La plataforma SAVE! denuncia que el proyecto urbanístico de Santa Bárbara se basa en un estudio ambiental «mutilado» que oculta su impacto real

La plataforma SAVE!, integrada por colectivos ambientales, asociaciones vecinales y entidades estatales de conservación, como Iberozoa, Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha denunciado públicamente el «grave fraude científico y legal» sobre el que se asienta el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) para el nuevo desarrollo urbanístico en Sevilla Este que acaba de considerar favorablemente la primera fase de “Santa Bárbara”.

Según los portavoces de la Plataforma, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), presentado por el promotor del proyecto de urbanización, ha ignorado de forma deliberada los requerimientos técnicos oficiales, al obviar la presencia de los arroyos que alimentan las lagunas de El Sapo y las inunda anualmente, sirviendo a la reproducción de especies amenazadas y protegidas. Con el respaldo de universidades, publicaciones de sociedades científicas nacionales, como la Asociación Española de Herpetología, y recientes estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han presentado alegaciones al mismo firmadas por las organizaciones.

Critican que el proyecto de urbanización adolece de serias carencias que dificultan su objetivo principal: evaluar el impacto ambiental que la urbanización producirá en las viviendas y las zonas verdes limítrofes.

El Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía impuso de forma clara y explícita al estudio de impacto ambiental la obligación de aportar un nuevo estudio que abarcase un diámetro mínimo de 2 kilómetros —conectando la zona desde Sevilla Este hasta el futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano— así como ampliar el alcance temporal del mismo. Asimismo, exigió que un equipo con solvencia científica-técnica analizara detalladamente los objetivos de conservación (fauna y flora amenazada) a lo largo de un ciclo anual completo (12 meses) como mínimo.

Sin embargo, el promotor ha presentado un documento basado únicamente en muestreos realizados durante la primavera, una maniobra que los colectivos califican de «sesgo intolerable» para camuflar el verdadero valor ecológico de los terrenos. Limitando el trabajo de campo a una sola estación de muestreo excluyen del estudio de impacto, por ejemplo, la presencia de Marsilea strigosa, una especie considerada prioritaria de zonas húmedas temporales y que los propios técnicos de medio ambiente registraron el presente año en las lagunas de El Sapo.

Una resolución que desprotege al vecindario y la salud ambiental

La ley es muy clara respecto a la necesidad de presentar un Estudio de Inundabilidad, según recoge un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando se edifica sobre cauces fluviales. Al construir sobre zonas inundables y cauces fluviales se impermeabiliza el terreno y se impide al agua laminarse, con el consiguiente riesgo de avenida para las viviendas y calles cercanas. Subir las cotas del terreno no es suficiente frente a las inundaciones que se vienen produciendo los últimos años y que el otoño pasado dejaron imágenes como las que acompañan a esta noticia. EMASESA aún no cuenta con un proyecto que evite las inundaciones recurrentes en los barrios del Distrito este de Sevilla, a pesar de haber construido un gran colector hasta el encauzamiento del arroyo Ranillas.

Según SAVE! los promotores, ignorando deliberadamente la presencia de los arroyos que nutren las lagunas del este de Sevilla, están incumpliendo de forma clara los preceptos legales y el objetivo de evaluación del impacto ambiental del proyecto de urbanización que afecta a la zona de servidumbre, al dominio público hidráulico y a la vegetación del margen del arroyo, que alberga especies de plantas amenazadas y protegidas a nivel andaluz y estatal.

La urbanización contempla dos viarios, el trazado de uno de ellos cercena completamente el parque urbano de Torreblanca y, el otro, planea una rotonda de acceso justo sobre la laguna más rica para la biodiversidad, donde se reproducen anualmente se reproducen anfibios protegidos y crustáceos acuáticos, como el Triops baeticus, una endemismo andaluz y uno de los seres más antiguos del planeta. Según los investigadores, las medidas compensatorias que apunta el proyecto son del todo insuficientes y se limitan a replantar árboles pero de nada servirán si se planifican movimientos de tierras que acabarán con las comunidades presentes en el terreno.

Los resultados de las investigaciones de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y otras entidades que contribuyen de forma importante a decisiones de este tipo, apuntan a la falta de evaluación ambiental y a la pérdida de servicios ecosistémicos de los que disfruta la ciudadanía, como la regulación climática o los servicios culturales. Desde SAVE! defienden la importancia de que el Anillo Verde y Azul de Sevilla incluya espacios como las lagunas de El Sapo, humedales que, gracias a su alta productividad, secuestran carbono atmosférico como auténticos bosques urbanos, regulan la temperatura y eliminan el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas, recargando de forma natural el acuífero sobre el que se asientan.

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental, al cometer un sesgo estacional, oculta impactos críticos que la legislación europea blinda de forma estricta:

• Aves migratorias: Se invisibiliza el uso de estos llanos periurbanos como zonas de alimentación y refugio invernal para rapaces y aves migratorias que bajan del norte de Europa.
  
• Mamíferos en peligro: Se ignora por completo dónde hibernan o se aparean las poblaciones de quirópteros (especies estrictamente protegidas) al no haber estudiado su comportamiento en otoño e invierno.
  
• Efecto barrera: No se evalúa cómo el asfalto fragmenta la conectividad de la fauna con el Anillo Verde Metropolitano durante su época de dispersión tras el verano.

Consecuencias legales: Riesgo de nulidad

Los portavoces de la denuncia recuerdan que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga un carácter vinculante a las exigencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Siete entidades exigen a la Delegación Territorial que paralice el expediente de forma inmediata, se obligue al promotor a realizar un estudio de inundabilidad, que tenga en cuenta los arroyos y lagunas temporales, y a reiniciar el ciclo de estudios biológicos para garantizar la protección real del patrimonio natural de Sevilla.

«Aprobar una autorización ambiental con un estudio mutilado que ignora los cauces fluviales, las lagunas temporales y tres de las cuatro estaciones del año, vulnera los principios comunitarios de precaución y acción preventiva. Si la administración da el visto bueno a este atropello, recurriremos a los tribunales por un vicio claro de nulidad de pleno derecho», advierten desde los colectivos firmantes.