El plazo impuesto por el Principado para rehacer la evaluación ambiental de La Pereda expone la falta de solución real para los residuos y el riesgo de colapso del proyecto

Xixón, 28 de mayo de 2026.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies advierte de que hoy, día 28 de mayo, finaliza el plazo impuesto por el propio Gobierno del Principado de Asturias para que HUNOSA presente un nuevo estudio de impacto ambiental adaptado a la Sentencia 83/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La resolución del Principado de 27 de marzo de 2026 obligaba a la empresa, “ad cautelam”, a rehacer la evaluación ambiental del proyecto teniendo en cuenta las deficiencias señaladas por el tribunal.

Y precisamente una de las cuestiones centrales señaladas por la sentencia fue la ausencia de una definición real y concreta sobre el destino y gestión de los residuos generados por la instalación.

El TSJ fue especialmente claro al afirmar que esa carencia no podía suplirse mediante una referencia genérica a un “gestor autorizado”, sino que debían concretarse los procedimientos, métodos y destinos efectivos de las cenizas y residuos derivados de la quema de CSR.

Sin embargo, desde entonces la situación se ha agravado aún más.

Actualmente:

• el vertedero asociado a la central se encuentra colmatado,
• la utilización de la escombrera de Lada ha sido anulada judicialmente,
• y el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente esa anulación.

Esto significa que el proyecto se enfrenta ahora a un problema estructural mucho más grave: la inexistencia de una solución real y jurídicamente viable para los residuos generados por la planta.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies advierte de que, si el nuevo estudio ambiental pretende incorporar una alternativa distinta de vertido o almacenamiento, ello implicaría necesariamente la aparición de nuevas infraestructuras y nuevos impactos que también deberían ser objeto de evaluación ambiental completa.

“Ya no estamos hablando de simples correcciones técnicas. Si aparece un nuevo vertedero o una nueva instalación asociada, estaríamos ante un nuevo escenario ambiental y territorial que no puede resolverse con una simple subsanación administrativa”.

Además, recuerda que todo ello ocurre mientras el proyecto está sometido a un doble reloj regulatorio:

• los plazos del régimen económico de renovables,
• y las condiciones asociadas al nudo de transición justa de 50 MW.

Ambos exigen que la instalación esté operativa antes de abril de 2027.

“Cada vez resulta más evidente que el Principado intenta ganar tiempo mientras los problemas estructurales del proyecto siguen creciendo. Pero el calendario no se detiene y las carencias fundamentales siguen sin resolverse”.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que el escenario actual demuestra que la sentencia del TSJ no afectaba a cuestiones menores o formales, sino a aspectos esenciales de viabilidad material y ambiental del proyecto.

Por ello, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies insiste en que no tiene sentido seguir manteniendo autorizaciones y obras mientras continúan sin resolverse cuestiones básicas como:

• la definición real del proyecto,
• el tipo de residuos que se pretenden quemar,
• dónde y cómo se gestionarán finalmente las cenizas generadas,
• y las consecuencias ambientales y para la salud derivadas de la quema de residuos y biomasa en una zona ya sometida históricamente a una elevada presión industrial y contaminante.

“Lo que está ocurriendo confirma algo que venimos denunciando desde el principio: no se puede construir una transición energética sobre proyectos ambientalmente incompletos, jurídicamente cuestionados, ambientalmente insostenibles y potencialmente nocivos para la salud”.