La Comunidad de Madrid abre expediente sancionador por la contaminación y destrucción ambiental en el norte de Alcorcón

Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid valora positivamente la apertura por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de un procedimiento sancionador contra la empresa URCOSA Inmobiliaria 97, S.L. por los graves daños ambientales ocasionados en las parcelas 6 y 153 del polígono 2 del término municipal de Alcorcón.

La organización ecologista fue la primera en alertar públicamente sobre lo que estaba sucediendo en estos terrenos. A finales del mes de abril comenzó a documentar la presencia de maquinaria pesada, los movimientos de tierras, la eliminación de la vegetación y la existencia de grandes cantidades de residuos, entre ellos escombros de construcción, enseres y placas de fibrocemento con amianto.

Desde entonces, Ecologistas en Acción ha realizado un seguimiento continuado de la situación, difundiendo imágenes y denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación, así como poniendo los hechos en conocimiento de las distintas administraciones competentes. El pasado 5 de junio la organización ambientalista presento denuncia ante Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid donde se solicitaba formalmente la paralización cautelar urgente de las actuaciones, petición que no se ha considerado, según se desprende de la lectura del escrito que se ha remitido desde la Comunidad de Madrid, por lo que en este mismo momento se pueden estar reiterando los graves hechos que motivaron la presentación de la denuncia.

El acuerdo de inicio del procedimiento sancionador incorpora los informes elaborados por los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, en los que se constata la realización de movimientos de tierras, decapados de suelo y desbroces de vegetación, así como la retirada, trituración, mezcla y enterramiento de residuos de construcción y demolición junto con otros residuos potencialmente peligrosos.

Asimismo, el expediente señala que, aunque se desconoce la autoría de los vertidos originales, las actuaciones realizadas habrían agravado significativamente el daño preexistente, al desmenuzar y dispersar los residuos por una superficie mayor y sepultarlos bajo capas de tierra, dificultando su adecuada gestión y aumentando la afección sobre el suelo. Ecologistas en Acción apunta que los actuales propietarios eran conscientes, cuando pujaron en la subasta de las citadas parcelas, de la presencia significativa de vertidos ilegales, pues así se detallaba en la descripción de las parcelas que hacía el INVIED, Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, organismo que era titular de las mismas hasta que procedió a su subasta el 21 de marzo de 2023.

La organización ecologista considera especialmente preocupante la eliminación completa de la cubierta vegetal en amplias zonas de las parcelas afectadas, así como la dispersión de fibras de amianto y otros contaminantes, cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud pública deben ser evaluados con rigor, determinando el alcance real de la contaminación producida especialmente en el suelo, para proceder, en su caso, a su declaración y delimitación como suelos contaminados.

De igual manera no comparten la clasificación que establece la Comunidad de Madrid en cuanto a la gravedad de las infracciones cometidas, considerándolas simplemente como GRAVES, pues a su entender encajan plenamente en el artículo 108.2) de infracciones MUY GRAVES, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, careciendo de toda lógica la referencia al artículo 108.3.s) que considera  las infracciones como de “escasa cuantía o entidad” cuando, en realidad, se trata de unas actuaciones que se han prolongado durante varios meses, afectado a unos 985.000m2, contando con la utilización de maquinaria pesada para la fragmentación, dispersión y ocultación de residuos muy peligrosos, como el amianto. Tampoco descartan la posibilidad de que las infracciones producidas en el norte de Alcorcón, finalmente, puedan considerarse de carácter o naturaleza penal, como delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificados en los artículos 325 y 326 del Código Penal.

La organización ecologista lamenta que las reiteradas advertencias realizadas desde finales de abril no dieran lugar a una paralización inmediata de los trabajos. A su juicio, una intervención más temprana de las administraciones competentes podría haber evitado o reducido parte de los daños finalmente: «Llevamos meses advirtiendo de que se estaba produciendo una grave agresión ambiental en el norte de Alcorcón. La apertura de este expediente sancionador confirma que nuestras denuncias estaban fundamentadas y que el daño ocasionado exige una respuesta contundente de las administraciones y una restauración integral de la zona afectada», señalan.

Ecologistas en Acción del Suroeste exige que se determinen todas las responsabilidades derivadas de estos hechos, que se evalúe el alcance real de la contaminación producida y que se adopten las medidas necesarias para la restauración ambiental de los terrenos afectados. Asimismo, reclama que se refuercen los mecanismos de vigilancia y protección de este espacio del norte de Alcorcón, de gran valor ecológico y estratégico para la conectividad ambiental del suroeste madrileño.