APDHA exige controles independientes ante las denuncias de malos tratos en tres prisiones andaluzas

Andalucía, 30 de julio de 2026. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) muestra su profunda preocupación ante las conclusiones del informe publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), tras la visita realizada a España entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 2025. El organismo del Consejo de Europa señala una situación especialmente preocupante en las prisiones de Huelva, Algeciras y Puerto III, donde numerosas personas privadas de libertad denunciaron haber sufrido malos tratos físicos por parte de personal penitenciario. Los testimonios recabados describen bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con defensas producidos en algunos casos en zonas de los establecimientos que no estaban cubiertas por cámaras de videovigilancia.

Para APDHA, el informe de la institución europea “confirma una realidad que la asociación conoce desde hace años mediante sus visitas periódicas a las prisiones de El Puerto de Santa María y el acompañamiento a las personas presas y a sus familiares”. Sostienen que “son frecuentes las quejas por posibles agresiones en los módulos de aislamiento y régimen cerrado”, así como “las dificultades para obtener partes de lesiones adecuados y para conseguir que los hechos sean investigados hasta sus últimas consecuencias”. La entidad advierte que muchas personas presas no llegan a denunciar por miedo a represalias, por la dificultad de acreditar lo sucedido o por su falta de confianza en el funcionamiento de los mecanismos de control. La obtención de pruebas resulta particularmente difícil cuando los hechos tienen lugar en espacios sin cámaras, el reconocimiento médico no se practica de manera adecuada o la denuncia termina archivada sin que se hayan agotado las diligencias necesarias.

No obstante, APDHA considera que el problema no puede reducirse a la posible actuación irregular de personas concretas. Las conclusiones del CPT ponen de manifiesto deficiencias estructurales en los sistemas de prevención, documentación e investigación de los malos tratos en prisión. La privación de libertad coloca a las personas presas en una posición de especial vulnerabilidad y bajo la custodia directa de la Administración. Por ello, cualquier denuncia de tortura o trato degradante debe dar lugar a una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente. No resulta suficiente que el esclarecimiento de los hechos dependa principalmente de los informes elaborados por la propia institución en la que se denuncia la agresión.

El CPT reclama a las autoridades españolas que refuercen las medidas dirigidas a erradicar los malos tratos, mediante un mensaje inequívoco de tolerancia cero, formación específica del personal en técnicas de desescalada, mejores reconocimientos médicos y partes de lesiones, investigaciones verdaderamente independientes y un control judicial más imparcial de las denuncias.

Ante la falta de investigación efectiva y la inacción judicial en casos concretos, APDHA se ha visto forzada a acudir al Tribunal Constitucional mediante la interposición de recursos de amparo. Uno de ellos, relativo a hechos ocurridos en Granada, fue estimado, mientras que otro, relacionado con una denuncia procedente del establecimiento penitenciario de Córdoba, ha sido admitido a trámite. Para la asociación, que sea necesario llegar hasta el Tribunal Constitucional evidencia la insuficiencia de los mecanismos ordinarios de investigación y tutela frente a las denuncias de malos tratos.

“No puede hablarse de investigaciones eficaces cuando la persona presa soporta prácticamente en solitario la carga de demostrar lo ocurrido y las principales fuentes de prueba se encuentran bajo el control de la propia Administración denunciada”, señala APDHA, para quien “la opacidad de los espacios de privación de libertad exige más garantías, no menos”.

La organización advierte igualmente de la gravedad de las deficiencias sanitarias señaladas por el CPT. El Comité constata una carencia aguda de personal sanitario, especialmente de profesionales de la medicina, retrasos persistentes en la atención y una asistencia psicológica insuficiente para personas sometidas a separación o aislamiento. También reclama que se complete sin más demora la transferencia de la sanidad penitenciaria a los servicios de salud de las comunidades autónomas. 

APDHA viene recibiendo quejas en Puerto III por retirada o reducción de medicación relacionada con problemas de salud mental, falta de atención psiquiátrica y reconocimientos médicos efectuados sin la privacidad ni la proximidad necesarias. Estas carencias afectan especialmente a personas con patologías mentales que, debido a sus dificultades de adaptación a la vida penitenciaria, terminan con frecuencia en módulos de régimen cerrado, precisamente donde existen menos recursos terapéuticos y mayor opacidad.

La asociación exige al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que ejecuten íntegramente las recomendaciones del CPT. Entre otras medidas, deben garantizar la videovigilancia de las zonas en las que se producen intervenciones regimentales, la conservación efectiva de las grabaciones, reconocimientos médicos confidenciales, partes de lesiones completos y la comunicación inmediata a la autoridad judicial de cualquier indicio o manifestación de agresión.

Un mecanismo andaluz de prevención

Para APDHA, la existencia de normas y protocolos internos no basta cuando su aplicación y supervisión dependen esencialmente de la propia Administración penitenciaria. La organización considera necesario reforzar los controles externos e independientes sobre todos los espacios de privación de libertad existentes en Andalucía. Por ello, APDHA propone que el Parlamento Andaluz impulse la creación de un Mecanismo Andaluz para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, integrado en el Defensor del Pueblo Andaluz y coordinado con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Este órgano debería contar con autonomía funcional, recursos suficientes y un equipo multidisciplinar formado por profesionales del derecho, la medicina, la psicología y organizaciones especializadas en derechos humanos. Entre sus funciones deberían encontrarse las visitas periódicas y no anunciadas, las entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad, la inspección de instalaciones y documentación, la formulación de recomendaciones y el seguimiento público de su cumplimiento.

El mecanismo podría actuar directamente en los centros y espacios dependientes de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales, y establecer fórmulas de cooperación con el Defensor del Pueblo estatal para reforzar la supervisión de las prisiones situadas en Andalucía.

“Las torturas y los malos tratos encuentran terreno favorable allí donde existen opacidad, descontrol y ausencia de mecanismos independientes”, concluye APDHA. “El informe del CPT obliga a reaccionar. Ninguna persona puede quedar fuera de la protección de los derechos humanos por encontrarse privada de libertad”.