Concejales del cambio acuden mañana al Parlamento andaluz para abordar la asfixia financiera de los ayuntamientos
Podemos Andalucía promoverá la presentación de iniciativas en el ámbito local que permitan mayor suficiencia financiera y capacidad de gestión de los ayuntamientos.
Un total de 15 concejales de toda Andalucía pertenecientes a candidaturas de unidad popular -los conocidos como concejales del cambio- acudirán mañana al Parlamento de Andalucía para presenciar el debate sobre la moción de relaciones financieras de las corporaciones locales que el grupo Podemos Andalucía lleva a pleno
Entre los invitados que acudirán mañana, se encuentran los alcaldes de Atarfe y El Coronil, así como concejales de los municipios de Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla, Dos Hermanas, La Zubia, Jerez de la Frontera o Puerto Real. Todos ellos mantendrán una reunión con la dirección del grupo parlamentario para abordar la situación de asfixia financiera de los consistorios andaluces y planificar un calendario de trabajo conjunto para solicitar medidas que permitan mayor suficiencia económica y autogestión a los entes locales, tal como solicita el texto de la moción de Podemos Andalucía.
La iniciativa de esta formación, que defenderá la diputada Carmen Lizárraga, propone la elaboración anual de un plan de pago a los ayuntamientos andaluces donde figure de manera individual la posición deudora y acreedora de la Junta de Andalucía, incorporado al Portal de Transparencia, con plazos y períodos medios de pagos, a fin de conocer las deudas mutuas de Junta de Andalucía y ayuntamientos andaluces y si afectan a los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, servicios sociales, dependencia). De este modo se podrá conocer la situación de alerta financiera si existiera en cada administración y proceder a la adopción de medidas correctivas.
En un segundo ámbito de trabajo, la moción propone la modificación del marco normativo de las entidades locales para mejorar su capacidad de autogestión, blindando sus competencias y dotándolas de financiación apropiada, al tiempo que rescindir la prioridad del pago a la deuda por encima de los servicios públicos fundamentales que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía.
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