Podemos exige la rectificación inmediata del traspaso a Vox del control de las Unidades que evalúan el riesgo de las víctimas de violencia machista

Andalucía, 5 de agosto de 2026.

Desde Podemos Andalucía se ha denunciado la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de entregar a VOX el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), un servicio público que la formación considera esencial para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista en la comunidad autónoma.

La portavoz de la formación morada, Alejandra Durán, sostiene que “no se trata de una decisión motivada por razones administrativas, sino de una decisión política plenamente consciente que supone, en sus palabras, un ataque frontal a las políticas públicas de igualdad y a la confianza que las víctimas deben poder depositar en las instituciones”. A juicio de la dirigente, “con este movimiento, Moreno Bonilla ha dejado de gobernar para el conjunto de la ciudadanía andaluza para convertirse en ejecutor de la agenda de la extrema derecha en la comunidad, al haber sido él quien ha abierto la puerta de las instituciones a quienes niegan la violencia machista”.

Durán califica de intolerable que un servicio cuya misión es evaluar el riesgo, proteger a las víctimas y elaborar informes fundamentales para los procedimientos judiciales pase a depender políticamente de una formación que “lleva años cuestionando la legislación contra la violencia de género, sembrando dudas sobre las víctimas y negando la violencia machista”.

En este sentido, la portavoz morada afea la actitud del presidente del ejecutivo andaluz: “Moreno Bonilla no puede esconderse detrás de un decreto en agosto para presentar esta decisión como una cuestión organizativa, porque lo que está haciendo con esta decisión es garantizarse el poder a costa de proteger a las víctimas”.

La formación morada advierte que la normalización de los postulados de la extrema derecha dentro de las instituciones constituye “un retroceso democrático que Andalucía no puede permitirse”, y por ello exige la rectificación inmediata de la decisión. Podemos Andalucía hace, además, un llamamiento a las organizaciones feministas, los colegios profesionales, la judicatura y el conjunto de la sociedad andaluza para responder con firmeza ante lo que considera un intento de utilizar las instituciones públicas para blanquear el discurso de quienes cuestionan derechos fundamentales.

Las UVIVG están integradas por equipos de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales encargados de elaborar los informes psicosociales que los juzgados utilizan para valorar el riesgo que corre cada víctima. De ese trabajo dependen decisiones como la concesión de órdenes de alejamiento, la atribución de la custodia de menores o el acceso a ayudas y recursos de protección.

Podemos ha recordado que en 2019 Vox solicitó al Parlamento andaluz la lista nominal de los profesionales que firmaban los informes psicosociales sobre mujeres maltratadas, petición que el Ejecutivo autonómico de entonces rechazó por motivos de protección de datos. Hoy, que Andalucía encabeza el número de víctimas mortales de violencia machista del país, tanto en 2025 como en lo transcurrido de 2026, va a gestionar un servicio clave para las víctimas de violencia machista.