«Cuando el monte se quema, algo suyo se quema: Señor Conde»

A pesar de la enorme tragedia que suponen los incendios —sobre todo cuando desaparecen vidas humanas—, en la década de los 80 del siglo pasado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España lanzaba, a través del antiguo ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), una emblemática campaña publicitaria. Su objetivo era concienciar a millones de personas —muchas de ellas residentes en grandes ciudades— y mejorar la prevención de los incendios forestales. La progresía de la época interpretaba aquello de «Señor conde, algo suyo se quema» para enfatizar el injusto reparto de las tierras y del patrimonio.

Cada año se vienen produciendo fuegos en España, de forma prioritaria —aunque no exclusiva— en época estival. Las explicaciones de todo tipo han venido insistiendo de forma controvertida en las causas y los responsables de estas trágicas circunstancias. Nadie niega que, por acción u omisión, la mano humana está presente en multitud de incendios, e igualmente hay quienes argumentan que el aumento de las temperaturas influye notablemente en ello.

Desde VOX no se cansan de oponerse al discurso del cambio climático. En este colectivo hay quienes niegan la evidencia científica argumentando que el aumento del CO2 no propicia el efecto invernadero o que incluso resulta beneficioso. Por otro lado, están quienes, sin negar dicha evidencia, denuncian que «señalar al cambio climático o al aumento generalizado de las temperaturas como la causa principal o única de los grandes incendios» es una maniobra política de las administraciones públicas (de algunas de las cuales ellos mismos forman parte) para «eximirse de responsabilidad» por la falta de inversión, gestión e infraestructura preventiva en los montes.

Y esto es precisamente lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado activar la Situación Operativa Nivel 3 (Emergencia de Interés Nacional) dada la extrema gravedad de la ola de incendios que afecta a la región (especialmente a la zona de la Sierra Oeste) y a las provincias limítrofes como Ávila y Toledo. Esta decisión conlleva que, a partir de su activación, la responsabilidad —incluso penal— deja de alcanzarla a ella. Con todo lo que esa señora ha arremetido contra el Sr. Marlaska, ahora se ve en tal aprieto que le ha transferido el mando único al Gobierno central, el cual, mediante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asume la dirección y coordinación operativa de la emergencia.

Los bomberos forestales llevan tiempo denunciando la reducción drástica de recursos en esa comunidad para prevenir los fuegos. La pregunta es pertinente: si durante años no se actúa responsablemente para prevenir incendios y la conducta es manifiestamente negligente, ¿cómo es posible que, cuando el fuego ahoga, se traslade al Gobierno de la nación toda la responsabilidad de actuar y de afrontar legalmente los daños personales o materiales? ¿En qué quedamos? ¿Sirve el Gobierno del Estado para algo o para nada?

La esencia del asunto se encuentra en la transferencia de poder político a las autonomías en materias tan sensibles como la sanidad, la vivienda, la dependencia y, ahora, la gestión de la prevención y extinción de incendios.

Los incendios, las largas listas de espera (incluso para personas moribundas) y la inmensa falta de vivienda socialmente asequible están quemando el mapa autonómico. Un sistema que se autoalimenta de cargos y parlamentos mientras consume recursos públicos dilapidados que podrían dedicarse a resolver las graves situaciones que viven millones de personas en este país.

Cuando el monte se quema, es responsabilidad de toda la ciudadanía colaborar para controlarlo y, sobre todo, para prevenirlo. Los datos son elocuentes: entre 1968 y la actualidad han ardido en España más de 8,5 millones de hectáreas en más de 640.000 siniestros. La relación entre el incremento de los incendios, su gravedad y el desarrollo del mapa autonómico pudiera parecer anecdótica, pero es evidente. La media anual en la década de 1960 no llegaba a 100.000 hectáreas calcinadas. En 1985 esa cifra superó las 483.000 ha, y hubo otros años que rebasaron las 400.000 ha (1989 y 1994), llegando a 2025 con algo más de 350.000 ha. En lo que va de 2026, el sistema europeo (EFFIS / Copernicus) sitúa la cifra de hectáreas quemadas por encima de las 130.000, lo que coloca a España a la cabeza de la Unión Europea en superficie quemada.

Año a año las emergencias se suceden y no parece que nadie ponga «pie en pared». Va siendo hora de que este Estado español autonomizado comience a ser cuestionado y se abra un periodo de revisión de la Constitución de 1978, que en 2028 cumplirá 50 años. Tiene goteras y, a la luz de las vivencias de este pueblo, hay que reformar su articulado.

Cuando el monte se quema, conviene prevenir, y está claro que quienes saben de esto (la ingeniería forestal y el sector ambientalista) aportan tres perspectivas fundamentales a tener en consideración:

1. Gestión silvícola y entorno rural: La prevención mediante pastoreo, desbroces selectivos y quemas prescritas es fundamental. Además de la necesaria limpieza, es evidente el impacto del despoblamiento rural, el abandono masivo del campo desde mediados del siglo XX y la pérdida de rentabilidad de la madera y la leña.
2. Impacto climático: Es imprescindible considerar en la prevención los efectos del clima. Si a la abundancia de biomasa se le suman las temperaturas en ascenso, los fuegos se aceleran de tal forma que «escapan a la capacidad humana de extinción, independientemente de si el monte ha sido desbrozado previamente o no».
3. Despolitización y Recentralización: La gestión profesional del medio ambiente, del agua y de los recursos naturales tiene que despolitizarse de la lucha partidista, y la mejor fórmula para ello es volver a concentrar estas responsabilidades en el Estado. Porque, como hace la Sra. Díaz Ayuso cuando el fuego amenaza con quemarla, se solicita el Nivel 3 y el Estado acaba asumiendo lo que nunca debió dejar de asumir.