Joan Busquets, el último maqui vivo, lleva ante la justicia los abusos sufridos durante su encarcelamiento franquista

Joan Busquets Vergés ha emprendido una nueva acción judicial para exigir responsabilidades por los hechos que, según su testimonio, sufrió durante los años que permaneció encarcelado bajo la dictadura franquista.

Busquets, que tiene actualmente 98 años y reside en Francia, ha regresado a Barcelona con motivo de la presentación pública de esta iniciativa. La acción se centra en varios antiguos trabajadores del centro penitenciario de San Miguel de los Reyes, en Valencia, y pone el foco en presuntos episodios de violencia, tortura y desatención sanitaria.

La iniciativa judicial se formalizó el pasado julio ante el Tribunal de Instancia de Valencia número 20. En el procedimiento se identifican varios antiguos responsables del centro penitenciario, entre los que figuran Fernando Arnao García y Agustín Gómez Escolástica, que ocuparon su dirección. También aparecen otros funcionarios y personal del penal identificados por Busquets.

Una vida marcada por la represión

Busquets nació en Barcelona en 1928. Durante la posguerra formó parte de la CNT y, tras un período de exilio en Francia, regresó a Cataluña para incorporarse a la resistencia armada contra la dictadura.

Su actividad guerrillera acabó con su detención a los 20 años. Había participado en una operación destinada a inutilizar diversas infraestructuras eléctricas en Terrassa.

Tras ser juzgado, inicialmente recibió una condena a muerte. Esta pena fue posteriormente sustituida por una condena de prisión que, finalmente, supuso dos décadas de reclusión.

Durante este período pasó quince años en el penal de San Miguel de los Reyes. Es precisamente esa etapa la que centra buena parte de la nueva actuación judicial.

Las consecuencias de una lesión

Entre los episodios descritos en la querella se encuentra el que se produjo a raíz de un intento de fuga. Busquets sufrió una grave fractura en la pierna y denuncia que, posteriormente, no recibió la atención médica que necesitaba.

Según su relato, las consecuencias de esa lesión se prolongaron durante décadas. La patología derivada del accidente acabó teniendo efectos sobre su posterior vida en Francia, donde se le reconoció una situación de invalidez.

La documentación presentada ante los tribunales señala a varios funcionarios y responsables penitenciarios en relación con estos hechos, incluido el personal sanitario del centro.

Reclamación de reparación

La vía judicial iniciada este año tiene como precedente otra iniciativa impulsada por Busquets en el 2024. En esa ocasión solicitó al Estado una compensación económica por los perjuicios derivados de su reclusión.

La cantidad reclamada era de un millón de euros. La petición no prosperó en el marco de la legislación vigente, dado que la Ley de Memoria Democrática no contempla una indemnización de ese tipo. Posteriormente, el procedimiento se ha vuelto a activar con la aportación de nueva documentación.

En ambas iniciativas, Busquets cuenta con el apoyo de la CGT.

Memoria, reparación y justicia

La nueva querella plantea que los hechos denunciados sean examinados también desde la perspectiva del derecho internacional y de la consideración de los crímenes de lesa humanidad y de la tortura.

El procedimiento llega a un contexto en el que diversas iniciativas judiciales relacionadas con la represión franquista han encontrado obstáculos derivados de la interpretación de los plazos de prescripción, la legislación de amnistía y otras cuestiones jurídicas.

Pese a estas dificultades, Busquets mantiene su voluntad de impulsar el reconocimiento de las personas que sufrieron la represión de la dictadura y, en particular, de los combatientes antifranquistas.

Su trayectoria constituye también una reivindicación de la memoria de una generación que, después de la Guerra Civil, siguió oponiéndose al régimen franquista desde la clandestinidad, el exilio y la guerrilla.