Una sentencia pionera reconoce que la sobrecarga y la falta de prevención psicosocial vulneraron derechos fundamentales en el Instituto Nacional de la Seguridad Social
- La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al INSS por incumplir sus obligaciones preventivas ante la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y la ausencia de medidas reales frente a los riesgos psicosociales.

Comunicado
Desde FETAP-CGT queremos expresar nuestro apoyo y reconocimiento a nuestra compañera, afiliada y delegada de CGT, tras una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que estima su recurso y declara que el Instituto Nacional de la Seguridad Social incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en su vertiente psicosocial, vulnerando derechos fundamentales vinculados a la vida, la integridad física y moral.
La sentencia resulta especialmente relevante porque no se limita a analizar una situación individual, sino que pone el foco en un problema estructural que FETAP-CGT viene denunciando desde hace años en numerosos centros de trabajo de las Administraciones Públicas, plantillas insuficientes, cargas de trabajo inasumibles, agendas imposibles, presión permanente sobre el personal y ausencia de medidas preventivas eficaces.
El fallo judicial condena al INSS a adoptar las medidas preventivas correspondientes y a abonar a la trabajadora, funcionaria de carrera, una indemnización de 15.000 euros por daños morales, al entender acreditado el incumplimiento empresarial y la afectación producida por la falta de actuación preventiva frente a los riesgos psicosociales.
Para FETAP-CGT, esta sentencia tiene un valor sindical de primer orden porque confirma varias cuestiones esenciales. En primer lugar, que las Administraciones Públicas también son responsables de proteger la salud laboral de su personal frente a la sobrecarga, el estrés organizativo y la falta de medios. En segundo lugar, que no basta con aprobar planes formales o documentos preventivos si después no se adoptan medidas reales, verificables y eficaces. Y, en tercer lugar, que la falta de plantilla y la organización deficiente del trabajo pueden generar responsabilidad cuando derivan en riesgos psicosociales no evaluados ni corregidos.
La propia resolución destaca que la evaluación de riesgos del centro ya reflejaba una situación de sobrecarga y estrés por carga mental, proponiendo medidas como adaptar los cambios organizativos, informar a la plantilla, formar frente al estrés laboral y realizar una evaluación de riesgos psicosociales adecuada. También subraya que el centro afectado contaba con menos efectivos de los previstos y que la evaluación psicosocial no se realizó hasta que intervino la Inspección de Trabajo.
Esta victoria debe servir como referencia para otros centros de trabajo del INSS, TGSS, SEPE, y el AGE en general, comunidades autónomas, entidades locales y resto del sector público donde se estén reproduciendo los mismos problemas como la falta de personal, incremento de funciones, digitalización mal planificada, atención ciudadana tensionada, agendas saturadas y ausencia de prevención real.
Desde FETAP-CGT exigimos a las Administraciones Públicas que dejen de trasladar sobre las trabajadoras y trabajadores las consecuencias de su mala planificación organizativa. La salud laboral no puede depender del sacrificio individual de las plantillas ni de que el personal aguante ritmos imposibles para sostener servicios públicos debilitados por la falta de medios.
Asimismo, denunciamos que esta compañera ha sido sancionada de empleo y sueldo por parte del INSS, una medida frente a la que FETAP-CGT está llevando su defensa jurídica. Nuestra organización considera inadmisible que quienes denuncian sobrecarga, falta de medios y riesgos para la salud laboral terminen siendo señaladas o castigadas, en lugar de escuchadas y protegidas.
FETAP-CGT seguirá defendiendo a esta compañera y utilizando esta resolución como herramienta sindical y jurídica para exigir evaluaciones psicosociales reales, medidas preventivas efectivas, refuerzo de plantillas y protección frente a cualquier represalia contra quienes defienden unas condiciones de trabajo dignas y unos servicios públicos de calidad.
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