Podemos y colectivos ecologistas y animalistas tachan de irresponsable al Ejecutivo por intentar obstaculizar la Ley de Bienestar Animal
El diputado Jesús Rodríguez señala que el Ejecutivo andaluz vuelve a verse superado por la sociedad civil organizada ante su falta de iniciativa y pulso político en materia de protección animal.
El parlamentario de Podemos por la provincia de Cádiz, Jesús Rodríguez, ha lamentado el criterio contrario manifestado por el Gobierno andaluz respecto a la proposición de ley para la reforma de la Ley de Bienestar Animal de Andalucía, un dictamen que, a juicio de Rodríguez, está «repleto de vaguedades y argumentos estériles» que sólo evidencian «la frustración de un Gobierno sin iniciativa ni pulso político que vuelve a verse superado por la sociedad civil organizada».
En esta línea, el diputado de Podemos Andalucía ha recordado que la norma registrada en el Parlamento cuenta con el respaldo de 45 colectivos ecologistas, una cifra que simboliza el amplio consenso social en torno a la necesidad de nuevas políticas de protección animal. En opinión de Rodríguez, el Gobierno juega de manera «irresponsable» a obstaculizar la aprobación de una nueva ley necesaria desde hace años, ya que la normativa vigente está obsoleta y carece de medidas rigurosas para hacer frente a los numerosos casos de maltrato que se denuncian en nuestra comunidad, por lo que ha instado al Ejecutivo a «reflexionar» y sumarse al «intenso» trabajo realizado por los colectivos para lograr un texto «ambicioso desde el máximo consenso».
Por último, tanto Podemos Andalucía como los colectivos involucrados en la redacción de la ley lamentan la lectura superficial realizada por el Ejecutivo así como su incapacidad para reconocer las importantes innovaciones de un texto que convertiría a Andalucía en una comunidad autónoma de referencia en la lucha contra el maltrato animal. En este sentido, resulta especialmente «decepcionante» que el Ejecutivo no apoye medidas de sensibilización en la protección animal desde la infancia, como las relativas a la prohibición de que personas menores participen en la lidia de reses, o las restricciones en la emisión de contenidos sobre tauromaquia en los medios de comunicación públicos de Andalucía.
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