Redacción •  Vestas León en Lucha •  Actualidad •  10/09/2018

Izquierda Unida León apuesta por la nacionalización de Vestas para garantizar el empleo

Izquierda Unida Provincial de León ha emitido un comunicado en el que apuesta sin ambages por la nacionalización de la factoria de la multinacional danesa. Según la organización, a día de hoy se trata de la única solución para garantizar el empleo y la producción. “El único “inversor fiable” es el Estado español y las Administraciones públicas para que no les vuelva a hacer un “Vestas” cualquier otra gran empresa amparada en las reformas laborales del PSOE y PP tras recibir más multimillonarias subvenciones de dinero público”

Izquierda Unida León apuesta por la nacionalización de Vestas para garantizar el empleo

Izquierda Unida León ha transmitido, a través de un comunicado, su apuesta por atajar el problema del cierre de Vestas, la multinacional danesa que ha anunciado el cierre unilateral de su línea de producción en la provincia de León para trasladarse a países con menos costes de producción y normativas medioambientales más laxas, mediante la nacionalización la fábrica.

Nacionalizar supondría que pudieran asumir la continuidad de la producción los trabajadores en régimen de cooperativa, si así lo consideran éstos, con apoyo público de cara a su gestión y a la comercialización de la producción”, expresa la organización en su comunicado, apuntando a que se trata de la única forma real de dar continuidad efectiva y asegurar el empleo.

Izquierda Unida recuerda que la intervención de una empresa es un derecho constitucional que se puede aplicar conforme al artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite la nacionalización para preservar el interés general en un sector estratégico y esencial como es la producción energética y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y, dado que la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica», afirma taxativamente que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

Por eso, Izquierda Unida Provincial de León propone a las Administraciones públicas que, en este caso, garanticen la producción y el empleo, asumiendo la gestión pública de la fábrica con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, si éstos así lo consideran. “Sería una forma de asegurar el empleo de toda la plantilla y la continuidad de la producción de componentes eólicos que tanta demanda tienen actualmente en todo el mundo pues la apuesta por las energías renovables es una demanda en auge”, sostiene la organización de izquierda. “Ya hay experiencias en este sentido en Portugal, Argentina y otros países donde, ante situaciones similares, los trabajadores se han hecho cargo de las empresas con el apoyo público del Estado y las Administraciones”, apuntan.

Una empresa problemática

El historial de Vestas en España ha estado plagado de polémicas desde la apertura de su cadena de montaje en el municipio leonés de Villadangos del Páramo. La multinacional danesa adeuda más de 90 millones de euros a hacienda por impagos en los ejercicios económicos de 2006 a 2009. Las reclamaciones económicas de Hacienda afectan concretamente dos sociedades de la empresa en España: por un lado Vestas Manufacturing Spain, SL (dueña de la fábrica de Villadangos) a la que se reclaman más de 66 millones de euros por impuestos no abonados entre 2006 y 2009, y, por otro lado, Vestas Eólica SA, que tiene una reclamación de la Agencia Tributaria de 24,5 millones de euros por los ejercicios 2008 y 2009.

A pesar de ello, la empresa recibió 15 millones de euros en subvenciones públicas para desarrollar un plan de industrialización, innovación y viabilidad que nunca llegó a poner en marcha. De hecho, su anuncio del traslado de su producción se realizó justo midiendo los tiempos para coincidir con la conclusión del plazo de reclamación de 12,5 millones de euros en ayudas ligadas al mantenimiento del empleo en la factoría de la provincia de León.

Finalmente, el pasado 31 de agosto, anunció su decisión unilateral de realizar un ERE de la totalidad de la plantilla en Villadango, cerrar todas las cadenas de montaje en el municipio leonés y trasladar la producción a países como China o la India. Todo ello a pesar de arrojar unos beneficios de más de 236 millones de euros en el primer semestre de 2018.

Todos estos acontecimientos son señalados en su comunicado por la formación izquierdista, que exige a las administraciones públicas  “la expropiación de las instalaciones, maquinaria y producción almacenada en Vestas si la multinacional se mantiene en su decisión de abandonar el polígono de Villadangos y continuar el ERE de extinción”.

“No se pueden seguir anunciando, desde los gobiernos regionales del PP y nacional del PSOE, que se dan más subvenciones a empresas que se deslocalizan cuando han obtenido un 40% más de beneficios y persisten en su deslocalización de León”, sostienen desde la sección provincial de IU.

“Lo que habría que haber hecho a tiempo, como les exigen los sindicatos, es derogar las dos reformas laborales que impusieron ambos partidos, que son las que amparan estas decisiones de estas “empresas golondrinas” de deslocalizarse y cerrar las fábricas aun cuando están obteniendo beneficios”, señalan, aprovechando para poner de manifiesto su rechazo al modelo laboral y de inversión establecido por las últimas reformas laborales introducidas por los ejecutivos del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy. “Ya está bien de que el capitalismo sea el único principio rector de las políticas públicas de nuestros dirigentes políticos y empiecen a hacer políticas para el bien común pensando en la clase trabajadora, apoyando e impulsando iniciativas económicas para el beneficio de la clase trabajadora y no de las multinacionales cazasubvenciones”, denuncian.

La organización también ha aprovechado para denunciar el fenómeno de desindustrialización tanto de la provincia como de la comunidad autónoma de Castilla y León en general, llamando al establecimiento de planes serios de impulso económico.


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