Argelia sigue siendo el mayor proveedor de gas fósil del Estado español, con graves impactos climáticos, sociales y de derechos humanos

Un nuevo informe de Gas No Es Solución, red de la que forma parte Ecologistas en Acción, revela que Argelia ha sido el mayor proveedor de gas fósil al Estado español durante prácticamente todos los años de la serie analizada (2004-2025), salvo en 2022, cuando fue brevemente superado por Estados Unidos. En 2024, representó el 38,69 % del total de importaciones y, en 2025, el 34,57 %, evidenciando una relación de dependencia estructural que se remonta a 1974, cuando llegó el primer cargamento de gas argelino a la regasificadora de Barcelona.

El informe alerta de que esta dependencia no es neutra: el sistema energético argelino depende casi por completo de los combustibles fósiles, con el gas representando el 65 % del suministro energético total y generando el 99 % de la electricidad del país en 2023. Este modelo extractivista, controlado por la empresa estatal Sonatrach, bloquea cualquier posibilidad de transición energética justa en el país.

El estudio subraya la escasa ambición climática del gobierno argelino, que no cumple plenamente con el Acuerdo de París, ha presentado solo uno de los dos NDC que le corresponden y continúa priorizando la expansión de los hidrocarburos. Aunque en 2025 ha elaborado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la acción en materia de mitigación es claramente insuficiente.

Una parte central del informe se centra en la quema de gas en antorcha. En 2024, Argelia fue el sexto país del mundo con mayores volúmenes de quema. Sonatrach fue responsable de alrededor del 80 % de esta práctica. Las fugas de metano detectadas por satélite crecieron un 240 % entre 2024 y 2025. El campo de Hassi R’Mel, corazón del sistema gasista argelino y origen del gas que llega a España por el gasoducto Medgaz hasta Almería, es conocido por sus emisiones «superemisoras»: algunas superaron las 40 toneladas de metano por hora. El Estado español, como segundo mayor comprador de gas argelino —solo por detrás de Italia—, figura entre los principales responsables de estas emisiones importadas y debería actuar de forma coordinada con Argelia para reducirlas, tal y como exige la regulación europea.

El informe también analiza la amenaza del fracking. Argelia legalizó esta práctica en 2013 y, en 2025, ha anunciado negociaciones con las empresas estadounidenses ExxonMobil y Chevron para reactivar su explotación. Esto ocurre en un país que sufre sequías recurrentes y que entre 2020 y 2022 estuvo entre los diez con mayor estrés hídrico del mundo, con graves consecuencias para la agricultura, la soberanía alimentaria y el acceso al agua potable. El fracking está prohibido en el Estado español, que sin embargo no duda en importar gas producido mediante esta técnica en otros territorios.

El documento recoge asimismo la resistencia social frente a este modelo. En 2015, las protestas contra el fracking movilizaron a miles de personas en el Sáhara argelino, y fueron duramente reprimidas: activistas como el dibujante Tahar Djehiche fueron condenados a prisión por publicaciones en redes sociales. En 2024, nuevas protestas estallaron en Tiaret por la escasez de agua. El movimiento Hirak de 2019, que exigía más democracia y libertades, fue seguido de una escalada represiva que continúa hasta hoy.

Declaraciones

«El gas que consume el Estado español tiene un coste ambiental y humano en Argelia que no aparece en la factura energética. Seguir atados a contratos a largo plazo con cláusulas ‘take or pay’ nos atrapa en un sistema fósil incompatible con la justicia climática y con los derechos de las comunidades argelinas que sufren la sequía, el fracking y la represión», señala Sofía Fernández, portavoz de Ecologistas en Acción.