado como a la Dirección General de Aguas que no abandonen el expediente y actúen en la recuperación de lo que deben cuidar, recuperar y preservar como Dominio Público Hidráulico.


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