La APDHA denuncia que el incendio del asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) demuestra que la regularización administrativa no basta sin garantizar el derecho a una vivienda digna

Huelva julio de 2026.

Tras el incendio que, en la noche del lunes, ha arrasado decenas de chabolas del asentamiento de San Jorge, en Palos de la Frontera, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) queremos expresar nuestra solidaridad con las personas afectadas y denunciar, una vez más, una realidad que las administraciones conocen desde hace años y continúan permitiendo.

Afortunadamente, en esta ocasión no se han producido víctimas personales, pero decenas de personas han perdido el escaso patrimonio que tenían y vuelven a enfrentarse a la incertidumbre más absoluta.

Este incendio, no es un accidente aislado, es la consecuencia directa de un modelo que normaliza que miles de trabajadores y trabajadoras esenciales para la agricultura onubense sobrevivan en asentamientos construidos con materiales altamente inflamables, sin acceso a agua potable, electricidad, saneamiento y en condiciones mínimas de seguridad. Cada nuevo incendio confirma un fracaso institucional que se repite año tras año.

Resulta especialmente preocupante que este nuevo episodio coincida con el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. Muchas de las personas que hoy han visto arder sus hogares podrán obtener, en los próximos meses, una autorización de residencia y trabajo. Sin embargo, la regularización administrativa, siendo un avance imprescindible, no resolverá por sí sola las condiciones de exclusión estructural en las que viven.

Porque disponer de documentación no significa automáticamente acceder a una vivienda, a un alquiler o a unas condiciones de vida dignas. Sin políticas públicas decididas contra el racismo estructural, la exclusión residencial y la discriminación en el acceso a la vivienda, corremos el riesgo de que personas ya reconocidas plenamente por el Estado como residentes legales continúen viviendo en chabolas, expuestas a incendios, enfermedades y vulneraciones constantes de derechos fundamentales.

La paradoja es evidente: podemos reconocer jurídicamente a estas personas mientras seguimos aceptando que duerman entre plásticos y palés, a escasos kilómetros de algunas de las explotaciones agrícolas más productivas de Europa. La ciudadanía no puede quedarse en un documento; debe traducirse en derechos efectivos.

Desde APDHA reiteramos que los asentamientos no son una elección personal, sino la consecuencia de la ausencia de alternativas habitacionales y de la falta de coordinación entre administraciones. La solución pasa por desarrollar planes urgentes de alojamiento digno, reforzar la inspección laboral, combatir la discriminación en el acceso a la vivienda y asumir que la sostenibilidad del modelo agrícola no puede seguir descansando sobre la precariedad de quienes lo hacen posible.

Este incendio debe marcar un punto de inflexión. No podemos seguir reaccionando únicamente cuando las llamas vuelven a poner el foco sobre una realidad que permanece invisible el resto del año. La dignidad de las personas trabajadoras migrantes exige mucho más que papeles: exige garantizar el ejercicio real de todos sus derechos.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) Delegación de Huelva.