Víctimas de crímenes de Leopoldo López repudian complicidad del Reino de España
El canciller de la República, Jorge Arreaza, se solidarizó con las víctimas de las acciones criminales y violatorias de sus Derechos Humanos (DDHH) aupadas por el dirigente del partido de extrema derecha Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se fugó del país este fin de semana hacia España, con la complicidad de la misión diplomática española en Venezuela.
«Reclamo justo. Las víctimas de las acciones criminales y violaciones de Derechos Humanos protagonizadas por Leopoldo López, se pronuncian. ¿Quién responde por su dolor y pérdidas? ¿El Reino de España?», aseveró Arreaza en el Twitter.
El canciller anexa a su mensaje denuncias del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, por los sucesos de 2013 y 2014, que elevan mensajes en rechazo a la complicidad de la embajada y del Gobierno de España en la fuga de López.
«Las víctimas rechazamos la complicidad del embajador y el Gobierno de España en la fuga de Leopoldo López. Una vez más ponen en evidencia su nulo compromiso con los DDHH y la justicia», divulgan en la red social.
La República Bolivariana de Venezuela, por medio de un comunicado, denunció este domingo al Reino de España por violar la Convención de Viena al participar y ser cómplice en la fuga de López, quien es un prófugo condenado por la justicia venezolana por ser responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014.
Salió de la residencia del embajador donde se encontraba en calidad de «huésped» luego de violar la medida de arresto domiciliario el 30 de abril de 2019 por los delitos cometidos en el plan violento La Salida, en 2014.
Asimismo, a principios de 2020 López planificó la operación mercenaria denominada Gedeón, «acción terrorista con participación de mercenarios estadounidenses, cuyo objetivo era asesinar al presidente Nicolás Maduro, así como a otros dirigentes venezolanos, con la intención de sembrar violencia y desestabilización en el país», refiere el comunicado.
Las instituciones del Estado venezolano ratificaron su compromiso en cumplir con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos, en estricto apego a las leyes venezolanas e internacionales y a la garantía del debido proceso.
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