El juzgado estudia la querella presentada por CGT por el riesgo que afrontan más de 900 trabajadores del Infoca, dependiente de la Junta de Andalucía

Madrid, 23 de junio de 2025.

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP- CGT), junto con CGT EMA (CGT en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía), ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla por posibles delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.

Actualmente, el juzgado ha dado traslado de la querella al Ministerio Fiscal y a las personas querelladas, encontrándose el procedimiento a la espera de resolución sobre su admisión a trámite.

La querella se fundamenta en la adjudicación de un contrato público por valor de más de 24 millones de euros, financiado parcialmente con fondos europeos, para el suministro de vehículos destinados al dispositivo INFOCA , el sistema público andaluz de prevención y extinción de incendios forestales. Según se expone en la querella , los vehículos finalmente entregados por la empresa adjudicataria no cumplen los requisitos técnicos esenciales establecidos en el pliego de condiciones, siendo especialmente graves las deficiencias en materia de movilidad todoterreno, capacidad de carga, estabilidad y elementos de seguridad activa y pasiva.

Estas irregularidades afectan directamente a la seguridad de más de 900 trabajadores y trabajadoras del INFOCA, entre ellos brigadas de primera intervención y personal técnico de emergencias ambientales, que deben operar en entornos de alta exigencia, incluyendo pistas forestales, zonas escarpadas y situaciones de riesgo por fuego activo. Los informes técnicos incorporados a la querella alertan de que los vehículos suministrados presentan un riesgo elevado de vuelco, problemas de acceso en terrenos complejos y sobrepeso estructural, dificultando el cumplimiento de los protocolos operativos y poniendo en juego la integridad física del personal.

La querella presentada plantea que esta situación no obedece a un error técnico o logístico puntual, sino a una decisión consciente y contraria a derecho, que vulnera tanto la normativa de contratación pública como la legislación de prevención de riesgos laborales.

CGT confía en que el juzgado inicie una investigación rigurosa sobre unos hechos que, de confirmarse, constituirían una grave infracción de derechos laborales, una quiebra de la legalidad administrativa y un atentado directo contra los principios más básicos de seguridad en el trabajo.