Ecologistas en Acción amplía sus alegaciones contra la macroplanta de biometano del Aljarafe con nuevos argumentos técnicos

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un amplio escrito de alegaciones solicitando a la Junta de Andalucía la denegación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de macroplanta de biogás y biometano promovido por AGR Biogas, S.A. en el término municipal de Benacazón, junto al entorno de Doñana.

La organización considera que el expediente presenta importantes deficiencias técnicas, ambientales y jurídicas que impiden acreditar la viabilidad ambiental de una instalación diseñada para tratar 140.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, equivalentes a unas 560 toneladas diarias.

Entre las principales alegaciones figura el incumplimiento del principio de proximidad, recogido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto no identifica el origen real de los residuos ni acredita que exista disponibilidad suficiente de materia prima en el entorno de la planta, lo que hace prever un intenso transporte de residuos desde otros territorios, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, el tráfico pesado y los impactos asociados.

La organización también cuestiona la ausencia de un análisis riguroso de los efectos acumulativos que tendría esta instalación junto a otras plantas de biogás proyectadas en la provincia, así como la falta de un estudio completo sobre las emisiones de olores, las emisiones fugitivas de metano y el balance climático global del proyecto.

Las alegaciones advierten igualmente de los riesgos derivados de la gestión del digestato, principal residuo generado por estas instalaciones. Ecologistas en Acción señala que el expediente no acredita disponer de superficie agrícola suficiente para absorber las más de 310.000 toneladas anuales de digestato previstas, ni incorpora un balance agronómico que garantice que su aplicación no provocará contaminación por nitratos o afecciones a acuíferos y cauces públicos.

Otro de los aspectos destacados hace referencia a la vulnerabilidad del entorno. La parcela limita con el arroyo Pino Enano, se asienta sobre el acuífero Majaberraque y se encuentra próxima a la Cañada del Pozo, en una zona donde la protección de los recursos hídricos adquiere una especial relevancia. Además, el entorno alberga numerosas especies protegidas y la planta se sitúa dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, a escasa distancia de la Reserva de la Biosfera de Doñana y del Corredor Verde del Guadiamar.

Las alegaciones incorporan además nuevas consideraciones relativas al riesgo de accidentes industriales, la ausencia de garantías financieras para asegurar el desmantelamiento de la instalación y la restauración ambiental, la ocupación permanente de suelo agrario fértil y la insuficiente evaluación de la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

Para Ecologistas en Acción, el modelo de macroplantas de biogás basado en la concentración de grandes cantidades de residuos resulta incompatible con una verdadera economía circular y favorece la expansión de la ganadería industrial intensiva.

José Luis Bueno, portavoz de ADTA Ecologistas en Acción, ha señalado que «la transición energética no puede utilizarse para justificar proyectos sobredimensionados que trasladan los impactos ambientales al territorio y a las poblaciones cercanas. Si una planta necesita traer residuos desde largas distancias para ser viable, deja de responder al modelo de proximidad que exige la legislación ambiental».

Bueno ha añadido que «el expediente tampoco demuestra que pueda gestionarse de forma segura el enorme volumen de digestato que se producirá, ni evalúa adecuadamente los riesgos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad o la calidad de vida de la población. No basta con producir biometano; también hay que demostrar que todo el proceso es ambientalmente sostenible».

Ecologistas en Acción recuerda que estas alegaciones se suman a las presentadas por los Ayuntamientos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar y al creciente rechazo vecinal que está despertando el proyecto en distintos municipios del Aljarafe, donde continúa ampliándose la movilización ciudadana en defensa del territorio y del entorno de Doñana.

Por todo ello, la organización solicita a la Junta de Andalucía que deniegue la autorización ambiental del proyecto al considerar que no ha quedado acreditada su compatibilidad con la protección de los recursos naturales, la salud ambiental y los principios que inspiran la normativa europea y estatal sobre economía circular.