Amigas de la Tierra reclama al Ministerio que aclare si hubo irregularidades en la selección de tres proyectos mineros estratégicos en España 

Amigas de la Tierra reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aclare si hubo alguna irregularidad por parte de la administración para que la Comisión Europea seleccionara tres proyectos mineros como “estratégicos” en su primer listado publicado en 2025, a pesar de que podrían no haber superado las evaluaciones de expertos independientes.       

En marzo de 2025 la Comisión Europea publicaba la lista de «proyectos estratégicos» bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales para acelerar la obtención de minerales considerados estratégicos para la transición energética y digital y otras industrias como armamento. En España se seleccionaron siete proyectos, entre ellos Doade, las Navas y Cobre las Cruces, los cuales podrían contener irregularidades según desvelan documentos de la Comisión Europea.

El pasado 12 de mayo el medio alemán Table.Media fue quien reveló los documentos de la Comisión Europea relacionados con la selección de 47 proyectos “estratégicos”. De acuerdo con esta información, los proyectos mineros de Doade (Galicia), Las Navas (Extremadura) y Cobre las Cruces (Andalucía) no figuraban en la lista preliminar de proyectos estratégicos presentada por la Comisión ante el Comité de Materias Primas el 20 de febrero de 2025. Según la información, de la que se han hecho eco varios medios y organizaciones europeas, esta lista contenía los proyectos que habrían superado las evaluaciones técnicas, financieras y socioambientales de los expertos independientes designados por la Comisión Europea.  

Los proyectos de Doade, las Navas y Cobre las Cruces, en cambio, fueron añadidos junto a otros ocho proyectos europeos a una nueva lista que se debatió en el citado Comité el 12 de marzo de 2025, después de consultas entre la Comisión y los Estados miembros. La lista final, incluyendo estas adiciones, fue aprobada formalmente por la Comisión Europea el 25 de marzo de 2025 mediante la Decisión C(2025) 1904. 

Las eurodiputadas Ana Miranda (Los Verdes) y Catarinas Martins (Grupo de la Izquierda) enviaron el pasado 20 de mayo una carta a la Comisión Europea pidiendo explicaciones por el proceso que llevó a la selección de proyectos que “aparentemente no cumplían con los criterios de selección de la evaluación técnica inicial realizada por expertos externos”.

Según las eurodiputadas, el material publicado sugiere que se permitió a los Estados miembros refutar las evaluaciones expertas o presentar comentarios políticos adicionales a pesar de que ni el Reglamento de Materias Primas Fundamentales ni ningunas directrices aprobadas establecen este mecanismo, y alegan falta de claridad sobre qué metodología o salvaguardas se aplicó para revisar estas intervenciones por parte de los gobiernos. 

Opacidad durante el proceso de selección 

Amigas de la Tierra ya denunció en su momento la opacidad que había rodeado la selección de seis proyectos mineros estratégicos en marzo de 2025 y la vulneración de los derechos de acceso a la información y participación de las comunidades locales y organizaciones ambientales. La organización registró varias solicitudes ante el Ministerio para conocer las evaluaciones de los proyectos seleccionados así como los comentarios e informes emitidos por el Ministerio respecto a las candidaturas. Todas estas solicitudes fueron rechazadas alegando confidencialidad. 

“La información publicada recientemente arroja serias dudas sobre la equidad y rigor en la selección de estos tres proyectos mineros” asegura Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales de Amigas de la Tierra. 

Los proyectos considerados “estratégicos” por la Comisión Europea reciben determinadas ventajas, como facilidades para obtener financiación o una tramitación acelerada. Así, según el Reglamento europeo, los estados deberán garantizar que los proyectos mineros estratégicos obtengan permiso para operar en un plazo máximo de 27 meses. Asimismo, estos proyectos podrán ser considerados “de interés público superior”, lo que les eximiría de ciertas obligaciones de no causar daño ambiental previstas en la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la de Aves. 

Amigas de la Tierra advirtió en su momento de que los proyectos seleccionados, incluyendo los de Doade, las Navas y Cobre las Cruces, son objeto de fuerte contestación social por sus impactos ambientales y sociales y algunos de ellos, como el de Cobre las Cruces o Doade, acumulan un historial de irregularidades. 

“Dadas la opacidad y falta de interlocución que hemos visto durante todo el proceso y que el Gobierno no ha permitido a las organizaciones conocer siquiera las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos seleccionados, a la luz de esta información cabe preguntarse si hubo presiones externas para que se aprobasen proyectos rodeados de controversia y que quizá no cumplían con los propios criterios legales”, se lamenta la portavoz.     

“Las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de dirigirse hacia una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales y aumentan la desconfianza hacia las políticas climáticas. Además, confirman el papel de España como zona de sacrificio, cuando el potencial para avanzar en medidas de ahorro y circularidad es de gran magnitud y puede llegar a cubrir el 67 % de la demanda de minerales hasta 2050. España debe apostar por estrategias centradas en la reducción de la demanda y el reciclaje de materias primas críticas si quiere ganar credibilidad en sus políticas ambientales”, concluyen desde Amigas de la Tierra.  

La organización reclama al Ministerio: 

• Que aclare si hubo irregularidades en la selección de los tres proyectos citados y que proporcione información sobre los criterios que condujeron a su aprobación. 
• Que por parte del Ministerio garantice que el segundo proceso de selección de proyectos estratégicos, actualmente en curso, se ajuste a los estándares de acceso a la información y participación pública exigidos por el derecho internacional y europeo.